Ideología

Memoria de la persecución de las ideas

«Se equivocan quienes sostienen que Canal 13 cometió un error al difundir ese reportaje. Los medios tienen derecho (…) a emitir interpretaciones sobre los fenómenos sociales y a alimentar de esa forma el debate público».

El pasado domingo 14, Carlos Peña criticó a los críticos en su columna mercurial. Todo comenzó con un reportaje de Teletrece, a través del cual se buscaba inducir la asociación directa entre los colectivos anarquistas y la violencia contra la policía, coincidentemente el mismo día del bombazo en los locales comerciales junto a la estación de metro Escuela Militar. Para ello, se empleaba musicalización y edición conveniente, reafirmando una tesis por pura inducción y repetición, como si el director general de prensa del grupo 13, Cristián Bofill, quisiera imitar el estilo de Pedro J. Ramírez, el exdirector de El Mundo, conocido por inducir como fuera posible la vinculación de ETA con el 11-M de Madrid (hechos atribuidos por Al-Qaida).

Pues bien, se equivoca el profesor Peña al desconocer la existencia de un error.

En estos momentos, existen grupos políticos que se sienten perjudicados por el sesgo manifiesto de los editores del departamento de prensa de Canal 13. Y se sienten perjudicados porque sus ideas han sido empatadas con el terrorismo, encuadre mediante (es decir, la forma como se presenta la información a través de un medio), en un reportaje cuyas conclusiones se derivan empleando una interpretación cuyos caminos de la narrativa conduzcan a un juicio condenatorio contra una ideología, con el afán de desconfiarla, de desdeñarla y de perseguirla.

Nuestra historia tiene dolorosos antecedentes recientes de persecución por el solo hecho de abrazar y defender una creencia política, sean la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet en 1973 o bien la ley de defensa permanente de la democracia, también conocida como Ley Maldita, sancionada en 1948, durante el gobierno de Gabriel González Videla.

En este último caso, un gobierno sincrónicamente democrático eliminó de los registros electorales a militantes del Partido Comunista, a simpatizantes y a quienquiera se sospechara de su apoyo al comunismo. Asimismo, a sus líderes se les arrestó y/o relegó. En general, se les prohibió cualquier posibilidad de deliberación ideológica.

Este fue el primer gran amedrentamiento manifiesto de anticomunismo. Habido el Estado puesto la vara de la persecución de una ideología, paulatinamente, el anticomunismo militante consideró legítimo neutralizar desde la oficialidad a la amenaza por todos los medios posibles, siendo el momento cúlmine la mañana de un 11 de septiembre de 1973, día cuando se inaugura un periodo de persecución, castigo y exterminio arbitrario por el solo hecho de tener un pensamiento político.

Pues bien, la libertad de expresión limita con la memoria histórica.

¿Qué significa lo anterior? En vista de un vergonzoso legado de persecución ideológica, cuyos resultados son conocidos, no puede sino ser ofensivo emplear dichos o expresiones que reivindiquen incitaciones al odio, a la persecución y a la discriminación, sobre el prejuicio de un otro a quien se le acusa de romper un orden, motivo por el cual merece (por la sola proclama) ser despojado de sus libertades civiles, como si su propia disidencia dentro de un espacio público no importara (si fuera por eso, eliminemos todos los disensos por ser subversivos en sí mismos).

Un medio de comunicación no puede vender de forma tan leve, cual fuera una mera «interpretación sobre los fenómenos sociales», semejante amedrentamiento hacia una ideología. Contrariamente a lo indicado por el rector de la Universidad Diego Portales, no se trata de invocar «un derecho a un trato reverencial» hacia los anarquistas (o cuanto quiera agruparse tras tal denominación): detrás de los exhortos a la moderación editorial de Canal 13, existe un llamado a la no criminalización de una idea.

La mejor forma de «alimentar el debate público» es haciéndolo a partir de la reflexión en torno a nuestra memoria. No solamente deben provocarnos dolor las torturas y las muertes del pasado, sino también el germen del exterminio: las persecuciones ideológicas que siguen latentes hasta el día de hoy.

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Ideología

Patricio Melero y la soberanía relativa

Estas son dos frases dichas por el diputado y expresidente de la Unión Demócrata Independiente Patricio Melero, publicadas en el diario Pulso en la edición de hoy jueves 11 de septiembre, a propósito de los 41 años del golpe de Estado que instauró la dictadura militar de Augusto Pinochet.

UNO:

«Siempre vamos a defender la legitimidad de la intervención militar en Chile, tal como lo representó la Cámara de Diputados, la Corte Suprema, el Colegio de Abogados y una inmensa mayoría de los ciudadanos como único camino para salir del quebrantamiento de la paz social al que había llevado la Unidad Popular, muy distinto es que nosotros no dejemos de condenar con toda la energía y fuerza las violaciones a los derechos humanos».

El primer punto para considerar en este enunciado tiene que ver con «la legitimidad de la intervención (sic) militar». Es decir, a través de esta unidad, Patricio Melero considera razonable la posibilidad de que las posibilidades políticas sean emanadas por agentes externos ajenos a la soberanía popular y los canales propios de ésta para proponer una alternativa. Derivado de lo anterior, el apego a la democracia electoral y el respeto a la institucionalidad (de nuevo) emanada por la ciudadanía pueden ser clausurados de forma unilateral y arbitraria.

Para garantizar el dicho previamente señalado, Melero usa de aval la existencia de una «inmensa mayoría de ciudadanos», además de presentar las objeciones de los componentes de dos poderes del Estado y de un ente colegiado. Lo primero, para reivindicar en su enunciación a la soberanía popular, aunque le despoje sus derechos inherentes. Lo segundo, para procurar concederle un tono de «institucionalidad» a su punto de vista, proveyéndoles a los entes señalados una visión tecnificante de sapiencia, de nuevo, superior a la soberanía popular.

La cita a «la inmensa mayoría» y la cita en torno a los referentes de institucionalidad son ambas una aglomeración seleccionada de elementos tendientes a favorecer la postura propuesta por el diputado UDI, es decir, un caso de cherry picking, también conocido como falacia de la supresión de pruebas.

Esta falacia, encima, recurre a otra falacia: el argumento ad populum, toda vez que concede «legitimidad» a la «intervención» (sic) bajo el supuesto de que una mayoría la pide. No obstante, esa mayoría fue delineada previamente por la cabeza del propio Melero, en su propia creación de significantes.

La soberanía, digamos, inducida de esta «intervención» (sic) es propuesta por el expresidente de la UDI como el «único camino para salir del quebrantamiento de la paz social».

En cuanto al «único camino», éste es automáticamente controvertible, por cuanto Melero mismo se abstiene de contemplar otras alternativas dentro de los márgenes institucionales existentes en aquel momento. En consecuencia, no es que sea en estricto sentido el «único camino», sino que es el «único camino» que el congresista considera particularmente razonable, en vista de la posibilidad de otras alternativas: pujar por la convocatoria a un plebiscito revocatorio, por ejemplo. ¿Por qué no resulta concebible para Melero la idea de haberle pedido a esa «inmensa mayoría» a dar cuenta de su condición de tal?

Por otra parte, el «quebrantamiento de la paz social» es una entelequia. Esencialmente, la «paz social» defendida por el gremialista es un concepto vacío. ¿Qué es la «paz social»? ¿Existe algún ordenamiento institucional en torno a este concepto? Pues bien, no hay tal «paz social»: no es algo que haya sido delimitado ni reconocido por el adversario como una cuestión procedimental, pues sólo se trata de otra cuestión previamente delineada por el campo de significantes de Melero.

En vista de estas carencias, se puede establecer que el diputado plantea este concepto vacío para definir su postura a través de éste, con el objetivo de acusar al otro de una imputación que él mismo prescribe arbitrariamente. Para peor, el diputado olvida que la paz se procura con un otro, de modo tal que éste se sienta reconocido en igual dignidad; por el contrario, cuando esta paz se procura contra un otro (como ocurrió en la dictadura cívico-militar), es una forma de domesticación de la soberanía a través de la pacificación.

Melero cierra su enunciado proponiendo una separación entre el golpe de Estado y las violaciones a los derechos humanos. El error: no se trata solamente de condenar las violaciones a los derechos humanos, sino la razón por la cual éstas son perpetradas.

El golpe de Estado surgió como un movimiento cívico-militar tendiente a acabar con un gobierno democráticamente elegido e institucionalmente validado por un periodo delimitado. Asimismo, este movimiento pasó por encima de las posibles alternativas de soberanía popular (entiéndase plebiscito o afines) que pudieron haberse empleado para dirimir de forma pacífica e irrevocable la controversia en torno a la legitimidad del mandato de Salvador Allende. Además, el golpe clausuró los espacios de deliberación en donde se desenvuelven los ciudadanos, sean sindicatos, centros de estudiantes o el mismo Congreso Nacional.

Los actos señalados procuraban neutralizar arbitrariamente (valga la redundancia) una ideología, a través de su criminalización. Se pretendió establecer una autoafirmada «paz social» por medio de la negación, la opresión y la persecución del adversario, devenido en enemigo. Todo lo anterior terminó convertido en violaciones a los derechos humanos.

Resulta cómoda para Melero la separación entre el golpe y las violaciones a los derechos humanos, pues separa mediante la oportunidad que dan los años pasados el daño colateral derivado del incidente que avala.

 

DOS:

«Imposiciones totalitarias de una minoría sobre una inmensa mayoría, como ocurrió con la Unidad Popular, no deben volver a ocurrir, como tampoco la necesidad de tener que recurrir a las Fuerzas Armadas».

Como en el punto previo, el gremialista vuelve a invocar las inmensas mayorías. Esta vez, contrapuestas a «imposiciones totalitarias de una minoría». Melero sigue fallando en cuanto a afirmar una situación (la existencia de una mayoría) que no fue objetivamente comprobada dentro de los parámetros de soberanía popular estipulados institucionalmente. No hubo elecciones cuyos resultados pudieran comprobar el supuesto de la existencia de «una minoría» avasallando a una «inmensa mayoría».

Aparte de lo anterior, el diputado nos lleva a un dilema que se plantea subyacente en su enunciado: ¿Cuánto dura la legitimidad de una autoridad o la de un gobierno elegido popularmente? ¿La legitimidad emana de su elección y su mandato debe respetarse hasta el término de éste o bien la legitimidad es algo que la autoridad debe actualizar día a día? La primera posibilidad se aviene mejor con los regímenes presidencialistas; la segunda, con los regímenes parlamentarios. Sin embargo, los regímenes presidencialistas no pueden soportar autoridades severamente cuestionadas: independientemente de los motivos que los llevaron al agujero del desdén, desde Richard Nixon en Estados Unidos hasta Fernando de la Rúa en Argentina; incluso François Hollande, cuya escasa popularidad lleva a una mayoría de los franceses a pensar en la conveniencia de que el presidente socialista concluya su mandato de forma anticipada.

Si concedemos que las «imposiciones totalitarias de una minoría» son controvertibles en sí mismas y que éstas «no deben ocurrir», entonces, la lógica del diputado se allegaría con la forma como los regímenes parlamentarios estiman la legitimidad de una autoridad. Debido a lo anterior, la controversia hacia el gobierno de Sebastián Piñera en el invierno de 2011 (quince meses después de haber asumido), acaecida por la impopularidad hacia su figura y hacia los cuestionamientos en torno a las medidas con las cuales buscaba solucionar los conflictos sociales, debería haberse acabado con la renuncia de Piñera. Sin embargo, la figura UDI nunca propuso el término anticipado del gobierno anterior.

Mientras la legitimidad sea delineada de forma oportunista y fluctuante, el punto de vista esgrimido en nombre de la legitimidad perderá peso, por cuanto la legitimidad quedará amarrada a la conveniencia de quien sea el sujeto o la cuestión en controversia. Y Melero prefiere perder peso.

Como si lo anterior no bastara, el congresista aún estima como una cuestión factible el «recurrir a las Fuerzas Armadas», sobre la lógica de que «A no debe ocurrir para que no ocurra B», estimando B como una posibilidad higiénica. Pero las Fuerzas Armadas no son una posibilidad higiénica de la autodeterminación. La sola idea de concebirlo implica validar la clausura de la democracia electoral y de su institucionalidad por fines arbitrarios y confiscatorios de la deliberación ideológica, tal como se indica al inicio de este artículo.

Para peor, Patricio Melero considera razonable la invocación a las Fuerzas Armadas con respecto a un otro adversario, de modo tal que el diputado se concibe a sí mismo como portador de una visión superior (y más razonable) que las de un otro adversario. Él se ve a sí mismo como alguien con la estatura moral para poder prescribir un concepto de democracia antojadizo que sobrepasa a la soberanía popular y con un delineamiento arbitrario de ideologías que son estimadas admisibles.

Melero aún estima que la deliberación política puede ser clausurada. Melero aún desconfía de la soberanía popular y se siente por encima de ella, delimitando unilateralmente la expiración del ejercicio de la autodeterminación. Melero aún avala las Fuerzas Armadas como un ente deliberante, a pesar de las consecuencias aprehendidas mediante la memoria histórica. En 2014, siendo 11 de septiembre, Melero aún relativiza la soberanía.

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Una alternativa que son dos

Estas son dos preguntas de la encuesta Cadem Plaza Pública que se divulga semanalmente.

  • «En general, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con el proyecto de reforma tributaria?»
  • «En general, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con la reforma a la educación del gobierno?»

Las alternativas son «de acuerdo» y «en desacuerdo». No hay más.

Pero hay un problema. El desacuerdo puede provenir por dos razones diferentes: porque se está en desacuerdo con que exista una reforma o bien porque la reforma no es lo suficientemente exhaustiva. Y es grave, pues una encuesta de opinión pública (instrumento que debería medir sensaciones de la opinión pública) debería delimitar de forma más precisa las percepciones de la ciudadanía en torno a un tema.

El desacuerdo, así planteado, desconoce las dos oposiciones planteadas, mismas que son las dos oposiciones al gobierno de Michelle Bachelet. La omisión de la encuesta, sea deliberada o accidental, pareciera afirmar y reafirmar que el desacuerdo sólo estriba en la oposición a cualquier reforma. Además, existen partes interesadas que procurarán agrupar en los números del desacuerdo al interés derechista en cuanto a que no ojalá no existiera ninguna reforma. Y eso es falso. Y, además, engañoso, pues invisibiliza a quienes rechazan las reformas por no ser suficientes, a quienes no se sienten representados por la repentina moderación del gobierno.

El sondeo Cadem Plaza Pública debería revisar la formulación de las alternativas de estas preguntas si no quiere favorecer un sesgo ideológico.

 

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Reaccionar como un cuerpo

«La economía responde con celeridad a las señales, las buenas y las malas».

Estas fueron las últimas palabras de la columna quincenal del economista y exministro del gobierno anterior Juan Andrés Fontaine. Fontaine se hizo conocido estos días, junto con su hermano Bernardo, por haber participado en la famosa «cocina» de la reforma tributaria.

Ordenemos este enunciado en lo que es conocido como el esquema oracional básico: «Alguien responde a algo así». «Alguien», el sujeto, la economía. El «algo», las señales, entendidas como estímulos. Y «así», el modo, refiere a la celeridad.

Pues bien, la respuesta a un estímulo varía según la complejidad de cuanto se estimule. Mientras más complejo, más demorará en reaccionar. Si se trata de una cuestión social, en la cual muchos intereses están en juego, las partes que se sientan más beneficiadas por un estímulo estarán más dispuestas a reaccionar que las partes que se sientan perjudicadas por éste. Menuda perogrullada.

Si un ente responde con celeridad, debe ser porque su complejidad es menor. ¿Qué puede ser lo más simple? Un sistema con menos implicancias. Un sistema orgánico. ¿Entonces? En vista de la celeridad, quizá el estímulo provoca una reacción orgánica, como si se tratara de un cuerpo humano, cuyos esfínteres no requieren de una tercera persona para su funcionamiento. La celeridad depende de cuán simplificado sea un sistema.

Si la economía reacciona con celeridad, en consecuencia, reacciona como un cuerpo, reacciona en simplificado. Reacciona mediante decisiones en formateado, a través de un encadenamiento de pensamiento entre ideología, teoría y práctica que funcionan en estricta sincronía y unanimidad: elemental corporativismo.

Lo anterior, lleva consigo un conflicto. La economía (entendida como un cuerpo, reinterpretando la frase de Fontaine) debe rendir cuenta de sus cualidades unificadas y estandarizadas en un espacio público donde existen posiciones en controversia y donde existe la posibilidad de disentir. Si la economía corporativista reacciona en un disenso neutralizado, queda una inquietud implícita: ¿El espacio público debe rendirse ante la unanimidad del sujeto economía y supeditar sus decisiones en torno a esa unanimidad o bien controvertir su unanimidad y exhortar al sujeto a que participe de las controversias que existen afuera de su ecosistema normalizado?

En la primera alternativa, la proclamada por Fontaine y sus adláteres, el espacio público debe supeditarse al sujeto economía y la política debe operar desde la economía. En la segunda, la economía debe moldearse en función de la política y la economía debe funcionar desde el espacio público. Sin embargo, la economía forma parte del espacio público, por lo cual estas dos alternativas representan un falso dilema, pues la primera alternativa funciona como una aduana del pensamiento y la deliberación política, clausurando debates que se consideren unilateralmente extemporáneos a la técnica del sujeto economía (es decir, a su normalización, a su ethos corporativista).

La celeridad no se lleva bien con las divergencias políticas. ¿Cuántas discusiones nos ahorramos en el allanamiento de un fast track para el sujeto economía? ¿Cuántas posturas quedan aisladas en virtud de complacer a pareceres unificantes? ¿Es razonable ahorrarse discusiones?

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Camilo Escalona: la vaguedad y el inmovilismo

Estos son fragmentos de una entrevista dada por el exsenador socialista Camilo Escalona a The Clinic en la edición del pasado jueves 21 de agosto.

UNO

«Con protagonistas que tienen una identidad diferente, puedo tener objetivos compartidos. Y no tengo que tratar de cambiar esa identidad, sino que la debo respetar e incluso promover, porque sólo de esa diversidad puede surgir la mayoría que se necesita».

La primera frase de Camilo Escalona es ambigua. Tan ambigua que de ella se pueden formular preguntas más que buscar respuestas.

¿Cuáles diferencias? ¿Cuáles objetivos? Porque no queda claro si son diferencias insalvables o diferencias accesorias. ¿Cuáles objetivos? Tampoco queda claro si son objetivos cívicos u objetivos ideológicos. Tampoco queda claro si no está siendo impropio, metiendo lo cívico en el cajón de lo ideológico y viceversa.

Ahora, vamos al inicio de la segunda frase. Las identidades no se tienen que cambiar (¡obvio!), pero el respeto es relativo. Y volvemos a las preguntas. ¿Toda postura merece el mismo respeto sólo por el hecho de existir? ¿Esa postura es respetuosa de la civilidad? Las inquietudes son relevantes en la medida que existen posturas que favorecen el debate político y otras que se encierran en sí mismas defendiendo fines corporativistas. Y son relevantes porque existen posturas homofóbicas o bien planteamientos que desconocen la democracia representativa, pretendiendo llevarse la pelota para su casa, cual Quico.

Por lo mismo, no se puede afirmar universalmente que toda postura merece el mismo respeto sólo por el hecho de existir. Quizá el parámerto más razonable para estimar el respeto proviene de la famosa frase de Ana María Polo, la árbitro de Caso Cerrado: «respete para que lo respeten».

Sigamos.

Cuando el exsenador se refiere a promover la identidad de otro, tampoco queda claro el punto. ¿Se trata de promover a una visión hegemónica que ya tiene suficiente con lo cual promoverse o se trata de promover visiones invisibilizadas por la hegemonía? Si fuera lo primero, ¿qué ganaría yo promoviendo una visión más poderosa que la mía? ¿Por qué debería hacerlo? ¿Es acaso la política un servicio de hotelería en el cual debo tratar al otro como si fuera mi pasajero? Si fuera lo segundo, ¿dónde están las visiones invisibilizadas que están siendo divulgadas en estos momentos?

Para peor, y yéndonos al final del enunciado de Escalona, si de la diversidad puede surgir la mayoría, ¿cuánta diversidad puede caber en la construcción de una mayoría sin que se supriman los aspectos esenciales de cada visión política? ¿Cuánto es el mínimo y cuánto es el máximo? Resulta importante hacerse estas preguntas, por cuanto una aspiración de maximizar las mayorías nos haría caer en el inmovilismo. Con ello, se corre el riesgo de anular el debate político antes de discutir siquiera los puntos controvertibles, ahorrándonos un debate, como si resultase más económico no debatir. Como si existiera una ilusión de ganancia política detrás del no debatir: la posibilidad de lograr una cohesión homogeneizante.

 

DOS

«Las sociedades (se) tienen que ir abriendo paso con un mayor grado de acuerdo a sus decisiones. No porque yo lo crea tengo que pensar que los demás están preparados para que eso se decida de esa forma».

¿Qué significa «un mayor grado de acuerdo»? Eventualmente, se trata de aglomerar intereses para lograr una mayoría circunstancial, desconociendo el propósito de la ideología en la política y la necesidad del debate entre ideologías para poder tener una política sana. Quizá se trate de convocar al «justo medio», la «unidad nacional» o alguna de esas expresiones monolíticas corporativistas que aún en 2014 nos persiguen y que consideran el debate una amenaza a la democracia (!).

Ahora bien, vamos a la coyuntura de los alineamientos en el Congreso Nacional. ¿Por qué, si formo parte de un sector progresista mayoritario, pienso que es más razonable convocar a un sector conservador para hacerlo sentir parte de mi proyecto político? ¿Por qué, para más sorpresa, debo confortar a dicho sector, morigerando mis propuestas si (téngase presente) soy mayoría y mi sector político fue elegido para llevar a cabo un programa político? Nuevamente, la pregunta del punto anterior: ¿Es acaso la política un ejercicio de hotelería?

Pareciera ser que Camilo Escalona naturalizó el «acuerdismo» de la transición a tal punto que estima adecuado perpetuar la práctica, pese a que su existencia se explicaba en la necesidad de hacer pasar leyes en tiempos cuando la entonces Concertación no disponía de las mayorías necesarias en el Congreso Nacional para poder hacer los cambios en la medida de lo deseable, merced al sistema electoral binominal (y, hasta los inicios de la década pasada, a los senadores designados). ¿Por qué ahora, cuando es la primera legislatura en 24 años que no necesita morigerar un programa político para poder pasar leyes en el Congreso, lo reivindica?

Continuemos.

¿Qué significa invocar el hecho de que un otro deba ser esperado para que los cambios políticos sean posibles? Eso significa considerar la existencia de bandos políticos rezagados en la cognición, los cuales deben ser esperados hasta que logren ser promovidos al nivel de aceptabilidad académica y, mientras ocurre eso, los demás movimientos políticos deben acomodar sus nalgas en la sala de espera mientras los adversarios están juntando las letras.

Además, la idea de esperar a que el otro «esté preparado» no se trata más que de esperar la unanimidad, cuando los gobiernos (ejem) gobiernan en función de mayorías. ¿En qué momento la búsqueda de la unanimidad hace algo más salvable? Este aserto de Escalona pretende reivindicar los avances políticos en función de los pasos de una tortuga símbolo de una verdad única.Nuevamente, los tintes corporativistas y la pretensión de garantizar la cohesión de la identidad nacional.

 

TRES

«Yo no quiero que se desate la intolerancia en Chile y he visto que se puede desatar».

Escalona considera una apertura del debate político como la puerta de entrada a la «intolerancia». ¿En qué momento el debate político pasó a ser la puerta de entrada para una guerra civil? ¿Es que acaso la disputa por el poder sólo puede ser una guerra santa entre ideas antagónicas? ¿Acaso el debate político debe ser hecho a cuentagotas para evitar exaltar a algún contradictor?

Resulta inadecuado acusar la falacia de «la intolerancia de los intolerantes» con el objetivo de hacer más lento el paso, con el fin de satisfacer al interlocutor con servicios de hotelería. Eso que se denomina «la intolerancia de los intolerantes», en virtud de las condiciones de enunciación, no es más que la confusión y la incapacidad de distinguir entre ideología y procedimiento.

Porque la ideología es lo que se puede controvertir y disputar, mientras que el procedimiento es una cuestión espacial, en donde se desenvuelven y conviven las ideologías. Por lo mismo, meter al saco de las ideologías cuestiones procedimentales nos lleva a cuestiones de guerra santa. En consecuencia, poner en entredicho el procedimiento (el ejemplo más básico: los Derechos Humanos) resulta cívicamente impropio. Plantear que un contradictor tiene un pensamiento errado por lógica o por estar reñido con la incivilidad no implica un ejercicio de intolerancia, sino uno de denuncia cívica. Y no es responsable cívicamente darles cabida a todas las expresiones por el hecho de existir, sino que estas deben mantenerse en un marco de respeto y voluntad de convivencia.

Volviendo a Ana María Polo, «respete para que lo respeten».

 

FINAL

Las confusiones del exsenador socialista incuban los fantasmas de discusiones intestinas que niegan al otro. Sin embargo, dichas discusiones parten de la base de que en el espacio público sólo hay espacio para una verdad. Aquello es falso. La distorsión política estriba en que nosotros asumimos dicha falsedad como un hecho cierto, esencialmente, por el hecho de provenir de países con matriz católica, una religión codificada, a diferencia del protestantismo (recurriendo a Loris Zanatta).

En nuestro espacio público, caben diferentes perspectivas, caben las mayorías, cabe el respeto a que las mayorías se ejerzan, cabe el derecho a que esas mayorías dejen de serlo y puedan ser controvertidas y deslegitimadas sin que ello sea considerado sedicioso (es decir, que pierdan la confianza del respetable: Sebastián Piñera, en agosto de 2011, o el caso más extremo de Fernando de la Rúa en Argentina, en diciembre de 2001), cabe el derecho de las minorías de tener vocación de mayorías y procurar conquistar el poder. Cabe el derecho de discutir. Cabe el derecho de estar en democracia y de hacer las luchas que estimemos convenientes por abrir las fronteras.

Camilo Escalona queda expuesto en su anacronismo, en su escasa noción de convivencia cívica, en su tolerancia hacia el corporativismo, en su entreguismo y (lástima para él) en su ignorancia.

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El miedo de quedarse a la derecha

LA EVIDENCIA

Andrés Velasco, lunes 26 de agosto, en Radio Cooperativa:

«Yo respeto mucho a Ignacio Walker y comparto con él gran parte de las críticas que ha planteado a la reforma tributaria y educacional. Así es que nuestro domicilio político es bien similar. (…) Mi domicilio es la centro izquierda, hemos buscado que la Nueva Mayoría acoja las ideas de centro, de modo que no se transforme en una alianza de izquierda donde algunos quieren echar mano a la aplanadora, retroexcavadora, para pasar por encima de quienes piensan distinto».

Ricardo Lagos Escobar, martes 27 de agosto, en seminario ICARE:

«Todo aquello que es concesionable, que se concesione. Y todo aquello que sea financiable por privados, que se libere».

 

LA DISTRIBUCIÓN

Un problema histórico en Chile ha sido la dificultad de delimitar el espectro político dentro de las ideologías que existen. De derecha a izquierda, trataré de enunciarlos en orden (quizá tenga a alguno desplazado de lugar: sepan perdonar la ignorancia). Tenemos el nacionalcatolicismo (es decir, el pinochetismo), el populismo de derecha, el conservadurismo, el socialcristianismo, el liberalismo, el socioliberalismo, la tercera vía, la socialdemocracia, el eurocomunismo, el comunismo, el autonomismo, el socialismo del siglo XXI, el trotskismo, el libertarismo, entre otros movimientos intermedios y a los extremos de cada uno de los enunciados. Insisto: no ubico todos los matices y no es una intención peyorativa el no divulgarlos; es sólo ignorancia.

Nuestro país tiende a la aglomeración ideológica. En consecuencia, el «centro político» se determina en la medida de cuántos grupos están dispuestos a aglomerarse en torno a una hegemonía, en lugar de disputarse los espacios de poder.

A partir de ese centro, se determina quién es la izquierda y quién es la derecha. O la centro izquierda y la centro derecha. El «centro», discursivamente, se arroga el sentido común (una expresión que alcanza para otro artículo) y el «justo medio» frente a las visiones polarizadas.

Si del liberalismo sin apellidos hacia la derecha, «El Ladrillo» mediante, se arroga el «justo medio», tenderá a ubicar sus posturas en la centro derecha e insistirán que están recurriendo a la aglomeración por el centro, del discurso del «sentido común». Por cuestión de bordes (el pinochetismo se agrupa a sí mismo en la «centro derecha»), no existirá la «extrema derecha» dentro del discurso, pero sí existirá la «extrema izquierda», esta última será una abstracción configurada como el monstruo (¡el cuco!) de quienes detentan el «justo medio».

Si nos involucramos con los parámetros OCDE, especulo que es posible que el socioliberalismo forme parte de la centro derecha y la gradiente derechista se mueva hacia los sectores previamente enunciados más conservadores. La tercera vía, por su parte, tomará el rol de centro. La socialdemocracia, mientras tanto, estará en la centro izquierda y la gradiente izquierdista se moverá hacia las sucesivas perspectivas.

 

EL DISCURSO

Entendido lo anterior, los discursos del excandidato presidencial Andrés Velasco y del expresidente Ricardo Lagos Escobar plantean una ubicación ideológica pretendida. Y, a su vez, cómo esta ubicación no se condice con la realidad. La duda razonable es por qué han insistido en el último momento en mantener una declaración de pertenencia que les es ajena en los hechos.

Velasco y Lagos Escobar buscan apropiarse de una interpretación semántica de «centro izquierda» para excluir otras visiones que buscan allegarse a ella, para evitar que otras opciones se apropien del amable concepto de «centro izquierda» y, eventualmente, evitar que estas otras visiones los arrinconen hacia la derecha.

Mientras Velasco expulsa en su enunciación lo que le parece discordante del concepto de «centro izquierda», Lagos Escobar invoca su doble militancia partidaria entre socialista e integrante del Partido por la Democracia y ejerce un principio de autoridad sobre su trayectoria política para afirmar que las concesiones son una cuestión razonable, ergo, propia de alguien que milite en la centro izquierda (o quizá más que sólo centro izquierda).

Por el lado de Velasco, él pareciera pretender reivindicar para la realidad chilena una polaridad más cercana a la estadounidense, en donde existen el Partido Republicano (todo cuanto podríamos meter dentro de la Alianza, rebautizada recientemente como Coalición por la Libertad Lamarque) y el Partido Demócrata, referente cuya frontera izquierdista está en la tercera vía. Esta polaridad se basa en la identidad de un país que ha unificado posturas en torno a un modelo económico en particular, así como las formas como el Estado distribuye la riqueza.

El problema de Velasco: su planteamiento no ha lugar. El exministro de Hacienda no puede clausurar la existencia de una socialdemocracia (y cuanto pensamiento político continúe a su izquierda) ni clausurar su derecho de participar en la discusión política con igual legitimidad, por puro capricho, por el principio de autoridad que algún ente le hubiera conferido o por el voluntarismo de hacer encajar una polaridad ideológica foránea a nuestra idiosincrasia. No puede arrogarse el «justo medio» (porque no existe) ni el «sentido común» (una falacia del hombre de paja, a estos efectos) para poder descalificar a sus interlocutores a la izquierda de la Nueva Mayoría.

Y Lagos Escobar dice estas palabras justo cuando desde el Ministerio de Salud se están controvirtiendo las concesiones hospitalarias, materia de interés para Obras Públicas; precisamente, la cartera la cual le sirvió de trampolín al expresidente.

En vulgar, a Lagos no le está gustando que le meen el asado de su legado político, del cual hace charlas alrededor del mundo: el legado de la relevancia de la tercera vía, una relevancia lo suficientemente fuerte como para poder cooptar a los partidos socialistas, en desmedro de los planteamientos socialdemócratas.

A través de sus expresiones, marca indirectamente distancia de la presidenta Michelle Bachelet y del discurso mayoritario de la Nueva Mayoría, desdeñoso de las concesiones y del Estado subsidiario. A su vez, Lagos insiste majaderamente en la reconciliación ideológica de ciertas izquierdas de cierto momento de la historia con los planteamientos de derecha (¿aló, Felipe González?), cual es la tercera vía.

 

SINCRONÍA Y DIACRONÍA

Recordando a Ferdinand de Saussure, existe lo sincrónico y lo diacrónico. Lo sincrónico corresponde a la lengua en el momento mismo de la enunciación y lo diacrónico, a la evolución de la lengua a través del tiempo.

Tanto en Velasco como en Lagos está la sensación de que el concepto de «centro izquierda» les es propio. Que el «no derechismo» les es propio. Ellos fueron parte de un concepto en un momento de la historia (lo sincrónico) y desearían que ese discurso proclamado de «estar en la (centro) izquierda» se mantuviera a través del tiempo (lo diacrónico), con el objetivo de preservar la legitimidad de su discurso.

El problema: la historia les pasó por el costado, mientras sus discursos se mantuvieron fijos, fosilizados. Derivado de lo anterior, se quedaron a la derecha de sus puntos de referencia; justo desde el momento cuando emergieron esas visiones de izquierda que se mantuvieron invisibilizadas durante sus tiempos de liderazgo. Por un lado, el socioliberalismo mantiene buenas relaciones dialécticas con el piñerismo; por el otro, la tercera vía ha sido cuestionada en el discurso de la Nueva Mayoría, actual ubicación (dentro de la polaridad sincrónica) de la centro izquierda.

En lugar de asumir que sus planteamientos se allegan más a la derecha, prefieren invocar el secuestro de la memoria: que fueron exiliados, que votaron por el No, que formaron la Concertación. No les pueden decir que no son la «centro izquierda» si ellos fundaron la centro izquierda. Recurren a la memoria para no ser expulsados de ella.

Y precisamente en su memoria está el problema de sus contradicciones: no quieren reconocer dicha polaridad sincrónica está basada en la dictadura cívico-militar. Pinochet es el clivaje de las posturas que enuncian: el Sí y el No.

Todo esto ocurre en un país donde la Unión Demócrata Independiente está perdiendo relevancia; Renovación Nacional acuerda con la Nueva Mayoría la reforma electoral, con el objetivo de ganar plusvalía buscando nuevos amigos en las elecciones generales de 2017; Amplitud aspira a convertirse en la casa matriz de una centro derecha superada del pinochetismo (en teoría); la Democracia Cristiana está partida en dos entre la fusión socialcristiana-socioliberal y la socialdemocracia; Fuerza Pública aún vacila en constituirse como partido político; y el Partido por la Democracia y el socialismo buscan reafirmar sus cualidades socialdemócratas para llenar los espacios que actualmente están flanqueando Revolución Democrática y el Partido Comunista, merced al movimiento estudiantil.

Frente a este panorama, Velasco y Lagos Escobar buscan fijar una postura. Pero les incomoda ubicar sus posturas en el espectro político actual y prefieren perpetuarse en un clivaje que les resulta más complaciente, por cuanto la coyuntura los arroja a la derecha. Y tienen miedo de quedarse a la derecha.

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Ideología

Luis Larraín Arroyo: una mentira y un error

Las dos siguientes citas corresponden a la columna de Luis Larraín Arroyo, publicada ayer sábado en El Mercurio.

LA MENTIRA

«La propaganda de izquierda, muy apoyada por la línea editorial de varios canales de televisión y por el discurso de políticos variopintos, instaló a las empresas privadas, especialmente a las grandes empresas, como los mayores abusadores».

El director ejecutivo de Libertad y Desarrollo, fundación conocida por contar entre sus figuras con la economista María Cecilia Cifuentes (¿decir que ella participa de LyD cuenta o no como falacia ad hominem a estas alturas?), expresa algo falso: que la propaganda de izquierda fue «apoyada por la línea editorial de varios canales de televisión». Difícil que lo anterior ocurra en Chile, país en donde el apoyo, editorial o más allá de lo editorial, se concede desde lo semejante. Parafraseando a Óscar Contardo en «Siútico», la propiedad no conoce, sino que reconoce; y reconoce entre los suyos.

Es difícil que los canales de televisión (incluyendo a TVN, tradicionalmente inhabilitado de abanderizarse por alguna parte dentro de una pugna) apoyen editorialmente a la propaganda de izquierda. Y, a la inversa, tampoco existen canales de televisión de izquierda que faciliten la difusión de propaganda de izquierda; ni siquiera canales de televisión de centroizquierda.

Quizá Larraín Arroyo haya confundido la forma como se puede disponer de los medios de comunicación. No es lo mismo (cuestión A) prescribir propaganda a partir de los criterios editoriales de los propietarios de un medio que (cuestión B) insertar propaganda penetrando la porosidad de los criterios editoriales, instalando una idea desde afuera. La cuestión A es apoyo editorial; la cuestión B es spin.

¿Qué es el spin? El spin es un contenido preparado por una parte interesada, la cual aprovecha las instancias de difusión dispuestas por los medios para influir en la opinión pública y cambiar pareceres (es decir, «dar vuelta»; de ahí su nombre) en torno a la visión preexistente de una materia de interés.

Si Larraín Arroyo considera que los canales de televisión apoyaron «las ideas de izquierda» (sic) por cuestiones editoriales, quizá sea porque él no tiene el concepto de spin insertado como una forma posible de comunicación y, en consecuencia, estima que sólo se puede comunicar a través desde la propiedad de un medio (!).

EL ERROR

«La pretensión de que la gente va a preferir la educación (…) estatal a la privada es ilusoria. La idea de que las personas renunciarán a la libertad de elegir (…) para adscribirse a una suerte de fábrica uniforme de conciencias que rechaza las diferencias no tiene sustento».

La razón de ser de la educación pública se fundamenta en acoger dentro de sí la diversidad de costumbres y de realidades que se albergan dentro de un Estado. Por lo mismo, considerarla una «fábrica uniforme de conciencias» es erróneo. Primero, porque no es su propósito; segundo, porque concebirla como tal es oponerla a un proyecto educativo unidimensional, como los propios de la educación privada.

La distorsión de Larraín Arroyo debe estar la disyuntiva de si la diversidad reside en las instituciones o en las personas. Él debe pensar lo primero. Pero no. La diversidad basada en las instituciones tenderá a crear proyectos educativos cerrados y diferenciados, con el objetivo de brindar aspectos de distinción a quien haya elegido una institución por sobre otras. Eso que llama «libertad», al final, constriñe a los apoderados y a los estudiantes a un deber ser propio de la identidad (principalmente cerrada) de la institución.

Mientras tanto, la diversidad basada en las personas a través de una educación preferentemente pública permite la expresión de las diferencias, en lugar del enclaustramiento de las mismas en entornos de semejantes. Esto nos conducirá a educar principios de civilidad y respeto hacia estilos de vida ajenos a los propios.

Si la educación es la expresión de la sociedad que procuramos forjar, no resulta coherente ni funcional inculcar respeto, tolerancia e inclusión desde entes diversos cuyos principios son excluyentes de otros y cuya exclusión es actualizada permanentemente, por cuanto el «otro» existe en un lugar (un establecimiento) ajeno al propio. Al estar ajeno, no se le conoce y se le entiende desde una visión sesgada y, eventualmente, caricaturizada.

Eso que Larraín Arroyo llama «la libertad de elegir» desplaza la diversidad de personas hacia la diversidad de proyectos educativos. El problema político (en el sentido de «polis») está atribuirles cualidades orgánicas a «los proyectos», cuando en la vida real no lo son, pues no piensan ni son soberanos de sí mismos; ni siquiera respiran ni tienen hambre. Lo anterior sólo lo pueden hacer las personas. Y la educación debe ser lo suficientemente abierta e inclusiva como para poder enseñarlo.

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