En boca de muchos

Invocar elitismo para amordazar discusiones

«Es que esas son discusiones de élite».

Esta frase parte de un supuesto: que las discusiones políticas sólo son válidas en la medida que éstas puedan ser comprendidas por la mayor parte de personas posible. De otra forma, son irrelevantes y deben quedar confinadas en el cajón de las «pajas mentales».

Quienes trazan esta frontera del elitismo descalifican la legitimidad de una controversia a partir de una actitud laissez-faire intelectual llevada al paroxismo, según la cual cada persona debe pensar por sí sola al punto de que debe llegar por sí sola a sus propias conclusiones en la medida de las habilidades cognitivas que disponga. Y si no llega la suficiente cantidad de personas a participar de una discusión, ésta se clausura por falta de un cuórum arbitrariamente imaginado.

Pero no. Todos las controversias tienen derecho de ser planteadas. Todos los temas pueden ser pensados más allá de la academia, de una junta de vecinos o de una organización no gubernamental. El planteamiento de una controversia es legítimo, como también lo es convocar a la ciudadanía (sea ésta afectada o no por este problema) a formar parte y a adoptar una opinión.

Sin embargo, como ya se dijo, una persona ajena a una controversia no siempre tendrá las habilidades para descubrir por sí misma la existencia de una controversia en su entorno, pero además es posible que tampoco comprenda necesariamente las raíces sociales y culturales de tal controversia.

Y la carencia de dichas habilidades no debe ser asumida como el rechazo a priori de una persona a involucrarse y a formarse una opinión en una controversia, pues someter la carencia de estas habilidades a parámetros de elección iguala un aspecto político a la misma lógica que determina la popularidad de un programa de televisión según el rating que marca.

Dado que los problemas existen independientemente de que nosotros los percibamos (o bien tengamos conciencia de los mismos), éstos no pueden ser invisibilizados por el solo hecho de que no estén masivamente concienciados. La realidad de nuestro entorno no son facetas elegibles como si ésta se tratara de un producto. El hecho de no prestar atención sobre una faceta de nuestro entorno no hace que esta faceta desaparezca con el tiempo. Y suponerlo invisibiliza la responsabilidad de la educación cívica, ahogada por el supuesto de que la formación ciudadana es adoctrinante.

Además, pensar que los problemas sólo existen cuando se tiene masiva conciencia de éstos lleva consigo una peligrosa idea: que la conciencia se mueve de forma orgánica. Falso. No siempre se tiene la fortuna de descubrir por uno mismo un error dentro de un entorno cuyos usos y costumbres son tenidos por algo natural.

Esa es la función de la educación cívica: difundir a la comunidad la existencia de problemas de los cuales no se tenía previa conciencia, por cuanto eran asumidos como una cuestión natural. Sin ir más lejos, antiguamente, se creía que la mujer era inferior al hombre en dignidad y, más recientemente, se hablaba de lo homosexual como «invertido». Y qué fue si no la educación cívica lo que cambió las percepciones de la ciudadanía.

La conciencia de algo no debe quedar a merced de lo preexistente.

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En boca de muchos

La oposición social

Recuerden en los tiempos cuando Pablo Longueira era el candidato de la UDI a las primarias presidenciales (antes de renunciar; después de que la opción a La Moneda de Laurence Golborne se volviera inviable, tras las cuentas detectadas en un paraíso fiscal). Entonces, el exministro de Desarrollo Social Joaquín Lavín declaraba la razón por la cual Longueira era mejor que Andrés Allamand.

«Allamand apunta al centro político, en cambio Pablo apunta al centro social».

Los dos son el «centro». ¿Pero de qué se habla cuando se habla del «centro»? Se habla, primero, de la vocación aglomerante que habita las mentes de nuestros políticos más conservadores; segundo, de ubicar a través de un lugar en el espectro político el «sentido común», «el justo medio». El autoproclamado «centro» instrumentaliza el eje izquierda/derecha para definir una polaridad alternativa, como si dicho «centro» fuera el prisma desde el cual se descomponen los colores de las variaciones ideológicas. En consecuencia, los autoproclamados pueden perfectamente entroncar el «conservadurismo» con cuestiones de «neutralidad» (ejem, El Ladrillo), «objetividad» y «racionalidad».

Ahora bien, los mismos autores de esta cómoda y privilegiada posición en el espectro político han inaugurado un nuevo concepto: «la oposición social».  Esta expresión surgió en un seminario ocurrido el lunes pasado en el antiguo Congreso Nacional de Santiago, en el cual participaban principalmente figuras vinculadas a la Alianza y, particularmente, a la Unión Demócrata Independiente.

¿Qué quiere decir la invocación a lo «social»? Recurriendo a Lavín-hablando-de-Longueira, lo «social» es una oposición a lo «político». Nuevamente, una polaridad artificial levantada por los prismas arrogados. ¿En qué consiste esta polaridad? En que lo «político» es algo desconectado de lo «social». Lo «político» sería la discusión técnica, de cuya ocupación deben hacerse cargo «los expertos», voto de confianza (ciega y permanente) mediante de la comunidad; mientras tanto, lo «social» se trata de lo comunitario y lo doméstico. En consecuencia, en el lexicon aliancista, lo «social» se reduce a la búsqueda de la empatía forzada como procedimiento burocrático.

Precisamente, esta férrea delimitación los dejó perplejos.

Expresiones como «oposición social» no significan tanto por lo que afirman, sino por lo que niegan. Esta enunciación esconde la sorpresa de los líderes opositores al ver a «la gente» preocupada de «lo político», de esas cosas más complicadas cuyas decisiones solían dejar a la determinación y confinamiento de «los expertos». Como si les sorprendiera la existencia de un electorado más allá de las dádivas de campaña y el clientelismo. Como si les sorprendiera la posibilidad de organizarse en cuanto se tiene conciencia de horizontalidad. Como si les sorprendiera una organización social como la CONFEPA (cuyo ruido, en todo caso, ha perdido bastantes decibeles conforme han pasado las semanas), defendiendo los ideales de derecha.

Volviendo a la perplejidad, surge una pregunta: ¿Acaso, hasta ahora, jamás habían visto a la ciudadanía como un par? ¿Por eso están sorprendidos?

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Ideología

Patricio Melero y la soberanía relativa

Estas son dos frases dichas por el diputado y expresidente de la Unión Demócrata Independiente Patricio Melero, publicadas en el diario Pulso en la edición de hoy jueves 11 de septiembre, a propósito de los 41 años del golpe de Estado que instauró la dictadura militar de Augusto Pinochet.

UNO:

«Siempre vamos a defender la legitimidad de la intervención militar en Chile, tal como lo representó la Cámara de Diputados, la Corte Suprema, el Colegio de Abogados y una inmensa mayoría de los ciudadanos como único camino para salir del quebrantamiento de la paz social al que había llevado la Unidad Popular, muy distinto es que nosotros no dejemos de condenar con toda la energía y fuerza las violaciones a los derechos humanos».

El primer punto para considerar en este enunciado tiene que ver con «la legitimidad de la intervención (sic) militar». Es decir, a través de esta unidad, Patricio Melero considera razonable la posibilidad de que las posibilidades políticas sean emanadas por agentes externos ajenos a la soberanía popular y los canales propios de ésta para proponer una alternativa. Derivado de lo anterior, el apego a la democracia electoral y el respeto a la institucionalidad (de nuevo) emanada por la ciudadanía pueden ser clausurados de forma unilateral y arbitraria.

Para garantizar el dicho previamente señalado, Melero usa de aval la existencia de una «inmensa mayoría de ciudadanos», además de presentar las objeciones de los componentes de dos poderes del Estado y de un ente colegiado. Lo primero, para reivindicar en su enunciación a la soberanía popular, aunque le despoje sus derechos inherentes. Lo segundo, para procurar concederle un tono de «institucionalidad» a su punto de vista, proveyéndoles a los entes señalados una visión tecnificante de sapiencia, de nuevo, superior a la soberanía popular.

La cita a «la inmensa mayoría» y la cita en torno a los referentes de institucionalidad son ambas una aglomeración seleccionada de elementos tendientes a favorecer la postura propuesta por el diputado UDI, es decir, un caso de cherry picking, también conocido como falacia de la supresión de pruebas.

Esta falacia, encima, recurre a otra falacia: el argumento ad populum, toda vez que concede «legitimidad» a la «intervención» (sic) bajo el supuesto de que una mayoría la pide. No obstante, esa mayoría fue delineada previamente por la cabeza del propio Melero, en su propia creación de significantes.

La soberanía, digamos, inducida de esta «intervención» (sic) es propuesta por el expresidente de la UDI como el «único camino para salir del quebrantamiento de la paz social».

En cuanto al «único camino», éste es automáticamente controvertible, por cuanto Melero mismo se abstiene de contemplar otras alternativas dentro de los márgenes institucionales existentes en aquel momento. En consecuencia, no es que sea en estricto sentido el «único camino», sino que es el «único camino» que el congresista considera particularmente razonable, en vista de la posibilidad de otras alternativas: pujar por la convocatoria a un plebiscito revocatorio, por ejemplo. ¿Por qué no resulta concebible para Melero la idea de haberle pedido a esa «inmensa mayoría» a dar cuenta de su condición de tal?

Por otra parte, el «quebrantamiento de la paz social» es una entelequia. Esencialmente, la «paz social» defendida por el gremialista es un concepto vacío. ¿Qué es la «paz social»? ¿Existe algún ordenamiento institucional en torno a este concepto? Pues bien, no hay tal «paz social»: no es algo que haya sido delimitado ni reconocido por el adversario como una cuestión procedimental, pues sólo se trata de otra cuestión previamente delineada por el campo de significantes de Melero.

En vista de estas carencias, se puede establecer que el diputado plantea este concepto vacío para definir su postura a través de éste, con el objetivo de acusar al otro de una imputación que él mismo prescribe arbitrariamente. Para peor, el diputado olvida que la paz se procura con un otro, de modo tal que éste se sienta reconocido en igual dignidad; por el contrario, cuando esta paz se procura contra un otro (como ocurrió en la dictadura cívico-militar), es una forma de domesticación de la soberanía a través de la pacificación.

Melero cierra su enunciado proponiendo una separación entre el golpe de Estado y las violaciones a los derechos humanos. El error: no se trata solamente de condenar las violaciones a los derechos humanos, sino la razón por la cual éstas son perpetradas.

El golpe de Estado surgió como un movimiento cívico-militar tendiente a acabar con un gobierno democráticamente elegido e institucionalmente validado por un periodo delimitado. Asimismo, este movimiento pasó por encima de las posibles alternativas de soberanía popular (entiéndase plebiscito o afines) que pudieron haberse empleado para dirimir de forma pacífica e irrevocable la controversia en torno a la legitimidad del mandato de Salvador Allende. Además, el golpe clausuró los espacios de deliberación en donde se desenvuelven los ciudadanos, sean sindicatos, centros de estudiantes o el mismo Congreso Nacional.

Los actos señalados procuraban neutralizar arbitrariamente (valga la redundancia) una ideología, a través de su criminalización. Se pretendió establecer una autoafirmada «paz social» por medio de la negación, la opresión y la persecución del adversario, devenido en enemigo. Todo lo anterior terminó convertido en violaciones a los derechos humanos.

Resulta cómoda para Melero la separación entre el golpe y las violaciones a los derechos humanos, pues separa mediante la oportunidad que dan los años pasados el daño colateral derivado del incidente que avala.

 

DOS:

«Imposiciones totalitarias de una minoría sobre una inmensa mayoría, como ocurrió con la Unidad Popular, no deben volver a ocurrir, como tampoco la necesidad de tener que recurrir a las Fuerzas Armadas».

Como en el punto previo, el gremialista vuelve a invocar las inmensas mayorías. Esta vez, contrapuestas a «imposiciones totalitarias de una minoría». Melero sigue fallando en cuanto a afirmar una situación (la existencia de una mayoría) que no fue objetivamente comprobada dentro de los parámetros de soberanía popular estipulados institucionalmente. No hubo elecciones cuyos resultados pudieran comprobar el supuesto de la existencia de «una minoría» avasallando a una «inmensa mayoría».

Aparte de lo anterior, el diputado nos lleva a un dilema que se plantea subyacente en su enunciado: ¿Cuánto dura la legitimidad de una autoridad o la de un gobierno elegido popularmente? ¿La legitimidad emana de su elección y su mandato debe respetarse hasta el término de éste o bien la legitimidad es algo que la autoridad debe actualizar día a día? La primera posibilidad se aviene mejor con los regímenes presidencialistas; la segunda, con los regímenes parlamentarios. Sin embargo, los regímenes presidencialistas no pueden soportar autoridades severamente cuestionadas: independientemente de los motivos que los llevaron al agujero del desdén, desde Richard Nixon en Estados Unidos hasta Fernando de la Rúa en Argentina; incluso François Hollande, cuya escasa popularidad lleva a una mayoría de los franceses a pensar en la conveniencia de que el presidente socialista concluya su mandato de forma anticipada.

Si concedemos que las «imposiciones totalitarias de una minoría» son controvertibles en sí mismas y que éstas «no deben ocurrir», entonces, la lógica del diputado se allegaría con la forma como los regímenes parlamentarios estiman la legitimidad de una autoridad. Debido a lo anterior, la controversia hacia el gobierno de Sebastián Piñera en el invierno de 2011 (quince meses después de haber asumido), acaecida por la impopularidad hacia su figura y hacia los cuestionamientos en torno a las medidas con las cuales buscaba solucionar los conflictos sociales, debería haberse acabado con la renuncia de Piñera. Sin embargo, la figura UDI nunca propuso el término anticipado del gobierno anterior.

Mientras la legitimidad sea delineada de forma oportunista y fluctuante, el punto de vista esgrimido en nombre de la legitimidad perderá peso, por cuanto la legitimidad quedará amarrada a la conveniencia de quien sea el sujeto o la cuestión en controversia. Y Melero prefiere perder peso.

Como si lo anterior no bastara, el congresista aún estima como una cuestión factible el «recurrir a las Fuerzas Armadas», sobre la lógica de que «A no debe ocurrir para que no ocurra B», estimando B como una posibilidad higiénica. Pero las Fuerzas Armadas no son una posibilidad higiénica de la autodeterminación. La sola idea de concebirlo implica validar la clausura de la democracia electoral y de su institucionalidad por fines arbitrarios y confiscatorios de la deliberación ideológica, tal como se indica al inicio de este artículo.

Para peor, Patricio Melero considera razonable la invocación a las Fuerzas Armadas con respecto a un otro adversario, de modo tal que el diputado se concibe a sí mismo como portador de una visión superior (y más razonable) que las de un otro adversario. Él se ve a sí mismo como alguien con la estatura moral para poder prescribir un concepto de democracia antojadizo que sobrepasa a la soberanía popular y con un delineamiento arbitrario de ideologías que son estimadas admisibles.

Melero aún estima que la deliberación política puede ser clausurada. Melero aún desconfía de la soberanía popular y se siente por encima de ella, delimitando unilateralmente la expiración del ejercicio de la autodeterminación. Melero aún avala las Fuerzas Armadas como un ente deliberante, a pesar de las consecuencias aprehendidas mediante la memoria histórica. En 2014, siendo 11 de septiembre, Melero aún relativiza la soberanía.

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Ideología

Reaccionar como un cuerpo

«La economía responde con celeridad a las señales, las buenas y las malas».

Estas fueron las últimas palabras de la columna quincenal del economista y exministro del gobierno anterior Juan Andrés Fontaine. Fontaine se hizo conocido estos días, junto con su hermano Bernardo, por haber participado en la famosa «cocina» de la reforma tributaria.

Ordenemos este enunciado en lo que es conocido como el esquema oracional básico: «Alguien responde a algo así». «Alguien», el sujeto, la economía. El «algo», las señales, entendidas como estímulos. Y «así», el modo, refiere a la celeridad.

Pues bien, la respuesta a un estímulo varía según la complejidad de cuanto se estimule. Mientras más complejo, más demorará en reaccionar. Si se trata de una cuestión social, en la cual muchos intereses están en juego, las partes que se sientan más beneficiadas por un estímulo estarán más dispuestas a reaccionar que las partes que se sientan perjudicadas por éste. Menuda perogrullada.

Si un ente responde con celeridad, debe ser porque su complejidad es menor. ¿Qué puede ser lo más simple? Un sistema con menos implicancias. Un sistema orgánico. ¿Entonces? En vista de la celeridad, quizá el estímulo provoca una reacción orgánica, como si se tratara de un cuerpo humano, cuyos esfínteres no requieren de una tercera persona para su funcionamiento. La celeridad depende de cuán simplificado sea un sistema.

Si la economía reacciona con celeridad, en consecuencia, reacciona como un cuerpo, reacciona en simplificado. Reacciona mediante decisiones en formateado, a través de un encadenamiento de pensamiento entre ideología, teoría y práctica que funcionan en estricta sincronía y unanimidad: elemental corporativismo.

Lo anterior, lleva consigo un conflicto. La economía (entendida como un cuerpo, reinterpretando la frase de Fontaine) debe rendir cuenta de sus cualidades unificadas y estandarizadas en un espacio público donde existen posiciones en controversia y donde existe la posibilidad de disentir. Si la economía corporativista reacciona en un disenso neutralizado, queda una inquietud implícita: ¿El espacio público debe rendirse ante la unanimidad del sujeto economía y supeditar sus decisiones en torno a esa unanimidad o bien controvertir su unanimidad y exhortar al sujeto a que participe de las controversias que existen afuera de su ecosistema normalizado?

En la primera alternativa, la proclamada por Fontaine y sus adláteres, el espacio público debe supeditarse al sujeto economía y la política debe operar desde la economía. En la segunda, la economía debe moldearse en función de la política y la economía debe funcionar desde el espacio público. Sin embargo, la economía forma parte del espacio público, por lo cual estas dos alternativas representan un falso dilema, pues la primera alternativa funciona como una aduana del pensamiento y la deliberación política, clausurando debates que se consideren unilateralmente extemporáneos a la técnica del sujeto economía (es decir, a su normalización, a su ethos corporativista).

La celeridad no se lleva bien con las divergencias políticas. ¿Cuántas discusiones nos ahorramos en el allanamiento de un fast track para el sujeto economía? ¿Cuántas posturas quedan aisladas en virtud de complacer a pareceres unificantes? ¿Es razonable ahorrarse discusiones?

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Ideología

Camilo Escalona: la vaguedad y el inmovilismo

Estos son fragmentos de una entrevista dada por el exsenador socialista Camilo Escalona a The Clinic en la edición del pasado jueves 21 de agosto.

UNO

«Con protagonistas que tienen una identidad diferente, puedo tener objetivos compartidos. Y no tengo que tratar de cambiar esa identidad, sino que la debo respetar e incluso promover, porque sólo de esa diversidad puede surgir la mayoría que se necesita».

La primera frase de Camilo Escalona es ambigua. Tan ambigua que de ella se pueden formular preguntas más que buscar respuestas.

¿Cuáles diferencias? ¿Cuáles objetivos? Porque no queda claro si son diferencias insalvables o diferencias accesorias. ¿Cuáles objetivos? Tampoco queda claro si son objetivos cívicos u objetivos ideológicos. Tampoco queda claro si no está siendo impropio, metiendo lo cívico en el cajón de lo ideológico y viceversa.

Ahora, vamos al inicio de la segunda frase. Las identidades no se tienen que cambiar (¡obvio!), pero el respeto es relativo. Y volvemos a las preguntas. ¿Toda postura merece el mismo respeto sólo por el hecho de existir? ¿Esa postura es respetuosa de la civilidad? Las inquietudes son relevantes en la medida que existen posturas que favorecen el debate político y otras que se encierran en sí mismas defendiendo fines corporativistas. Y son relevantes porque existen posturas homofóbicas o bien planteamientos que desconocen la democracia representativa, pretendiendo llevarse la pelota para su casa, cual Quico.

Por lo mismo, no se puede afirmar universalmente que toda postura merece el mismo respeto sólo por el hecho de existir. Quizá el parámerto más razonable para estimar el respeto proviene de la famosa frase de Ana María Polo, la árbitro de Caso Cerrado: «respete para que lo respeten».

Sigamos.

Cuando el exsenador se refiere a promover la identidad de otro, tampoco queda claro el punto. ¿Se trata de promover a una visión hegemónica que ya tiene suficiente con lo cual promoverse o se trata de promover visiones invisibilizadas por la hegemonía? Si fuera lo primero, ¿qué ganaría yo promoviendo una visión más poderosa que la mía? ¿Por qué debería hacerlo? ¿Es acaso la política un servicio de hotelería en el cual debo tratar al otro como si fuera mi pasajero? Si fuera lo segundo, ¿dónde están las visiones invisibilizadas que están siendo divulgadas en estos momentos?

Para peor, y yéndonos al final del enunciado de Escalona, si de la diversidad puede surgir la mayoría, ¿cuánta diversidad puede caber en la construcción de una mayoría sin que se supriman los aspectos esenciales de cada visión política? ¿Cuánto es el mínimo y cuánto es el máximo? Resulta importante hacerse estas preguntas, por cuanto una aspiración de maximizar las mayorías nos haría caer en el inmovilismo. Con ello, se corre el riesgo de anular el debate político antes de discutir siquiera los puntos controvertibles, ahorrándonos un debate, como si resultase más económico no debatir. Como si existiera una ilusión de ganancia política detrás del no debatir: la posibilidad de lograr una cohesión homogeneizante.

 

DOS

«Las sociedades (se) tienen que ir abriendo paso con un mayor grado de acuerdo a sus decisiones. No porque yo lo crea tengo que pensar que los demás están preparados para que eso se decida de esa forma».

¿Qué significa «un mayor grado de acuerdo»? Eventualmente, se trata de aglomerar intereses para lograr una mayoría circunstancial, desconociendo el propósito de la ideología en la política y la necesidad del debate entre ideologías para poder tener una política sana. Quizá se trate de convocar al «justo medio», la «unidad nacional» o alguna de esas expresiones monolíticas corporativistas que aún en 2014 nos persiguen y que consideran el debate una amenaza a la democracia (!).

Ahora bien, vamos a la coyuntura de los alineamientos en el Congreso Nacional. ¿Por qué, si formo parte de un sector progresista mayoritario, pienso que es más razonable convocar a un sector conservador para hacerlo sentir parte de mi proyecto político? ¿Por qué, para más sorpresa, debo confortar a dicho sector, morigerando mis propuestas si (téngase presente) soy mayoría y mi sector político fue elegido para llevar a cabo un programa político? Nuevamente, la pregunta del punto anterior: ¿Es acaso la política un ejercicio de hotelería?

Pareciera ser que Camilo Escalona naturalizó el «acuerdismo» de la transición a tal punto que estima adecuado perpetuar la práctica, pese a que su existencia se explicaba en la necesidad de hacer pasar leyes en tiempos cuando la entonces Concertación no disponía de las mayorías necesarias en el Congreso Nacional para poder hacer los cambios en la medida de lo deseable, merced al sistema electoral binominal (y, hasta los inicios de la década pasada, a los senadores designados). ¿Por qué ahora, cuando es la primera legislatura en 24 años que no necesita morigerar un programa político para poder pasar leyes en el Congreso, lo reivindica?

Continuemos.

¿Qué significa invocar el hecho de que un otro deba ser esperado para que los cambios políticos sean posibles? Eso significa considerar la existencia de bandos políticos rezagados en la cognición, los cuales deben ser esperados hasta que logren ser promovidos al nivel de aceptabilidad académica y, mientras ocurre eso, los demás movimientos políticos deben acomodar sus nalgas en la sala de espera mientras los adversarios están juntando las letras.

Además, la idea de esperar a que el otro «esté preparado» no se trata más que de esperar la unanimidad, cuando los gobiernos (ejem) gobiernan en función de mayorías. ¿En qué momento la búsqueda de la unanimidad hace algo más salvable? Este aserto de Escalona pretende reivindicar los avances políticos en función de los pasos de una tortuga símbolo de una verdad única.Nuevamente, los tintes corporativistas y la pretensión de garantizar la cohesión de la identidad nacional.

 

TRES

«Yo no quiero que se desate la intolerancia en Chile y he visto que se puede desatar».

Escalona considera una apertura del debate político como la puerta de entrada a la «intolerancia». ¿En qué momento el debate político pasó a ser la puerta de entrada para una guerra civil? ¿Es que acaso la disputa por el poder sólo puede ser una guerra santa entre ideas antagónicas? ¿Acaso el debate político debe ser hecho a cuentagotas para evitar exaltar a algún contradictor?

Resulta inadecuado acusar la falacia de «la intolerancia de los intolerantes» con el objetivo de hacer más lento el paso, con el fin de satisfacer al interlocutor con servicios de hotelería. Eso que se denomina «la intolerancia de los intolerantes», en virtud de las condiciones de enunciación, no es más que la confusión y la incapacidad de distinguir entre ideología y procedimiento.

Porque la ideología es lo que se puede controvertir y disputar, mientras que el procedimiento es una cuestión espacial, en donde se desenvuelven y conviven las ideologías. Por lo mismo, meter al saco de las ideologías cuestiones procedimentales nos lleva a cuestiones de guerra santa. En consecuencia, poner en entredicho el procedimiento (el ejemplo más básico: los Derechos Humanos) resulta cívicamente impropio. Plantear que un contradictor tiene un pensamiento errado por lógica o por estar reñido con la incivilidad no implica un ejercicio de intolerancia, sino uno de denuncia cívica. Y no es responsable cívicamente darles cabida a todas las expresiones por el hecho de existir, sino que estas deben mantenerse en un marco de respeto y voluntad de convivencia.

Volviendo a Ana María Polo, «respete para que lo respeten».

 

FINAL

Las confusiones del exsenador socialista incuban los fantasmas de discusiones intestinas que niegan al otro. Sin embargo, dichas discusiones parten de la base de que en el espacio público sólo hay espacio para una verdad. Aquello es falso. La distorsión política estriba en que nosotros asumimos dicha falsedad como un hecho cierto, esencialmente, por el hecho de provenir de países con matriz católica, una religión codificada, a diferencia del protestantismo (recurriendo a Loris Zanatta).

En nuestro espacio público, caben diferentes perspectivas, caben las mayorías, cabe el respeto a que las mayorías se ejerzan, cabe el derecho a que esas mayorías dejen de serlo y puedan ser controvertidas y deslegitimadas sin que ello sea considerado sedicioso (es decir, que pierdan la confianza del respetable: Sebastián Piñera, en agosto de 2011, o el caso más extremo de Fernando de la Rúa en Argentina, en diciembre de 2001), cabe el derecho de las minorías de tener vocación de mayorías y procurar conquistar el poder. Cabe el derecho de discutir. Cabe el derecho de estar en democracia y de hacer las luchas que estimemos convenientes por abrir las fronteras.

Camilo Escalona queda expuesto en su anacronismo, en su escasa noción de convivencia cívica, en su tolerancia hacia el corporativismo, en su entreguismo y (lástima para él) en su ignorancia.

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Lecturas

Loris Zanatta y la supresión del debate

El Populismo - Loris Zanatta


El planteamiento de posturas políticas en estas semanas plasma un problema característico del debate político.

En realidad, no.

Lo que nosotros llamamos «debate» no es estrictamente un «debate», sino un mero planteamiento de posturas, por cuanto nuestro espacio político prefiere tender al empate, en lugar de propender a un veredicto final sobre las posturas que se enfrentan. Esta lógica nos acerca más a la reducción de las posturas ideológicas a múltiples (?) puestos en una feria: usted puede probar el que mejor le plazca y usted elige por lo que cada postura anuncia. Como si la política fuera un roadshow. Y no: es debate. (De paso, ruego que lean este artículo que escribí en Paniko sobre el tema.)

 

¿Por qué nos pasa esto?

Loris Zanatta (italiano, profesor de la Universidad de Boloña, experto en temas latinoamericanos) propone en El Populismo, libro recientemente editado en español por Katz, la existencia de una inclinación prácticamente natural de los países latinos en ambos lados del Atlántico por un espacio político fértil para la existencia del populismo, del caudillo y del discurso refundacional.

¿Qué hace a los países latinos tan permeables al populismo? Según Zanatta, todo parte en los resabios católicos de nuestra cultura. «En la historia del catolicismo latino se destacan, en suma, dos elementos claves ya vislumbrados en el núcleo de los populismos: el imaginario orgánico, o sea una tradición basada en la uniformidad de la comunidad política, asegurada por la homogeneidad de la comunidad política, asegurada por la homogeneidad espiritual; y la perenne resistencia o reacción de esa comunidad a las corrientes extrañas que ella temía que la disgregasen» (Zanatta; 82). Lo anterior nos conduce a una suerte de inclinación natural hacia formas políticas que nos hagan participar de la ilusión de formar parte de un gran bando unitario.

Y, bueno, ¿en qué se parece a la realidad chilena un libro que habla sobre el populismo? Pues bien, para el italiano, los pueblos latinos se sienten más cómodos en un espacio público homogeneizante (ejem, el gen católico). Mientras en «el Occidente anglosajón el desarrollo de la democracia representativa ha permitido atenuar y canalizar el potencial destructivo del populismo favoreciendo procedimientos institucionales y códigos culturales dirigidos a transformar al enemigo en adversario, al Bien en algo excluido del régimen de monopolio y al conflicto social en un fenómeno fisiológico que se debe regular e institucionalizar, en el mundo latino esa transformación ha resultado y a veces todavía resulta más difícil y superficial» (Zanatta; 202).

Zanatta deja entrever que los países protestantes lograron su cohesión como estados nacionales a partir de la controversia en torno a la fe, Martín Lutero mediante. En cambio nosotros, pueblos herederos de una religión estrictamente codificada, no podemos vernos sino como participantes de un ente monolítico. Lo anterior abona el campo para estructuras corporativistas, mediante las cuales se promueve al más virtuoso y al más capacitado, dentro de las cualidades del hombre ideal delineadas por el espacio político correspondiente, pues «para el populismo, el pueblo será depositario de la soberanía solamente en una sociedad que recupere su unidad holística» (Zanatta; 31).

A diferencia de países con bases protestantes, en un país como Chile, no tenemos la costumbre de debatir la política, con lo cual se cae en el vicio de problematizar el debate y de acusar al otro de enemigo. Sentimos comodidad en la medida que exista un discurso común, que neutralice (o, derechamente, elimine) los elementos que lo subviertan, por cuanto «las divergencias de ideas terminan por convertirse en una expresión ilegítima de disenso, de inadaptación al mundo cultural, religioso, político y social de la mayoría del ‘pueblo’, entendida como todo el pueblo» (Zanatta; 113).

Entonces, el poder busca el control de las masas a través del surgimiento de un discurso unitario (tremenda novedad), al cual llama «su pueblo»: un pueblo basado en una abstracción de aspectos lindantes en la fe religiosa, desde el cual se prescriben márgenes dentro de los cuales podremos obtener la salvación, una salvación excluyente, so pena de caer en la seducción de proclamas «antipopulares» y sediciosas.

 

LA UNIDAD NACIONAL

Si bien Zanatta considera que la homogeneización sólo ocurre a través de una hegemonía amparada en un poder institucional oficial, esta estructura no pareciera ser diferente a los cantos de nuestro folclor que son interpretados por algunos de los partidos políticos que se disputan el poder oficial. ¿Por qué? Porque el discurso de «centro» o la búsqueda de la «unidad nacional» recurren a los mismos parámetros distorsionadores de la deliberación.

Permítanme proponer algo que no está en las palabras del autor, pero que puede llegar a concluirse por medio de la lectura de su obra: a partir de la vuelta a la democracia, en nuestro país, se ha tendido a alcanzar la convocatoria popular a través de una negociación que nos conduzca a un supuesto «justo medio» que nos garantice cohesión. Sin embargo, el «justo medio» no es más que un discurso homogeneizante. Factorizamos nuestra realidad y nuestro entorno, aplicando una fórmula que nos conduzca a un mínimo común: el «acuerdismo», modelo que nos expropia de la posibilidad de disputar mayorías derivadas de un debate, en vista de que en nuestro país las mayorías se aglomeran.

En consecuencia, (permítame, profesor Zanatta, seguir reinterpretándolo) el poder deja de tratarse de una búsqueda de mayorías, mirando la cara a la soberanía popular, y pasa a ser una aglomeración de mayorías, relativizando la soberanía popular.

Volvamos al patrón planteado por el italiano.

Primero, tenemos la tentación vocacional por la cohesión forzada, en nombre de la búsqueda por el objetivo común (entendida como nuestros discursos de «justo medio», el «consenso», el «centro», la «unidad nacional»).

Segundo, este objetivo común nos conduce a estructuras corporativistas desde las cuales se promueven equipos de tecnócratas que nos propondrán desde una autoproclamada neutralidad soluciones justas y razonables para nuestras políticas públicas: en rigor, se trata de personas afines o relacionadas a los fines de «El Ladrillo», provenientes de centros de pensamiento que abarcan (?) desde Libertad y Desarrollo hasta Cieplan.

Tercero, punto menos frecuente, como consecuencia del movimiento estudiantil de 2011, se estigmatiza y amenaza a los objetores de la neutralidad encarnada en las figuras del punto anterior, toda vez que se les considera «inadaptados».

 

LA REDENCIÓN

He ahí el daño colateral de la vocación por la unificación. Los objetores levantan una rebelión contra lo establecido previamente sobre los mismos parámetros de cohesión forzada y espíritu corporativista de sus propios contradictores. Quizá no busquen efectivamente el populismo, pero sí articulan un discurso mediante pretextos que les ayuden a erigir una verdad más verdadera que las demás. «El impulso redentor tiende a transformar los conflictos políticos en guerras religiosas, en un enfrentamiento entre la verdad absoluta y la palingenesia opuesta» (Zanatta; 199).

«El impulso redentor» lleva a estas organizaciones contrahegemónicas a anunciar con fervor eclesiástico que ellas sí son las portadoras de la verdad. La prédica de esta verdad se basa en la negación de un otro ajeno, sea el otro proveniente de la neutralidad del «acuerdismo» o el otro proveniente de expresiones contrahegemónicas que considere de menor nivel.

Cada agrupación objetora desdeña (o, por lo menos, desconfía) la democracia representativa y sus expresiones electorales, principalmente el Congreso Nacional y las formas como los políticos buscan llegar al Poder Legislativo. Cada agrupación preferiría una forma legislativa más cercana a su verdad, en la cual se excluya o minimice la deliberación de otras verdades, invocando la estatura moral de «sus» líderes, tal es el caso de los «líderes sociales» del imaginario de ciertos referentes de contrahegemonía de izquierda. A su vez, cada agrupación preferiría un gobierno corporativista en el cual los hombres más virtuosos que habitan en sus imaginarios determinen los quehaceres del país, en nombre del significante de «pueblo» al cual buscan reivindicar y salvar del emporcamiento.

La presencia de esta vocación por «la uniformidad de la comunidad política» limita el debate. Además, limita la posibilidad de convivir con un otro: si no nos gusta el otro, decidimos levantar un «nosotros» que niegue al otro. Retomando al autor (Zanatta; 29), vivimos el conflicto y las diferencias como si estas se tratasen de manifestaciones de debilidad.

Y no. Las diferencias son parte de nuestro espacio político. Estas diferencias se expresan en debates donde se enfrentan las posiciones y no simplemente plantear, como estamos habituados por temor al enfrentamiento. Además, ningún bando puede arrogarse el monopolio del Bien, pues dichos planteamientos inhabilitarán discrecionalmente a la contraparte por el solo hecho de expresar un disenso.

El debate debe ser restituido.


Loris Zanatta | El populismo | Katz Editores, Buenos Aires, Argentina, 2014. | 286 páginas, 11 x 17 cms.
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Ideología

Los fines del capital político

«Cuando tienen el Presidente más popular en muchas décadas, desperdician ese capital político promoviendo iniciativas para satisfacer a un grupo de adolescentes; a intelectuales nostálgicos y a activistas callejeros. (…) Nunca es tarde para mostrar algo de humildad y volver a los fundamentales que permitieron el progreso de nuestro país».

Gerardo Victorino Varela Alfonso, abogado y director de empresas, padre de familia y columnista mercurial de sábado por medio, dejó en su última columna un comentario que provoca una extraña impresión.

Separemos este enunciado en unidades seleccionadas.

«El presidente más popular en décadas», «capital político», «adolescentes, intelectuales nostálgicos y activistas callejeros», «humildad», «fundamentales» y «progreso».

Nos quedan seis unidades.

«El presidente más popular en décadas» (omitamos, por favor, la poca elegancia del columnista de no decir «presidenta») dice relación con el gran resultado electoral de Michelle Bachelet en la segunda vuelta de diciembre de 2013. Ese 62% entre quienes fueron a las urnas a elegir una alternativa fue abrumador y provocó perplejidad entre los sectores opositores.

Concediendo que ese respaldo es «popularidad», el cual se podría vincular con el concepto enunciado por Varela de «capital político», habilita a quien lidera a hacerse cargo del programa por el cual fue elegido.

Que el programa incorpore ideas de «adolescentes, intelectuales nostálgicos y activistas callejeros» no le quita peso en su ejecución, a pesar del matiz peyorativo de la enunciación enumerada, pues se trata de un programa legítimamente validado electoralmente y cuyas ideas siguen siendo mayoritarias hasta ahora, a pesar del surgimiento de grupos de interés de último minuto, como la CONFEPA. Además, mientras el rechazo a una iniciativa no ponga en entredicho la legitimidad del mismo gobierno para llevar a cabo su programa, como efectivamente ocurrió durante la administración de Sebastián Piñera a un año y medio de su asunción, un gobierno no tendría por qué preocuparse por satisfacer mayorías ajenas, en tanto que siguen siendo mayoría.

Si esas ideas contravienen los «fundamentales», quizá sea porque parte del espíritu cívico advenido con el movimiento estudiantil de 2011 consistió en revisar aquellos planteamientos, sus pecados de origen y sus conceptos de persona y ciudadanía. La restitución de una dignidad a través de la cohesión social, más que por el sálvese quien pueda, bien vale la demolición de semejantes «fundamentales» defendidos por el abogado. Y resulta un golpe bajo decir que este cuestionamiento lacerará el «progreso», pues este no puede ser entendido como un procedimiento único, basado en los principios del Ladrillo, como si el manifiesto divulgado en 1974 fuera el único orden natural posible.

Por lo tanto, la «humildad» no es algo que esté del lado de los adversarios del columnista, quienes han ocupado en buena ley los espacios dispuestos por el ejercicio político para poder proponer sus ideas y ganar desde ellas. La poca humildad es del abogado Varela, quien considera «natural» un orden levantado por una dictadura cívico-militar y cuya controversia resulta propia de individuos a quienes sólo puede figurar desde la caricatura: esos «nostálgicos», como si reivindicar la política económica de la dictadura no fuese una «nostalgia» en sí misma.

Para peor, Varela estima que un «capital político» sólo puede ser ejercido (o bien rentado, ya no importa) exclusivamente desde la demarcación propuesta por el orden ladrillesco, como si el «capital político» sólo valiera la pena si satisficiera a sólo un interés en particular, como si el «capital político» estuviera clausurado para su uso reformista, como si el «capital político» no fuera una forma razonable (en tanto que representativa) de aprovechar las instancias para deshacerse de los residuos de una dictadura (impuesta y no representativa).

Si no es para desarrollar proyectos políticos que pueden pugnar contra los intereses de un otro, ¿cuál es el fin de tener un «capital político»? ¿Acaso existe un «capital político» unificante? Porque, hay que decirlo, ese imposible sólo existe en las fantasías de quienes pretenden levantar órdenes corporativistas.

 

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