En boca de muchos

La oposición social

Recuerden en los tiempos cuando Pablo Longueira era el candidato de la UDI a las primarias presidenciales (antes de renunciar; después de que la opción a La Moneda de Laurence Golborne se volviera inviable, tras las cuentas detectadas en un paraíso fiscal). Entonces, el exministro de Desarrollo Social Joaquín Lavín declaraba la razón por la cual Longueira era mejor que Andrés Allamand.

«Allamand apunta al centro político, en cambio Pablo apunta al centro social».

Los dos son el «centro». ¿Pero de qué se habla cuando se habla del «centro»? Se habla, primero, de la vocación aglomerante que habita las mentes de nuestros políticos más conservadores; segundo, de ubicar a través de un lugar en el espectro político el «sentido común», «el justo medio». El autoproclamado «centro» instrumentaliza el eje izquierda/derecha para definir una polaridad alternativa, como si dicho «centro» fuera el prisma desde el cual se descomponen los colores de las variaciones ideológicas. En consecuencia, los autoproclamados pueden perfectamente entroncar el «conservadurismo» con cuestiones de «neutralidad» (ejem, El Ladrillo), «objetividad» y «racionalidad».

Ahora bien, los mismos autores de esta cómoda y privilegiada posición en el espectro político han inaugurado un nuevo concepto: «la oposición social».  Esta expresión surgió en un seminario ocurrido el lunes pasado en el antiguo Congreso Nacional de Santiago, en el cual participaban principalmente figuras vinculadas a la Alianza y, particularmente, a la Unión Demócrata Independiente.

¿Qué quiere decir la invocación a lo «social»? Recurriendo a Lavín-hablando-de-Longueira, lo «social» es una oposición a lo «político». Nuevamente, una polaridad artificial levantada por los prismas arrogados. ¿En qué consiste esta polaridad? En que lo «político» es algo desconectado de lo «social». Lo «político» sería la discusión técnica, de cuya ocupación deben hacerse cargo «los expertos», voto de confianza (ciega y permanente) mediante de la comunidad; mientras tanto, lo «social» se trata de lo comunitario y lo doméstico. En consecuencia, en el lexicon aliancista, lo «social» se reduce a la búsqueda de la empatía forzada como procedimiento burocrático.

Precisamente, esta férrea delimitación los dejó perplejos.

Expresiones como «oposición social» no significan tanto por lo que afirman, sino por lo que niegan. Esta enunciación esconde la sorpresa de los líderes opositores al ver a «la gente» preocupada de «lo político», de esas cosas más complicadas cuyas decisiones solían dejar a la determinación y confinamiento de «los expertos». Como si les sorprendiera la existencia de un electorado más allá de las dádivas de campaña y el clientelismo. Como si les sorprendiera la posibilidad de organizarse en cuanto se tiene conciencia de horizontalidad. Como si les sorprendiera una organización social como la CONFEPA (cuyo ruido, en todo caso, ha perdido bastantes decibeles conforme han pasado las semanas), defendiendo los ideales de derecha.

Volviendo a la perplejidad, surge una pregunta: ¿Acaso, hasta ahora, jamás habían visto a la ciudadanía como un par? ¿Por eso están sorprendidos?

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Los fines del capital político

«Cuando tienen el Presidente más popular en muchas décadas, desperdician ese capital político promoviendo iniciativas para satisfacer a un grupo de adolescentes; a intelectuales nostálgicos y a activistas callejeros. (…) Nunca es tarde para mostrar algo de humildad y volver a los fundamentales que permitieron el progreso de nuestro país».

Gerardo Victorino Varela Alfonso, abogado y director de empresas, padre de familia y columnista mercurial de sábado por medio, dejó en su última columna un comentario que provoca una extraña impresión.

Separemos este enunciado en unidades seleccionadas.

«El presidente más popular en décadas», «capital político», «adolescentes, intelectuales nostálgicos y activistas callejeros», «humildad», «fundamentales» y «progreso».

Nos quedan seis unidades.

«El presidente más popular en décadas» (omitamos, por favor, la poca elegancia del columnista de no decir «presidenta») dice relación con el gran resultado electoral de Michelle Bachelet en la segunda vuelta de diciembre de 2013. Ese 62% entre quienes fueron a las urnas a elegir una alternativa fue abrumador y provocó perplejidad entre los sectores opositores.

Concediendo que ese respaldo es «popularidad», el cual se podría vincular con el concepto enunciado por Varela de «capital político», habilita a quien lidera a hacerse cargo del programa por el cual fue elegido.

Que el programa incorpore ideas de «adolescentes, intelectuales nostálgicos y activistas callejeros» no le quita peso en su ejecución, a pesar del matiz peyorativo de la enunciación enumerada, pues se trata de un programa legítimamente validado electoralmente y cuyas ideas siguen siendo mayoritarias hasta ahora, a pesar del surgimiento de grupos de interés de último minuto, como la CONFEPA. Además, mientras el rechazo a una iniciativa no ponga en entredicho la legitimidad del mismo gobierno para llevar a cabo su programa, como efectivamente ocurrió durante la administración de Sebastián Piñera a un año y medio de su asunción, un gobierno no tendría por qué preocuparse por satisfacer mayorías ajenas, en tanto que siguen siendo mayoría.

Si esas ideas contravienen los «fundamentales», quizá sea porque parte del espíritu cívico advenido con el movimiento estudiantil de 2011 consistió en revisar aquellos planteamientos, sus pecados de origen y sus conceptos de persona y ciudadanía. La restitución de una dignidad a través de la cohesión social, más que por el sálvese quien pueda, bien vale la demolición de semejantes «fundamentales» defendidos por el abogado. Y resulta un golpe bajo decir que este cuestionamiento lacerará el «progreso», pues este no puede ser entendido como un procedimiento único, basado en los principios del Ladrillo, como si el manifiesto divulgado en 1974 fuera el único orden natural posible.

Por lo tanto, la «humildad» no es algo que esté del lado de los adversarios del columnista, quienes han ocupado en buena ley los espacios dispuestos por el ejercicio político para poder proponer sus ideas y ganar desde ellas. La poca humildad es del abogado Varela, quien considera «natural» un orden levantado por una dictadura cívico-militar y cuya controversia resulta propia de individuos a quienes sólo puede figurar desde la caricatura: esos «nostálgicos», como si reivindicar la política económica de la dictadura no fuese una «nostalgia» en sí misma.

Para peor, Varela estima que un «capital político» sólo puede ser ejercido (o bien rentado, ya no importa) exclusivamente desde la demarcación propuesta por el orden ladrillesco, como si el «capital político» sólo valiera la pena si satisficiera a sólo un interés en particular, como si el «capital político» estuviera clausurado para su uso reformista, como si el «capital político» no fuera una forma razonable (en tanto que representativa) de aprovechar las instancias para deshacerse de los residuos de una dictadura (impuesta y no representativa).

Si no es para desarrollar proyectos políticos que pueden pugnar contra los intereses de un otro, ¿cuál es el fin de tener un «capital político»? ¿Acaso existe un «capital político» unificante? Porque, hay que decirlo, ese imposible sólo existe en las fantasías de quienes pretenden levantar órdenes corporativistas.

 

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El más bajo de todos los recursos

Agradezco a Nicolás Pavez Kuncar, cuasi licenciado en ciencias jurídicas de la Universidad de Chile y excompañero de la generación 2004 en el Instituto Nacional, por su colaboración en este artículo. En rigor, este texto le pertenece más a él que a mí.

«El gran fin del Instituto es dar a la patria ciudadanos que la defiendan, la dirijan, la hagan florecer y le den honor».

La célebre frase de fray Camilo Henríquez se convirtió en el mito fundacional del Instituto Nacional. Estas veintitrés palabras expresadas en 1813 representan un orgullo para la memoria del establecimiento y son recordadas desde el primer momento que se pisan los fríos pasillos de Arturo Prat 33.

Sin embargo, el gran fin fue subvertido a través de un recurso de protección acogido en la Corte de Apelaciones por dos votos contra uno. En la resolución, se establece como primer término la abstención «de organizar o llamar a votaciones sobre tomas y paralizaciones de las actividades escolares como así también que se materialicen las mismas».

El mito institutano del «foco de luz», basado en el ejercicio de la ciudadanía, antecede al mito del «liceo de excelencia». El Instituto Nacional valida su fundación a través de la reflexión, no a través del exitismo en el cual se ha convertido: un vulgar gimnasio para entrenar el cerebro en función del número que otorguen las balanzas de las pruebas estandarizadas.

Analizar el proceso que derivó en el recurso de protección nos dice mucho de la ponderación que hacen algunos alumnos y sus apoderados de este mito fundacional.

De partida, el recurso fue presentado a partir de un tono desde el cual se considera la educación un bien de consumo, demandando un suministro permanente del insumo instructivo, reduciendo el legado fundacional al de mero prestador de servicios, como los distribuidos por cañería o por cableado; lo anterior, con el objetivo de que los chicos concentren un resultadismo académico a partir de la cantidad de horas que estos permanezcan sentados en un aula regurgitando conocimiento.

Los apoderados que favorecen al recurso pretenden tener el derecho de disponer de la institución en tanto que clientes de la misma, abordando el establecimiento como un símbolo de estatus, anestesiando las prácticas inherentes a su memoria histórica. Este recurso procura asegurarles a los recurrentes la ilusión y la garantía de la jactancia social de pertenecer al mejor establecimiento público del país, mejor en tanto que resultados; resultados separados, a su vez, del espíritu republicano de la discusión y la deliberación política. Dicho en vulgar, le reclaman al Instituto Nacional las mismas cualidades estéticas esperadas del común de las escuelas subvencionadas: la arbitrariedad discrecional de un director, la verticalidad y la censura, todo justificado cínicamente con el término «disciplina».

Resulta violento confinar el espíritu republicano del Instituto a las cualidades de «disciplina» anteriormente descritas, pues devalúan otras facetas formativas de la educación igualmente relevantes, más cercanas a la formación ciudadana, el «dar a la patria ciudadanos». Y es que los derechos alegados, la forma de presentación, el hecho mismo de recurrir a la Corte denotan este grave descenso en la comprensión del valor del Instituto.

Partamos de la base que, en principio, se invocó previamente a la presentación del recurso la existencia de una violación al derecho a la integridad psíquica, por causa del matonaje escolar que sufrirían los detractores de la toma; aparte de violaciones al derecho a la educación, la libertad de enseñanza y, encima, el derecho de propiedad sobre la educación misma.

Puede que hayan existido problemas con la toma. Puede que haya existido una real ausencia de diálogo que haya hecho imposible una salida política aceptable. Sin embargo, ¿constituye ello argumento suficiente para la invocación pura a la autoridad? A diferencia de lo que sucede con los servicios públicos, la educación constituye un proceso asociado a una comunidad educativa, a la consecución de proyectos y metas comunes, y en último término, al bienestar social, por lo que la apelación a un tercero externo, en vez de recomponer el ambiente, lo destruye irreparablemente, puesto que se asocia a una decisión que constituye pura fuerza.

Para peor, se emplea la fuerza para triunfar de mala manera, en vista de que el grupo recurrente no pudo lograr las mayorías suficientes en el establecimiento para que sus puntos de vista hubieran tenido legitimidad a nivel interno. Sin ir más lejos, el recurso presentado por Francisco Elgueta (en representación de su pupilo y de sus compañeros objetores del discurrir de la deliberación institucional) considera las cuestiones intrínsecas de su minoría dentro del establecimiento como «flagrante vulneración de los derechos de casi la mitad de los estudiantes» (recurso, p. 4). Lo anterior nos lleva a plantear esta inquietud: ¿Acaso para Elgueta y los recurridos la cuestión dejaría de ser una flagrante vulneración si sus posturas ideológicas representaran a más de la mitad de los estudiantes del establecimiento?

Es problemática la voluntad detrás del recurso, ya que estos jóvenes no quieren una solución del verdadero conflicto interno (del cual surgen las expresiones de protesta), sino una que simplemente se avenga con sus intereses particulares. Pese a que, como se dijo anteriormente, el propósito del exitismo institutano es mucho muy posterior a su razón fundacional que tiene que ver más con cuestiones de civilidad.

Lo peor es que el fallo, en vez de asumir que el ejercicio de Elgueta y sus representados consiste en una demostración de fuerza pura contra la deliberación, lo defiende. Y lo defiende incluso por sobre los elementos necesarios del recurso de protección.

TRES ERRORES LEGALES

El fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago adolece de una serie de errores en torno a la comprensión del problema mismo. Los tres puntos centrales en los que el tribunal de alzada yerra se refieren a conceptos elementales del recurso de protección y muestran cómo se ha consolidado una especie de regreso a la década de 1980 en lo que respecta a este medio de emergencia.

El primer punto se refiere a un aspecto técnico, ya que la acción ilegal o arbitraria (es decir, la toma) había cesado antes de la vista de la causa. La jurisprudencia unánime de todas las Cortes entendían que ello implicaba que el recurso perdía oportunidad y desde luego, lo rechazaban. Nuevamente, justo en este caso, la Corte cambia de criterio y entiende que existe un peligro de nuevas tomas por lo que procede a acoger el recurso por una mera corazonada, sin antecedente alguno que justifique este temor, que no aparece demostrado más que a través de un «hecho público y notorio» que escasamente tiene calidad de tal.

El segundo punto, bastante grave, es que se procedió a acoger un recurso de protección sin siquiera hacer alusión o mención de cuáles derechos constitucionales habrían sido privados, perturbados o amenazados por las acciones que se denunciaron. Para que se tenga una referencia, este medio procede únicamente en el caso en que se haya vulnerado un derecho garantizado (básicamente, la Constitución no permite que cualquier derecho fundamental sea base de un recurso y los reduce a un catálogo, precisamente para evitar discusiones de política pública en tribunales). No es por ningún motivo un recurso para todo propósito, por lo cual el trabajo del recurrente es precisamente establecer que ha existido una violación a ese derecho y el recurso se rechaza si no se logra probar este punto.

El fallo no le dedicó ningún considerando a esta situación. En el caso, se alegaron derechos que no tenían protección. No se aplicaron a los casos establecidos en la Constitución o derechamente se torcieron para hacerlos entrar en el recurso: en concordancia con la idea de que la educación es un bien (de consumo), los recurrentes alegaron que había propiedad sobre la educación, como si el aspecto inmaterial de la formación de una persona pudiere ser adquirido en el mercado. Y la Corte, lejos de razonar acerca de esos puntos que son esenciales para el análisis de los recursos, sencillamente los omitió.

El tercer punto, igual de grave que el anterior, es que todo el fundamento del recurso descansa sobre la base de la ilegalidad de las tomas, sin analizar adecuadamente el real problema puesto de relieve a través del recurso: si acaso puede la Corte de Apelaciones intervenir directamente en un conflicto entre particulares acerca de decisiones que son estrictamente políticas.

Los razonamientos de la resolución descansan en pronunciamientos de la época de la dictadura cívico-militar, sin analizarlos ni ponderarlos adecuadamente en su contexto histórico. Resulta evidente para cualquier chileno con algún grado de memoria histórica de las últimas cuatro décadas que los fallos sobre paros, tomas, huelgas de hambre y demás acciones contra el régimen de terror que imperaba en Chile por la década de 1980 estaban políticamente motivados y que, tras largos 24 años de democracia, es imposible tomarlos como auténticas fuentes de derecho en lo que respecta a sus razonamientos.

Lo peor del caso es que el voto disidente, en vez de poner de relieve estos problemas, opta por el camino corto que ha adoptado la Corte de Apelaciones de Santiago para resolver los recursos de protección: ocurra ante la vía ordinaria que corresponda. Esto, que probablemente se debe a que los ingresos por protección han sido copados por los temas de isapres, es sencillamente un regreso inaceptable a la doctrina que dominó los recursos de protección en dictadura. La Corte debe entender que el real sentido de la protección está en ofrecer una solución rápida a problemas relacionados con derechos constitucionales, no en servir de buzón para problemas que debieran ser resueltos por una superintendencia.

EL MÁS BAJO DE TODOS LOS RECURSOS

Todo este proceso ha resultado una cuestión vergonzosa y dolorosa.

A través de un recurso de protección convenientemente presentado, aprovechando la oportunidad y los integrantes de la sala de la Corte, se ha procurado clausurar formas históricas de deliberación, basadas en el propósito fundacional del Instituto Nacional, mismas que han procurado ser el modelo ideal de reflexión y discusión que se espera al interior de cualquier escuela pública, en cuyo seno debería estar acogida la integración y la cohesión social de un país.

Estos recursos se presentan porque existen apoderados y alumnos acusando menoscabo en cuanto a estar impedidos de lograr las mayorías que han habilitado las protestas, marchas, paros y tomas de los últimos años. En lugar de participar dentro de los márgenes de la discusión habilitada al interior del establecimiento, tratando de perseguir la búsqueda de mayorías a través de la persuasión (como se hace en la política noble), deciden cercenar las posibilidades que existen dentro del derecho a deliberar y a manifestarse contra cuanta cuestión consideren injusta, jugando a ser los perros del hortelano.

Este aprovechamiento de la oportunidad para imponer un criterio ideológico está bien lejos de ser el medio neutro que se pretende a través de una acción judicial. Muy por el contrario, resulta ser precisamente el medio adecuado para una imposición sin discusión. Dicho de otro modo, la deliberación resulta una amenaza a la noción totalitaria de «estabilidad» que pareciera alinear a los recurrentes, por lo cual decide expulsarse la formación ciudadana de su tradicional lugar en la educación. (Algo a lo cual los mismos recurrentes pudieron acogerse eventualmente si en algo se sintieran perjudicados.)

A través de una resolución de la Corte de Apelaciones, la frase fundacional de fray Camilo fue expropiada. Deberíamos sentir vergüenza.

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