Ideología

Carlos Peña: ideología y procedimiento

«En otras palabras, frente a los resultados que muestran las encuestas respecto de la educación, el Gobierno razona como lo haría la Iglesia frente a los resultados respecto del aborto».

En su columna dominical, Carlos Peña emplea los resultados de la encuesta del Centro de Estudios Públicos para empatar las percepciones de la gente en torno al aborto y sobre el rol del Estado en la educación.

El problema es que entre ambos puntos no hay comparación ni empate: mientras la iglesia católica es portadora de una ideología, el Estado debe garantizar procedimientos. El aborto es materia de salud sanidad pública (hola, Estado) y la regulación educacional es cuestión de política pública (hola, Estado, nuevamente; gusto de verlo).

Por cierto, el gobierno (por completo) y el Poder Legislativo (según la distribución de escaños de la legislatura) concurren a una ideología determinada. Sin embargo, están abocados al desarrollo de políticas públicas que deben cumplir ciertos estándares de legitimidad y de normatividad en torno a compromisos previamente suscritos, por ejemplo, los Derechos Humanos.

Estos estándares son procedimentales. Garantizar el aborto tiene que ver con razones procedimentales tanto de salud sanidad pública como de resguardo del derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, con lo cual las objeciones de conciencia se confinan al ámbito de lo privado (si usted no quiere abortar, no aborte, pero deje a otros hacerlo).

De la misma forma, la existencia de la educación pública es una cuestión procedimental y garantizar su ejercicio sin presiones ni (permítanme el concepto) competencia desleal no es una cuestión ideológica, sino una forma de asegurar el derecho de los ciudadanos de un país a acceder a un elemento que garantice cohesión social e intercambio de valores y principios entre quienes forman parte de las aulas.

El gobierno, en su rol de administrador del Estado, está reivindicando un mejor rol para la educación pública redefiniendo el statu quo, basado en la segregación entre vecinos y clases sociales que se define a partir de la escuela elegida por las familias de los estudiantes. Esto ocasiona un problema cívico (sí, cívico) que debe ser combatido por el Estado, porque –de otra forma– estaríamos profundizando a través de la escuela una faceta de lo peor de lo nuestro: nuestra versión del apartheid.

En consecuencia, las expresiones del rector de la Universidad Diego Portales son equívocas en tanto que ponderan la educación pública como una moral y una ideología, a partir de quienes la proclaman en su discurso público. Sin embargo, Peña pasa de largo del hecho que esta proclama es un instrumento político para un fin cívico, lo cual hace de esta discusión algo muy distinto de lo que efectúa la iglesia católica al fustigar el aborto.

Lo de Carlos Peña es un error basado en su distinción caprichosa entre ideología y procedimiento.

Nota: El cuasi licenciado en ciencias jurídicas (y excompañero de liceo) Nicolás Pavez me ha hecho la precisión conceptual entre «salud pública» y «sanidad pública».

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