Ideología

El más bajo de todos los recursos

Agradezco a Nicolás Pavez Kuncar, cuasi licenciado en ciencias jurídicas de la Universidad de Chile y excompañero de la generación 2004 en el Instituto Nacional, por su colaboración en este artículo. En rigor, este texto le pertenece más a él que a mí.

«El gran fin del Instituto es dar a la patria ciudadanos que la defiendan, la dirijan, la hagan florecer y le den honor».

La célebre frase de fray Camilo Henríquez se convirtió en el mito fundacional del Instituto Nacional. Estas veintitrés palabras expresadas en 1813 representan un orgullo para la memoria del establecimiento y son recordadas desde el primer momento que se pisan los fríos pasillos de Arturo Prat 33.

Sin embargo, el gran fin fue subvertido a través de un recurso de protección acogido en la Corte de Apelaciones por dos votos contra uno. En la resolución, se establece como primer término la abstención «de organizar o llamar a votaciones sobre tomas y paralizaciones de las actividades escolares como así también que se materialicen las mismas».

El mito institutano del «foco de luz», basado en el ejercicio de la ciudadanía, antecede al mito del «liceo de excelencia». El Instituto Nacional valida su fundación a través de la reflexión, no a través del exitismo en el cual se ha convertido: un vulgar gimnasio para entrenar el cerebro en función del número que otorguen las balanzas de las pruebas estandarizadas.

Analizar el proceso que derivó en el recurso de protección nos dice mucho de la ponderación que hacen algunos alumnos y sus apoderados de este mito fundacional.

De partida, el recurso fue presentado a partir de un tono desde el cual se considera la educación un bien de consumo, demandando un suministro permanente del insumo instructivo, reduciendo el legado fundacional al de mero prestador de servicios, como los distribuidos por cañería o por cableado; lo anterior, con el objetivo de que los chicos concentren un resultadismo académico a partir de la cantidad de horas que estos permanezcan sentados en un aula regurgitando conocimiento.

Los apoderados que favorecen al recurso pretenden tener el derecho de disponer de la institución en tanto que clientes de la misma, abordando el establecimiento como un símbolo de estatus, anestesiando las prácticas inherentes a su memoria histórica. Este recurso procura asegurarles a los recurrentes la ilusión y la garantía de la jactancia social de pertenecer al mejor establecimiento público del país, mejor en tanto que resultados; resultados separados, a su vez, del espíritu republicano de la discusión y la deliberación política. Dicho en vulgar, le reclaman al Instituto Nacional las mismas cualidades estéticas esperadas del común de las escuelas subvencionadas: la arbitrariedad discrecional de un director, la verticalidad y la censura, todo justificado cínicamente con el término «disciplina».

Resulta violento confinar el espíritu republicano del Instituto a las cualidades de «disciplina» anteriormente descritas, pues devalúan otras facetas formativas de la educación igualmente relevantes, más cercanas a la formación ciudadana, el «dar a la patria ciudadanos». Y es que los derechos alegados, la forma de presentación, el hecho mismo de recurrir a la Corte denotan este grave descenso en la comprensión del valor del Instituto.

Partamos de la base que, en principio, se invocó previamente a la presentación del recurso la existencia de una violación al derecho a la integridad psíquica, por causa del matonaje escolar que sufrirían los detractores de la toma; aparte de violaciones al derecho a la educación, la libertad de enseñanza y, encima, el derecho de propiedad sobre la educación misma.

Puede que hayan existido problemas con la toma. Puede que haya existido una real ausencia de diálogo que haya hecho imposible una salida política aceptable. Sin embargo, ¿constituye ello argumento suficiente para la invocación pura a la autoridad? A diferencia de lo que sucede con los servicios públicos, la educación constituye un proceso asociado a una comunidad educativa, a la consecución de proyectos y metas comunes, y en último término, al bienestar social, por lo que la apelación a un tercero externo, en vez de recomponer el ambiente, lo destruye irreparablemente, puesto que se asocia a una decisión que constituye pura fuerza.

Para peor, se emplea la fuerza para triunfar de mala manera, en vista de que el grupo recurrente no pudo lograr las mayorías suficientes en el establecimiento para que sus puntos de vista hubieran tenido legitimidad a nivel interno. Sin ir más lejos, el recurso presentado por Francisco Elgueta (en representación de su pupilo y de sus compañeros objetores del discurrir de la deliberación institucional) considera las cuestiones intrínsecas de su minoría dentro del establecimiento como «flagrante vulneración de los derechos de casi la mitad de los estudiantes» (recurso, p. 4). Lo anterior nos lleva a plantear esta inquietud: ¿Acaso para Elgueta y los recurridos la cuestión dejaría de ser una flagrante vulneración si sus posturas ideológicas representaran a más de la mitad de los estudiantes del establecimiento?

Es problemática la voluntad detrás del recurso, ya que estos jóvenes no quieren una solución del verdadero conflicto interno (del cual surgen las expresiones de protesta), sino una que simplemente se avenga con sus intereses particulares. Pese a que, como se dijo anteriormente, el propósito del exitismo institutano es mucho muy posterior a su razón fundacional que tiene que ver más con cuestiones de civilidad.

Lo peor es que el fallo, en vez de asumir que el ejercicio de Elgueta y sus representados consiste en una demostración de fuerza pura contra la deliberación, lo defiende. Y lo defiende incluso por sobre los elementos necesarios del recurso de protección.

TRES ERRORES LEGALES

El fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago adolece de una serie de errores en torno a la comprensión del problema mismo. Los tres puntos centrales en los que el tribunal de alzada yerra se refieren a conceptos elementales del recurso de protección y muestran cómo se ha consolidado una especie de regreso a la década de 1980 en lo que respecta a este medio de emergencia.

El primer punto se refiere a un aspecto técnico, ya que la acción ilegal o arbitraria (es decir, la toma) había cesado antes de la vista de la causa. La jurisprudencia unánime de todas las Cortes entendían que ello implicaba que el recurso perdía oportunidad y desde luego, lo rechazaban. Nuevamente, justo en este caso, la Corte cambia de criterio y entiende que existe un peligro de nuevas tomas por lo que procede a acoger el recurso por una mera corazonada, sin antecedente alguno que justifique este temor, que no aparece demostrado más que a través de un «hecho público y notorio» que escasamente tiene calidad de tal.

El segundo punto, bastante grave, es que se procedió a acoger un recurso de protección sin siquiera hacer alusión o mención de cuáles derechos constitucionales habrían sido privados, perturbados o amenazados por las acciones que se denunciaron. Para que se tenga una referencia, este medio procede únicamente en el caso en que se haya vulnerado un derecho garantizado (básicamente, la Constitución no permite que cualquier derecho fundamental sea base de un recurso y los reduce a un catálogo, precisamente para evitar discusiones de política pública en tribunales). No es por ningún motivo un recurso para todo propósito, por lo cual el trabajo del recurrente es precisamente establecer que ha existido una violación a ese derecho y el recurso se rechaza si no se logra probar este punto.

El fallo no le dedicó ningún considerando a esta situación. En el caso, se alegaron derechos que no tenían protección. No se aplicaron a los casos establecidos en la Constitución o derechamente se torcieron para hacerlos entrar en el recurso: en concordancia con la idea de que la educación es un bien (de consumo), los recurrentes alegaron que había propiedad sobre la educación, como si el aspecto inmaterial de la formación de una persona pudiere ser adquirido en el mercado. Y la Corte, lejos de razonar acerca de esos puntos que son esenciales para el análisis de los recursos, sencillamente los omitió.

El tercer punto, igual de grave que el anterior, es que todo el fundamento del recurso descansa sobre la base de la ilegalidad de las tomas, sin analizar adecuadamente el real problema puesto de relieve a través del recurso: si acaso puede la Corte de Apelaciones intervenir directamente en un conflicto entre particulares acerca de decisiones que son estrictamente políticas.

Los razonamientos de la resolución descansan en pronunciamientos de la época de la dictadura cívico-militar, sin analizarlos ni ponderarlos adecuadamente en su contexto histórico. Resulta evidente para cualquier chileno con algún grado de memoria histórica de las últimas cuatro décadas que los fallos sobre paros, tomas, huelgas de hambre y demás acciones contra el régimen de terror que imperaba en Chile por la década de 1980 estaban políticamente motivados y que, tras largos 24 años de democracia, es imposible tomarlos como auténticas fuentes de derecho en lo que respecta a sus razonamientos.

Lo peor del caso es que el voto disidente, en vez de poner de relieve estos problemas, opta por el camino corto que ha adoptado la Corte de Apelaciones de Santiago para resolver los recursos de protección: ocurra ante la vía ordinaria que corresponda. Esto, que probablemente se debe a que los ingresos por protección han sido copados por los temas de isapres, es sencillamente un regreso inaceptable a la doctrina que dominó los recursos de protección en dictadura. La Corte debe entender que el real sentido de la protección está en ofrecer una solución rápida a problemas relacionados con derechos constitucionales, no en servir de buzón para problemas que debieran ser resueltos por una superintendencia.

EL MÁS BAJO DE TODOS LOS RECURSOS

Todo este proceso ha resultado una cuestión vergonzosa y dolorosa.

A través de un recurso de protección convenientemente presentado, aprovechando la oportunidad y los integrantes de la sala de la Corte, se ha procurado clausurar formas históricas de deliberación, basadas en el propósito fundacional del Instituto Nacional, mismas que han procurado ser el modelo ideal de reflexión y discusión que se espera al interior de cualquier escuela pública, en cuyo seno debería estar acogida la integración y la cohesión social de un país.

Estos recursos se presentan porque existen apoderados y alumnos acusando menoscabo en cuanto a estar impedidos de lograr las mayorías que han habilitado las protestas, marchas, paros y tomas de los últimos años. En lugar de participar dentro de los márgenes de la discusión habilitada al interior del establecimiento, tratando de perseguir la búsqueda de mayorías a través de la persuasión (como se hace en la política noble), deciden cercenar las posibilidades que existen dentro del derecho a deliberar y a manifestarse contra cuanta cuestión consideren injusta, jugando a ser los perros del hortelano.

Este aprovechamiento de la oportunidad para imponer un criterio ideológico está bien lejos de ser el medio neutro que se pretende a través de una acción judicial. Muy por el contrario, resulta ser precisamente el medio adecuado para una imposición sin discusión. Dicho de otro modo, la deliberación resulta una amenaza a la noción totalitaria de «estabilidad» que pareciera alinear a los recurrentes, por lo cual decide expulsarse la formación ciudadana de su tradicional lugar en la educación. (Algo a lo cual los mismos recurrentes pudieron acogerse eventualmente si en algo se sintieran perjudicados.)

A través de una resolución de la Corte de Apelaciones, la frase fundacional de fray Camilo fue expropiada. Deberíamos sentir vergüenza.

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2 thoughts on “El más bajo de todos los recursos

  1. Bastante ridículo lo que se plantea en este artículo, confundir la tradición del Instituto Nacional con el derecho a la manifestación, tomas y libertad de pensamiento es no entender nada.

    Al Instituto nacional van menores de edad lo cuales no tienen atribución alguna para decidir si paralizar las clases, además es sabido que esta formas de expresión son fomentadas por grupos antisistémicos y grupos políticos de corte más extremista como el Partido Comunista para imponer un nuevo ciclo de tomas y protestas que hasta ahora no les ha resultado.

    Se necesitan profundas reformas en educación, pero las tomas y la destrucción de los liceos no es ni será la forma, y ese es el fin del recurso y que afortunadamente esta vez la Corte de Apelaciones tuvo algo de cordura.

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  2. Cordura? Para que haya cordura tenemos que partir del diálogo y la discusión pública. Es sencillamente ridículo que se plantee seriamente que la minoría de edad impide la deliberación política de cualquier forma, como si por arte de magia el cumplir dieciocho años permitiera entender a una persona formada y con dominio de sí misma. Y más absurdo aún es desestimar tomos de la historia del Instituto diciendo que su tradición no se liga a la manifestación y a la libertad de pensamiento (Barros Arana debe estar revolcándose en su tumba, de hecho).

    Acá el problema central es que hay un muy mal fallo que intenta esconder burdamente una comprensión obscena de la educación pública y por lo visto, partidarios de que eso sea de ese modo. Si de verdad le interesa discutir racionalmente (sin miedo a pensar), lea el fallo. No encontrará otras conclusiones que las que aquí se expresan.

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