En boca de muchos

Invocar elitismo para amordazar discusiones

«Es que esas son discusiones de élite».

Esta frase parte de un supuesto: que las discusiones políticas sólo son válidas en la medida que éstas puedan ser comprendidas por la mayor parte de personas posible. De otra forma, son irrelevantes y deben quedar confinadas en el cajón de las «pajas mentales».

Quienes trazan esta frontera del elitismo descalifican la legitimidad de una controversia a partir de una actitud laissez-faire intelectual llevada al paroxismo, según la cual cada persona debe pensar por sí sola al punto de que debe llegar por sí sola a sus propias conclusiones en la medida de las habilidades cognitivas que disponga. Y si no llega la suficiente cantidad de personas a participar de una discusión, ésta se clausura por falta de un cuórum arbitrariamente imaginado.

Pero no. Todos las controversias tienen derecho de ser planteadas. Todos los temas pueden ser pensados más allá de la academia, de una junta de vecinos o de una organización no gubernamental. El planteamiento de una controversia es legítimo, como también lo es convocar a la ciudadanía (sea ésta afectada o no por este problema) a formar parte y a adoptar una opinión.

Sin embargo, como ya se dijo, una persona ajena a una controversia no siempre tendrá las habilidades para descubrir por sí misma la existencia de una controversia en su entorno, pero además es posible que tampoco comprenda necesariamente las raíces sociales y culturales de tal controversia.

Y la carencia de dichas habilidades no debe ser asumida como el rechazo a priori de una persona a involucrarse y a formarse una opinión en una controversia, pues someter la carencia de estas habilidades a parámetros de elección iguala un aspecto político a la misma lógica que determina la popularidad de un programa de televisión según el rating que marca.

Dado que los problemas existen independientemente de que nosotros los percibamos (o bien tengamos conciencia de los mismos), éstos no pueden ser invisibilizados por el solo hecho de que no estén masivamente concienciados. La realidad de nuestro entorno no son facetas elegibles como si ésta se tratara de un producto. El hecho de no prestar atención sobre una faceta de nuestro entorno no hace que esta faceta desaparezca con el tiempo. Y suponerlo invisibiliza la responsabilidad de la educación cívica, ahogada por el supuesto de que la formación ciudadana es adoctrinante.

Además, pensar que los problemas sólo existen cuando se tiene masiva conciencia de éstos lleva consigo una peligrosa idea: que la conciencia se mueve de forma orgánica. Falso. No siempre se tiene la fortuna de descubrir por uno mismo un error dentro de un entorno cuyos usos y costumbres son tenidos por algo natural.

Esa es la función de la educación cívica: difundir a la comunidad la existencia de problemas de los cuales no se tenía previa conciencia, por cuanto eran asumidos como una cuestión natural. Sin ir más lejos, antiguamente, se creía que la mujer era inferior al hombre en dignidad y, más recientemente, se hablaba de lo homosexual como «invertido». Y qué fue si no la educación cívica lo que cambió las percepciones de la ciudadanía.

La conciencia de algo no debe quedar a merced de lo preexistente.

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Ideología

Memoria de la persecución de las ideas

«Se equivocan quienes sostienen que Canal 13 cometió un error al difundir ese reportaje. Los medios tienen derecho (…) a emitir interpretaciones sobre los fenómenos sociales y a alimentar de esa forma el debate público».

El pasado domingo 14, Carlos Peña criticó a los críticos en su columna mercurial. Todo comenzó con un reportaje de Teletrece, a través del cual se buscaba inducir la asociación directa entre los colectivos anarquistas y la violencia contra la policía, coincidentemente el mismo día del bombazo en los locales comerciales junto a la estación de metro Escuela Militar. Para ello, se empleaba musicalización y edición conveniente, reafirmando una tesis por pura inducción y repetición, como si el director general de prensa del grupo 13, Cristián Bofill, quisiera imitar el estilo de Pedro J. Ramírez, el exdirector de El Mundo, conocido por inducir como fuera posible la vinculación de ETA con el 11-M de Madrid (hechos atribuidos por Al-Qaida).

Pues bien, se equivoca el profesor Peña al desconocer la existencia de un error.

En estos momentos, existen grupos políticos que se sienten perjudicados por el sesgo manifiesto de los editores del departamento de prensa de Canal 13. Y se sienten perjudicados porque sus ideas han sido empatadas con el terrorismo, encuadre mediante (es decir, la forma como se presenta la información a través de un medio), en un reportaje cuyas conclusiones se derivan empleando una interpretación cuyos caminos de la narrativa conduzcan a un juicio condenatorio contra una ideología, con el afán de desconfiarla, de desdeñarla y de perseguirla.

Nuestra historia tiene dolorosos antecedentes recientes de persecución por el solo hecho de abrazar y defender una creencia política, sean la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet en 1973 o bien la ley de defensa permanente de la democracia, también conocida como Ley Maldita, sancionada en 1948, durante el gobierno de Gabriel González Videla.

En este último caso, un gobierno sincrónicamente democrático eliminó de los registros electorales a militantes del Partido Comunista, a simpatizantes y a quienquiera se sospechara de su apoyo al comunismo. Asimismo, a sus líderes se les arrestó y/o relegó. En general, se les prohibió cualquier posibilidad de deliberación ideológica.

Este fue el primer gran amedrentamiento manifiesto de anticomunismo. Habido el Estado puesto la vara de la persecución de una ideología, paulatinamente, el anticomunismo militante consideró legítimo neutralizar desde la oficialidad a la amenaza por todos los medios posibles, siendo el momento cúlmine la mañana de un 11 de septiembre de 1973, día cuando se inaugura un periodo de persecución, castigo y exterminio arbitrario por el solo hecho de tener un pensamiento político.

Pues bien, la libertad de expresión limita con la memoria histórica.

¿Qué significa lo anterior? En vista de un vergonzoso legado de persecución ideológica, cuyos resultados son conocidos, no puede sino ser ofensivo emplear dichos o expresiones que reivindiquen incitaciones al odio, a la persecución y a la discriminación, sobre el prejuicio de un otro a quien se le acusa de romper un orden, motivo por el cual merece (por la sola proclama) ser despojado de sus libertades civiles, como si su propia disidencia dentro de un espacio público no importara (si fuera por eso, eliminemos todos los disensos por ser subversivos en sí mismos).

Un medio de comunicación no puede vender de forma tan leve, cual fuera una mera «interpretación sobre los fenómenos sociales», semejante amedrentamiento hacia una ideología. Contrariamente a lo indicado por el rector de la Universidad Diego Portales, no se trata de invocar «un derecho a un trato reverencial» hacia los anarquistas (o cuanto quiera agruparse tras tal denominación): detrás de los exhortos a la moderación editorial de Canal 13, existe un llamado a la no criminalización de una idea.

La mejor forma de «alimentar el debate público» es haciéndolo a partir de la reflexión en torno a nuestra memoria. No solamente deben provocarnos dolor las torturas y las muertes del pasado, sino también el germen del exterminio: las persecuciones ideológicas que siguen latentes hasta el día de hoy.

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En boca de muchos

La humillación del comunicado

Luego del atentado al centro comercial junto a la estación de metro Escuela Militar, empezaron a difundirse sucesivamente los comunicados de prensa de los diferentes partidos, grupos políticos y organizaciones manifestando su repudio al atentado.

Ya se está haciendo un hábito la profusa emisión de comunicados de prensa de repudio en cuanto ocurre algún hecho de violencia con presuntas bases ideológicas (casi siempre, de izquierda).

El problema no está en que una organización exprese su repudio. El problema está en el ambiente que conduce a ese comunicado: pareciera que hay movimientos (casi siempre, a organizaciones más allegadas a la izquierda) forzados por la fuerza de la opinión pública a emitir dicho repudio. Pareciera que el comunicado no busca informar el repudio, sino informar ante los medios de comunicación un desmentido. Como si el responsable del atentado estuviera ubicado entre quienes no publicaron su comunicado, mediante eliminación de sospechosos.

Como si no sonara lo suficientemente humillante, el comunicado debe emitirse lo más rápido posible, como si se tratara de un control preventivo de daños, para llegar primero a decir «lo repudiamos, ¡pero yo no fui!» La idea es no pagar el precio de quedar como apologistas por la idea de abstenerse de divulgar el repudio.

Para peor, el repudio debe ser expresado de forma simplona. Es imperativo decir «categórico rechazo», para no quedar entrampado en los matices. Porque el mensaje debe estar desprovisto de matices: lo más blanco posible, pues cualquier gris implica una mancha de negro.

En consecuencia, en momentos como estos, no se puede hablar de las razones de la violencia. Cualquier expresión contextual de la realidad cultural pasa a ser acusada ex ante de relativización del hecho sobre el cual se informa el repudio.

Y no pareciera cuestionarse por qué se ha naturalizado un discurso de repudio desprovisto de cualquier contextualización. No pareciera tenerse en cuenta que el repudio unívoco (como si todos los comunicados tuvieran que decir exactamente lo mismo) resulta totalitario.

Pareciera que discutir estos parámetros de repudio unívoco es una subversión (!), subversión que entorpece la comprensión del espacio público en el cual estamos. Y no. No es una subversión, sino denunciar una censura, pues las posibilidades del espacio público resultan ser más amplias que las de un simple «rechazo sin matices».

Simplificar hasta estos puntos la comunicación infantiliza a la ciudadanía.

Mientras más unívocos sean los planteamientos que fundamentan cada repudio, más se está avalando a una visión hegemónica y más se invisibilizan las complejidades detrás de una acción política controvertible.

En lugar de que los comunicados ofrezcan a los ciudadanos explicaciones de la realidad, ofrecen reduccionismos y caricaturas. Quienes están más a la izquierda, parecieran estar presionados por las fuerzas ubicadas más hacia la derecha, como si estas últimas estuvieran esperando cualquier posibilidad para acusar a sus contrapartes de ayudistas de un discurso violentista y terrorista.

Cada comunicado de repudio debe estar en la medida de las convicciones ideológicas de cada organización. Y los matices que cada organización proponga deben explicar a la ciudadanía por qué las cosas no son tan simples como parecieran ser. Y las contrapartes no deben usar estas explicaciones como una relativización de la violencia, sino como una fundamentación de las razones que nos conducen a la violencia. Las contrapartes, además, deberán evitar colaborar con la simplonería política, por lo cual les tocará abstenerse de calificar a estas explicaciones como apología de la violencia, pues eso no es más que una torcedura de la realidad convenientemente mañosa.

Es necesario que las expresiones de repudio incorporen mejores razones. Las ideologías no pueden sufrir la microagresión del prejuicio de la comunidad, alimentada por sectores más reaccionarios.

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La oposición social

Recuerden en los tiempos cuando Pablo Longueira era el candidato de la UDI a las primarias presidenciales (antes de renunciar; después de que la opción a La Moneda de Laurence Golborne se volviera inviable, tras las cuentas detectadas en un paraíso fiscal). Entonces, el exministro de Desarrollo Social Joaquín Lavín declaraba la razón por la cual Longueira era mejor que Andrés Allamand.

«Allamand apunta al centro político, en cambio Pablo apunta al centro social».

Los dos son el «centro». ¿Pero de qué se habla cuando se habla del «centro»? Se habla, primero, de la vocación aglomerante que habita las mentes de nuestros políticos más conservadores; segundo, de ubicar a través de un lugar en el espectro político el «sentido común», «el justo medio». El autoproclamado «centro» instrumentaliza el eje izquierda/derecha para definir una polaridad alternativa, como si dicho «centro» fuera el prisma desde el cual se descomponen los colores de las variaciones ideológicas. En consecuencia, los autoproclamados pueden perfectamente entroncar el «conservadurismo» con cuestiones de «neutralidad» (ejem, El Ladrillo), «objetividad» y «racionalidad».

Ahora bien, los mismos autores de esta cómoda y privilegiada posición en el espectro político han inaugurado un nuevo concepto: «la oposición social».  Esta expresión surgió en un seminario ocurrido el lunes pasado en el antiguo Congreso Nacional de Santiago, en el cual participaban principalmente figuras vinculadas a la Alianza y, particularmente, a la Unión Demócrata Independiente.

¿Qué quiere decir la invocación a lo «social»? Recurriendo a Lavín-hablando-de-Longueira, lo «social» es una oposición a lo «político». Nuevamente, una polaridad artificial levantada por los prismas arrogados. ¿En qué consiste esta polaridad? En que lo «político» es algo desconectado de lo «social». Lo «político» sería la discusión técnica, de cuya ocupación deben hacerse cargo «los expertos», voto de confianza (ciega y permanente) mediante de la comunidad; mientras tanto, lo «social» se trata de lo comunitario y lo doméstico. En consecuencia, en el lexicon aliancista, lo «social» se reduce a la búsqueda de la empatía forzada como procedimiento burocrático.

Precisamente, esta férrea delimitación los dejó perplejos.

Expresiones como «oposición social» no significan tanto por lo que afirman, sino por lo que niegan. Esta enunciación esconde la sorpresa de los líderes opositores al ver a «la gente» preocupada de «lo político», de esas cosas más complicadas cuyas decisiones solían dejar a la determinación y confinamiento de «los expertos». Como si les sorprendiera la existencia de un electorado más allá de las dádivas de campaña y el clientelismo. Como si les sorprendiera la posibilidad de organizarse en cuanto se tiene conciencia de horizontalidad. Como si les sorprendiera una organización social como la CONFEPA (cuyo ruido, en todo caso, ha perdido bastantes decibeles conforme han pasado las semanas), defendiendo los ideales de derecha.

Volviendo a la perplejidad, surge una pregunta: ¿Acaso, hasta ahora, jamás habían visto a la ciudadanía como un par? ¿Por eso están sorprendidos?

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Ideología

Patricio Melero y la soberanía relativa

Estas son dos frases dichas por el diputado y expresidente de la Unión Demócrata Independiente Patricio Melero, publicadas en el diario Pulso en la edición de hoy jueves 11 de septiembre, a propósito de los 41 años del golpe de Estado que instauró la dictadura militar de Augusto Pinochet.

UNO:

«Siempre vamos a defender la legitimidad de la intervención militar en Chile, tal como lo representó la Cámara de Diputados, la Corte Suprema, el Colegio de Abogados y una inmensa mayoría de los ciudadanos como único camino para salir del quebrantamiento de la paz social al que había llevado la Unidad Popular, muy distinto es que nosotros no dejemos de condenar con toda la energía y fuerza las violaciones a los derechos humanos».

El primer punto para considerar en este enunciado tiene que ver con «la legitimidad de la intervención (sic) militar». Es decir, a través de esta unidad, Patricio Melero considera razonable la posibilidad de que las posibilidades políticas sean emanadas por agentes externos ajenos a la soberanía popular y los canales propios de ésta para proponer una alternativa. Derivado de lo anterior, el apego a la democracia electoral y el respeto a la institucionalidad (de nuevo) emanada por la ciudadanía pueden ser clausurados de forma unilateral y arbitraria.

Para garantizar el dicho previamente señalado, Melero usa de aval la existencia de una «inmensa mayoría de ciudadanos», además de presentar las objeciones de los componentes de dos poderes del Estado y de un ente colegiado. Lo primero, para reivindicar en su enunciación a la soberanía popular, aunque le despoje sus derechos inherentes. Lo segundo, para procurar concederle un tono de «institucionalidad» a su punto de vista, proveyéndoles a los entes señalados una visión tecnificante de sapiencia, de nuevo, superior a la soberanía popular.

La cita a «la inmensa mayoría» y la cita en torno a los referentes de institucionalidad son ambas una aglomeración seleccionada de elementos tendientes a favorecer la postura propuesta por el diputado UDI, es decir, un caso de cherry picking, también conocido como falacia de la supresión de pruebas.

Esta falacia, encima, recurre a otra falacia: el argumento ad populum, toda vez que concede «legitimidad» a la «intervención» (sic) bajo el supuesto de que una mayoría la pide. No obstante, esa mayoría fue delineada previamente por la cabeza del propio Melero, en su propia creación de significantes.

La soberanía, digamos, inducida de esta «intervención» (sic) es propuesta por el expresidente de la UDI como el «único camino para salir del quebrantamiento de la paz social».

En cuanto al «único camino», éste es automáticamente controvertible, por cuanto Melero mismo se abstiene de contemplar otras alternativas dentro de los márgenes institucionales existentes en aquel momento. En consecuencia, no es que sea en estricto sentido el «único camino», sino que es el «único camino» que el congresista considera particularmente razonable, en vista de la posibilidad de otras alternativas: pujar por la convocatoria a un plebiscito revocatorio, por ejemplo. ¿Por qué no resulta concebible para Melero la idea de haberle pedido a esa «inmensa mayoría» a dar cuenta de su condición de tal?

Por otra parte, el «quebrantamiento de la paz social» es una entelequia. Esencialmente, la «paz social» defendida por el gremialista es un concepto vacío. ¿Qué es la «paz social»? ¿Existe algún ordenamiento institucional en torno a este concepto? Pues bien, no hay tal «paz social»: no es algo que haya sido delimitado ni reconocido por el adversario como una cuestión procedimental, pues sólo se trata de otra cuestión previamente delineada por el campo de significantes de Melero.

En vista de estas carencias, se puede establecer que el diputado plantea este concepto vacío para definir su postura a través de éste, con el objetivo de acusar al otro de una imputación que él mismo prescribe arbitrariamente. Para peor, el diputado olvida que la paz se procura con un otro, de modo tal que éste se sienta reconocido en igual dignidad; por el contrario, cuando esta paz se procura contra un otro (como ocurrió en la dictadura cívico-militar), es una forma de domesticación de la soberanía a través de la pacificación.

Melero cierra su enunciado proponiendo una separación entre el golpe de Estado y las violaciones a los derechos humanos. El error: no se trata solamente de condenar las violaciones a los derechos humanos, sino la razón por la cual éstas son perpetradas.

El golpe de Estado surgió como un movimiento cívico-militar tendiente a acabar con un gobierno democráticamente elegido e institucionalmente validado por un periodo delimitado. Asimismo, este movimiento pasó por encima de las posibles alternativas de soberanía popular (entiéndase plebiscito o afines) que pudieron haberse empleado para dirimir de forma pacífica e irrevocable la controversia en torno a la legitimidad del mandato de Salvador Allende. Además, el golpe clausuró los espacios de deliberación en donde se desenvuelven los ciudadanos, sean sindicatos, centros de estudiantes o el mismo Congreso Nacional.

Los actos señalados procuraban neutralizar arbitrariamente (valga la redundancia) una ideología, a través de su criminalización. Se pretendió establecer una autoafirmada «paz social» por medio de la negación, la opresión y la persecución del adversario, devenido en enemigo. Todo lo anterior terminó convertido en violaciones a los derechos humanos.

Resulta cómoda para Melero la separación entre el golpe y las violaciones a los derechos humanos, pues separa mediante la oportunidad que dan los años pasados el daño colateral derivado del incidente que avala.

 

DOS:

«Imposiciones totalitarias de una minoría sobre una inmensa mayoría, como ocurrió con la Unidad Popular, no deben volver a ocurrir, como tampoco la necesidad de tener que recurrir a las Fuerzas Armadas».

Como en el punto previo, el gremialista vuelve a invocar las inmensas mayorías. Esta vez, contrapuestas a «imposiciones totalitarias de una minoría». Melero sigue fallando en cuanto a afirmar una situación (la existencia de una mayoría) que no fue objetivamente comprobada dentro de los parámetros de soberanía popular estipulados institucionalmente. No hubo elecciones cuyos resultados pudieran comprobar el supuesto de la existencia de «una minoría» avasallando a una «inmensa mayoría».

Aparte de lo anterior, el diputado nos lleva a un dilema que se plantea subyacente en su enunciado: ¿Cuánto dura la legitimidad de una autoridad o la de un gobierno elegido popularmente? ¿La legitimidad emana de su elección y su mandato debe respetarse hasta el término de éste o bien la legitimidad es algo que la autoridad debe actualizar día a día? La primera posibilidad se aviene mejor con los regímenes presidencialistas; la segunda, con los regímenes parlamentarios. Sin embargo, los regímenes presidencialistas no pueden soportar autoridades severamente cuestionadas: independientemente de los motivos que los llevaron al agujero del desdén, desde Richard Nixon en Estados Unidos hasta Fernando de la Rúa en Argentina; incluso François Hollande, cuya escasa popularidad lleva a una mayoría de los franceses a pensar en la conveniencia de que el presidente socialista concluya su mandato de forma anticipada.

Si concedemos que las «imposiciones totalitarias de una minoría» son controvertibles en sí mismas y que éstas «no deben ocurrir», entonces, la lógica del diputado se allegaría con la forma como los regímenes parlamentarios estiman la legitimidad de una autoridad. Debido a lo anterior, la controversia hacia el gobierno de Sebastián Piñera en el invierno de 2011 (quince meses después de haber asumido), acaecida por la impopularidad hacia su figura y hacia los cuestionamientos en torno a las medidas con las cuales buscaba solucionar los conflictos sociales, debería haberse acabado con la renuncia de Piñera. Sin embargo, la figura UDI nunca propuso el término anticipado del gobierno anterior.

Mientras la legitimidad sea delineada de forma oportunista y fluctuante, el punto de vista esgrimido en nombre de la legitimidad perderá peso, por cuanto la legitimidad quedará amarrada a la conveniencia de quien sea el sujeto o la cuestión en controversia. Y Melero prefiere perder peso.

Como si lo anterior no bastara, el congresista aún estima como una cuestión factible el «recurrir a las Fuerzas Armadas», sobre la lógica de que «A no debe ocurrir para que no ocurra B», estimando B como una posibilidad higiénica. Pero las Fuerzas Armadas no son una posibilidad higiénica de la autodeterminación. La sola idea de concebirlo implica validar la clausura de la democracia electoral y de su institucionalidad por fines arbitrarios y confiscatorios de la deliberación ideológica, tal como se indica al inicio de este artículo.

Para peor, Patricio Melero considera razonable la invocación a las Fuerzas Armadas con respecto a un otro adversario, de modo tal que el diputado se concibe a sí mismo como portador de una visión superior (y más razonable) que las de un otro adversario. Él se ve a sí mismo como alguien con la estatura moral para poder prescribir un concepto de democracia antojadizo que sobrepasa a la soberanía popular y con un delineamiento arbitrario de ideologías que son estimadas admisibles.

Melero aún estima que la deliberación política puede ser clausurada. Melero aún desconfía de la soberanía popular y se siente por encima de ella, delimitando unilateralmente la expiración del ejercicio de la autodeterminación. Melero aún avala las Fuerzas Armadas como un ente deliberante, a pesar de las consecuencias aprehendidas mediante la memoria histórica. En 2014, siendo 11 de septiembre, Melero aún relativiza la soberanía.

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Ideología

Una alternativa que son dos

Estas son dos preguntas de la encuesta Cadem Plaza Pública que se divulga semanalmente.

  • «En general, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con el proyecto de reforma tributaria?»
  • «En general, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con la reforma a la educación del gobierno?»

Las alternativas son «de acuerdo» y «en desacuerdo». No hay más.

Pero hay un problema. El desacuerdo puede provenir por dos razones diferentes: porque se está en desacuerdo con que exista una reforma o bien porque la reforma no es lo suficientemente exhaustiva. Y es grave, pues una encuesta de opinión pública (instrumento que debería medir sensaciones de la opinión pública) debería delimitar de forma más precisa las percepciones de la ciudadanía en torno a un tema.

El desacuerdo, así planteado, desconoce las dos oposiciones planteadas, mismas que son las dos oposiciones al gobierno de Michelle Bachelet. La omisión de la encuesta, sea deliberada o accidental, pareciera afirmar y reafirmar que el desacuerdo sólo estriba en la oposición a cualquier reforma. Además, existen partes interesadas que procurarán agrupar en los números del desacuerdo al interés derechista en cuanto a que no ojalá no existiera ninguna reforma. Y eso es falso. Y, además, engañoso, pues invisibiliza a quienes rechazan las reformas por no ser suficientes, a quienes no se sienten representados por la repentina moderación del gobierno.

El sondeo Cadem Plaza Pública debería revisar la formulación de las alternativas de estas preguntas si no quiere favorecer un sesgo ideológico.

 

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Ideología

Reaccionar como un cuerpo

«La economía responde con celeridad a las señales, las buenas y las malas».

Estas fueron las últimas palabras de la columna quincenal del economista y exministro del gobierno anterior Juan Andrés Fontaine. Fontaine se hizo conocido estos días, junto con su hermano Bernardo, por haber participado en la famosa «cocina» de la reforma tributaria.

Ordenemos este enunciado en lo que es conocido como el esquema oracional básico: «Alguien responde a algo así». «Alguien», el sujeto, la economía. El «algo», las señales, entendidas como estímulos. Y «así», el modo, refiere a la celeridad.

Pues bien, la respuesta a un estímulo varía según la complejidad de cuanto se estimule. Mientras más complejo, más demorará en reaccionar. Si se trata de una cuestión social, en la cual muchos intereses están en juego, las partes que se sientan más beneficiadas por un estímulo estarán más dispuestas a reaccionar que las partes que se sientan perjudicadas por éste. Menuda perogrullada.

Si un ente responde con celeridad, debe ser porque su complejidad es menor. ¿Qué puede ser lo más simple? Un sistema con menos implicancias. Un sistema orgánico. ¿Entonces? En vista de la celeridad, quizá el estímulo provoca una reacción orgánica, como si se tratara de un cuerpo humano, cuyos esfínteres no requieren de una tercera persona para su funcionamiento. La celeridad depende de cuán simplificado sea un sistema.

Si la economía reacciona con celeridad, en consecuencia, reacciona como un cuerpo, reacciona en simplificado. Reacciona mediante decisiones en formateado, a través de un encadenamiento de pensamiento entre ideología, teoría y práctica que funcionan en estricta sincronía y unanimidad: elemental corporativismo.

Lo anterior, lleva consigo un conflicto. La economía (entendida como un cuerpo, reinterpretando la frase de Fontaine) debe rendir cuenta de sus cualidades unificadas y estandarizadas en un espacio público donde existen posiciones en controversia y donde existe la posibilidad de disentir. Si la economía corporativista reacciona en un disenso neutralizado, queda una inquietud implícita: ¿El espacio público debe rendirse ante la unanimidad del sujeto economía y supeditar sus decisiones en torno a esa unanimidad o bien controvertir su unanimidad y exhortar al sujeto a que participe de las controversias que existen afuera de su ecosistema normalizado?

En la primera alternativa, la proclamada por Fontaine y sus adláteres, el espacio público debe supeditarse al sujeto economía y la política debe operar desde la economía. En la segunda, la economía debe moldearse en función de la política y la economía debe funcionar desde el espacio público. Sin embargo, la economía forma parte del espacio público, por lo cual estas dos alternativas representan un falso dilema, pues la primera alternativa funciona como una aduana del pensamiento y la deliberación política, clausurando debates que se consideren unilateralmente extemporáneos a la técnica del sujeto economía (es decir, a su normalización, a su ethos corporativista).

La celeridad no se lleva bien con las divergencias políticas. ¿Cuántas discusiones nos ahorramos en el allanamiento de un fast track para el sujeto economía? ¿Cuántas posturas quedan aisladas en virtud de complacer a pareceres unificantes? ¿Es razonable ahorrarse discusiones?

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