En boca de muchos

Invocar elitismo para amordazar discusiones

«Es que esas son discusiones de élite».

Esta frase parte de un supuesto: que las discusiones políticas sólo son válidas en la medida que éstas puedan ser comprendidas por la mayor parte de personas posible. De otra forma, son irrelevantes y deben quedar confinadas en el cajón de las «pajas mentales».

Quienes trazan esta frontera del elitismo descalifican la legitimidad de una controversia a partir de una actitud laissez-faire intelectual llevada al paroxismo, según la cual cada persona debe pensar por sí sola al punto de que debe llegar por sí sola a sus propias conclusiones en la medida de las habilidades cognitivas que disponga. Y si no llega la suficiente cantidad de personas a participar de una discusión, ésta se clausura por falta de un cuórum arbitrariamente imaginado.

Pero no. Todos las controversias tienen derecho de ser planteadas. Todos los temas pueden ser pensados más allá de la academia, de una junta de vecinos o de una organización no gubernamental. El planteamiento de una controversia es legítimo, como también lo es convocar a la ciudadanía (sea ésta afectada o no por este problema) a formar parte y a adoptar una opinión.

Sin embargo, como ya se dijo, una persona ajena a una controversia no siempre tendrá las habilidades para descubrir por sí misma la existencia de una controversia en su entorno, pero además es posible que tampoco comprenda necesariamente las raíces sociales y culturales de tal controversia.

Y la carencia de dichas habilidades no debe ser asumida como el rechazo a priori de una persona a involucrarse y a formarse una opinión en una controversia, pues someter la carencia de estas habilidades a parámetros de elección iguala un aspecto político a la misma lógica que determina la popularidad de un programa de televisión según el rating que marca.

Dado que los problemas existen independientemente de que nosotros los percibamos (o bien tengamos conciencia de los mismos), éstos no pueden ser invisibilizados por el solo hecho de que no estén masivamente concienciados. La realidad de nuestro entorno no son facetas elegibles como si ésta se tratara de un producto. El hecho de no prestar atención sobre una faceta de nuestro entorno no hace que esta faceta desaparezca con el tiempo. Y suponerlo invisibiliza la responsabilidad de la educación cívica, ahogada por el supuesto de que la formación ciudadana es adoctrinante.

Además, pensar que los problemas sólo existen cuando se tiene masiva conciencia de éstos lleva consigo una peligrosa idea: que la conciencia se mueve de forma orgánica. Falso. No siempre se tiene la fortuna de descubrir por uno mismo un error dentro de un entorno cuyos usos y costumbres son tenidos por algo natural.

Esa es la función de la educación cívica: difundir a la comunidad la existencia de problemas de los cuales no se tenía previa conciencia, por cuanto eran asumidos como una cuestión natural. Sin ir más lejos, antiguamente, se creía que la mujer era inferior al hombre en dignidad y, más recientemente, se hablaba de lo homosexual como «invertido». Y qué fue si no la educación cívica lo que cambió las percepciones de la ciudadanía.

La conciencia de algo no debe quedar a merced de lo preexistente.

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Ideología

Memoria de la persecución de las ideas

«Se equivocan quienes sostienen que Canal 13 cometió un error al difundir ese reportaje. Los medios tienen derecho (…) a emitir interpretaciones sobre los fenómenos sociales y a alimentar de esa forma el debate público».

El pasado domingo 14, Carlos Peña criticó a los críticos en su columna mercurial. Todo comenzó con un reportaje de Teletrece, a través del cual se buscaba inducir la asociación directa entre los colectivos anarquistas y la violencia contra la policía, coincidentemente el mismo día del bombazo en los locales comerciales junto a la estación de metro Escuela Militar. Para ello, se empleaba musicalización y edición conveniente, reafirmando una tesis por pura inducción y repetición, como si el director general de prensa del grupo 13, Cristián Bofill, quisiera imitar el estilo de Pedro J. Ramírez, el exdirector de El Mundo, conocido por inducir como fuera posible la vinculación de ETA con el 11-M de Madrid (hechos atribuidos por Al-Qaida).

Pues bien, se equivoca el profesor Peña al desconocer la existencia de un error.

En estos momentos, existen grupos políticos que se sienten perjudicados por el sesgo manifiesto de los editores del departamento de prensa de Canal 13. Y se sienten perjudicados porque sus ideas han sido empatadas con el terrorismo, encuadre mediante (es decir, la forma como se presenta la información a través de un medio), en un reportaje cuyas conclusiones se derivan empleando una interpretación cuyos caminos de la narrativa conduzcan a un juicio condenatorio contra una ideología, con el afán de desconfiarla, de desdeñarla y de perseguirla.

Nuestra historia tiene dolorosos antecedentes recientes de persecución por el solo hecho de abrazar y defender una creencia política, sean la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet en 1973 o bien la ley de defensa permanente de la democracia, también conocida como Ley Maldita, sancionada en 1948, durante el gobierno de Gabriel González Videla.

En este último caso, un gobierno sincrónicamente democrático eliminó de los registros electorales a militantes del Partido Comunista, a simpatizantes y a quienquiera se sospechara de su apoyo al comunismo. Asimismo, a sus líderes se les arrestó y/o relegó. En general, se les prohibió cualquier posibilidad de deliberación ideológica.

Este fue el primer gran amedrentamiento manifiesto de anticomunismo. Habido el Estado puesto la vara de la persecución de una ideología, paulatinamente, el anticomunismo militante consideró legítimo neutralizar desde la oficialidad a la amenaza por todos los medios posibles, siendo el momento cúlmine la mañana de un 11 de septiembre de 1973, día cuando se inaugura un periodo de persecución, castigo y exterminio arbitrario por el solo hecho de tener un pensamiento político.

Pues bien, la libertad de expresión limita con la memoria histórica.

¿Qué significa lo anterior? En vista de un vergonzoso legado de persecución ideológica, cuyos resultados son conocidos, no puede sino ser ofensivo emplear dichos o expresiones que reivindiquen incitaciones al odio, a la persecución y a la discriminación, sobre el prejuicio de un otro a quien se le acusa de romper un orden, motivo por el cual merece (por la sola proclama) ser despojado de sus libertades civiles, como si su propia disidencia dentro de un espacio público no importara (si fuera por eso, eliminemos todos los disensos por ser subversivos en sí mismos).

Un medio de comunicación no puede vender de forma tan leve, cual fuera una mera «interpretación sobre los fenómenos sociales», semejante amedrentamiento hacia una ideología. Contrariamente a lo indicado por el rector de la Universidad Diego Portales, no se trata de invocar «un derecho a un trato reverencial» hacia los anarquistas (o cuanto quiera agruparse tras tal denominación): detrás de los exhortos a la moderación editorial de Canal 13, existe un llamado a la no criminalización de una idea.

La mejor forma de «alimentar el debate público» es haciéndolo a partir de la reflexión en torno a nuestra memoria. No solamente deben provocarnos dolor las torturas y las muertes del pasado, sino también el germen del exterminio: las persecuciones ideológicas que siguen latentes hasta el día de hoy.

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En boca de muchos

La humillación del comunicado

Luego del atentado al centro comercial junto a la estación de metro Escuela Militar, empezaron a difundirse sucesivamente los comunicados de prensa de los diferentes partidos, grupos políticos y organizaciones manifestando su repudio al atentado.

Ya se está haciendo un hábito la profusa emisión de comunicados de prensa de repudio en cuanto ocurre algún hecho de violencia con presuntas bases ideológicas (casi siempre, de izquierda).

El problema no está en que una organización exprese su repudio. El problema está en el ambiente que conduce a ese comunicado: pareciera que hay movimientos (casi siempre, a organizaciones más allegadas a la izquierda) forzados por la fuerza de la opinión pública a emitir dicho repudio. Pareciera que el comunicado no busca informar el repudio, sino informar ante los medios de comunicación un desmentido. Como si el responsable del atentado estuviera ubicado entre quienes no publicaron su comunicado, mediante eliminación de sospechosos.

Como si no sonara lo suficientemente humillante, el comunicado debe emitirse lo más rápido posible, como si se tratara de un control preventivo de daños, para llegar primero a decir «lo repudiamos, ¡pero yo no fui!» La idea es no pagar el precio de quedar como apologistas por la idea de abstenerse de divulgar el repudio.

Para peor, el repudio debe ser expresado de forma simplona. Es imperativo decir «categórico rechazo», para no quedar entrampado en los matices. Porque el mensaje debe estar desprovisto de matices: lo más blanco posible, pues cualquier gris implica una mancha de negro.

En consecuencia, en momentos como estos, no se puede hablar de las razones de la violencia. Cualquier expresión contextual de la realidad cultural pasa a ser acusada ex ante de relativización del hecho sobre el cual se informa el repudio.

Y no pareciera cuestionarse por qué se ha naturalizado un discurso de repudio desprovisto de cualquier contextualización. No pareciera tenerse en cuenta que el repudio unívoco (como si todos los comunicados tuvieran que decir exactamente lo mismo) resulta totalitario.

Pareciera que discutir estos parámetros de repudio unívoco es una subversión (!), subversión que entorpece la comprensión del espacio público en el cual estamos. Y no. No es una subversión, sino denunciar una censura, pues las posibilidades del espacio público resultan ser más amplias que las de un simple «rechazo sin matices».

Simplificar hasta estos puntos la comunicación infantiliza a la ciudadanía.

Mientras más unívocos sean los planteamientos que fundamentan cada repudio, más se está avalando a una visión hegemónica y más se invisibilizan las complejidades detrás de una acción política controvertible.

En lugar de que los comunicados ofrezcan a los ciudadanos explicaciones de la realidad, ofrecen reduccionismos y caricaturas. Quienes están más a la izquierda, parecieran estar presionados por las fuerzas ubicadas más hacia la derecha, como si estas últimas estuvieran esperando cualquier posibilidad para acusar a sus contrapartes de ayudistas de un discurso violentista y terrorista.

Cada comunicado de repudio debe estar en la medida de las convicciones ideológicas de cada organización. Y los matices que cada organización proponga deben explicar a la ciudadanía por qué las cosas no son tan simples como parecieran ser. Y las contrapartes no deben usar estas explicaciones como una relativización de la violencia, sino como una fundamentación de las razones que nos conducen a la violencia. Las contrapartes, además, deberán evitar colaborar con la simplonería política, por lo cual les tocará abstenerse de calificar a estas explicaciones como apología de la violencia, pues eso no es más que una torcedura de la realidad convenientemente mañosa.

Es necesario que las expresiones de repudio incorporen mejores razones. Las ideologías no pueden sufrir la microagresión del prejuicio de la comunidad, alimentada por sectores más reaccionarios.

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Ideología

Patricio Melero y la soberanía relativa

Estas son dos frases dichas por el diputado y expresidente de la Unión Demócrata Independiente Patricio Melero, publicadas en el diario Pulso en la edición de hoy jueves 11 de septiembre, a propósito de los 41 años del golpe de Estado que instauró la dictadura militar de Augusto Pinochet.

UNO:

«Siempre vamos a defender la legitimidad de la intervención militar en Chile, tal como lo representó la Cámara de Diputados, la Corte Suprema, el Colegio de Abogados y una inmensa mayoría de los ciudadanos como único camino para salir del quebrantamiento de la paz social al que había llevado la Unidad Popular, muy distinto es que nosotros no dejemos de condenar con toda la energía y fuerza las violaciones a los derechos humanos».

El primer punto para considerar en este enunciado tiene que ver con «la legitimidad de la intervención (sic) militar». Es decir, a través de esta unidad, Patricio Melero considera razonable la posibilidad de que las posibilidades políticas sean emanadas por agentes externos ajenos a la soberanía popular y los canales propios de ésta para proponer una alternativa. Derivado de lo anterior, el apego a la democracia electoral y el respeto a la institucionalidad (de nuevo) emanada por la ciudadanía pueden ser clausurados de forma unilateral y arbitraria.

Para garantizar el dicho previamente señalado, Melero usa de aval la existencia de una «inmensa mayoría de ciudadanos», además de presentar las objeciones de los componentes de dos poderes del Estado y de un ente colegiado. Lo primero, para reivindicar en su enunciación a la soberanía popular, aunque le despoje sus derechos inherentes. Lo segundo, para procurar concederle un tono de «institucionalidad» a su punto de vista, proveyéndoles a los entes señalados una visión tecnificante de sapiencia, de nuevo, superior a la soberanía popular.

La cita a «la inmensa mayoría» y la cita en torno a los referentes de institucionalidad son ambas una aglomeración seleccionada de elementos tendientes a favorecer la postura propuesta por el diputado UDI, es decir, un caso de cherry picking, también conocido como falacia de la supresión de pruebas.

Esta falacia, encima, recurre a otra falacia: el argumento ad populum, toda vez que concede «legitimidad» a la «intervención» (sic) bajo el supuesto de que una mayoría la pide. No obstante, esa mayoría fue delineada previamente por la cabeza del propio Melero, en su propia creación de significantes.

La soberanía, digamos, inducida de esta «intervención» (sic) es propuesta por el expresidente de la UDI como el «único camino para salir del quebrantamiento de la paz social».

En cuanto al «único camino», éste es automáticamente controvertible, por cuanto Melero mismo se abstiene de contemplar otras alternativas dentro de los márgenes institucionales existentes en aquel momento. En consecuencia, no es que sea en estricto sentido el «único camino», sino que es el «único camino» que el congresista considera particularmente razonable, en vista de la posibilidad de otras alternativas: pujar por la convocatoria a un plebiscito revocatorio, por ejemplo. ¿Por qué no resulta concebible para Melero la idea de haberle pedido a esa «inmensa mayoría» a dar cuenta de su condición de tal?

Por otra parte, el «quebrantamiento de la paz social» es una entelequia. Esencialmente, la «paz social» defendida por el gremialista es un concepto vacío. ¿Qué es la «paz social»? ¿Existe algún ordenamiento institucional en torno a este concepto? Pues bien, no hay tal «paz social»: no es algo que haya sido delimitado ni reconocido por el adversario como una cuestión procedimental, pues sólo se trata de otra cuestión previamente delineada por el campo de significantes de Melero.

En vista de estas carencias, se puede establecer que el diputado plantea este concepto vacío para definir su postura a través de éste, con el objetivo de acusar al otro de una imputación que él mismo prescribe arbitrariamente. Para peor, el diputado olvida que la paz se procura con un otro, de modo tal que éste se sienta reconocido en igual dignidad; por el contrario, cuando esta paz se procura contra un otro (como ocurrió en la dictadura cívico-militar), es una forma de domesticación de la soberanía a través de la pacificación.

Melero cierra su enunciado proponiendo una separación entre el golpe de Estado y las violaciones a los derechos humanos. El error: no se trata solamente de condenar las violaciones a los derechos humanos, sino la razón por la cual éstas son perpetradas.

El golpe de Estado surgió como un movimiento cívico-militar tendiente a acabar con un gobierno democráticamente elegido e institucionalmente validado por un periodo delimitado. Asimismo, este movimiento pasó por encima de las posibles alternativas de soberanía popular (entiéndase plebiscito o afines) que pudieron haberse empleado para dirimir de forma pacífica e irrevocable la controversia en torno a la legitimidad del mandato de Salvador Allende. Además, el golpe clausuró los espacios de deliberación en donde se desenvuelven los ciudadanos, sean sindicatos, centros de estudiantes o el mismo Congreso Nacional.

Los actos señalados procuraban neutralizar arbitrariamente (valga la redundancia) una ideología, a través de su criminalización. Se pretendió establecer una autoafirmada «paz social» por medio de la negación, la opresión y la persecución del adversario, devenido en enemigo. Todo lo anterior terminó convertido en violaciones a los derechos humanos.

Resulta cómoda para Melero la separación entre el golpe y las violaciones a los derechos humanos, pues separa mediante la oportunidad que dan los años pasados el daño colateral derivado del incidente que avala.

 

DOS:

«Imposiciones totalitarias de una minoría sobre una inmensa mayoría, como ocurrió con la Unidad Popular, no deben volver a ocurrir, como tampoco la necesidad de tener que recurrir a las Fuerzas Armadas».

Como en el punto previo, el gremialista vuelve a invocar las inmensas mayorías. Esta vez, contrapuestas a «imposiciones totalitarias de una minoría». Melero sigue fallando en cuanto a afirmar una situación (la existencia de una mayoría) que no fue objetivamente comprobada dentro de los parámetros de soberanía popular estipulados institucionalmente. No hubo elecciones cuyos resultados pudieran comprobar el supuesto de la existencia de «una minoría» avasallando a una «inmensa mayoría».

Aparte de lo anterior, el diputado nos lleva a un dilema que se plantea subyacente en su enunciado: ¿Cuánto dura la legitimidad de una autoridad o la de un gobierno elegido popularmente? ¿La legitimidad emana de su elección y su mandato debe respetarse hasta el término de éste o bien la legitimidad es algo que la autoridad debe actualizar día a día? La primera posibilidad se aviene mejor con los regímenes presidencialistas; la segunda, con los regímenes parlamentarios. Sin embargo, los regímenes presidencialistas no pueden soportar autoridades severamente cuestionadas: independientemente de los motivos que los llevaron al agujero del desdén, desde Richard Nixon en Estados Unidos hasta Fernando de la Rúa en Argentina; incluso François Hollande, cuya escasa popularidad lleva a una mayoría de los franceses a pensar en la conveniencia de que el presidente socialista concluya su mandato de forma anticipada.

Si concedemos que las «imposiciones totalitarias de una minoría» son controvertibles en sí mismas y que éstas «no deben ocurrir», entonces, la lógica del diputado se allegaría con la forma como los regímenes parlamentarios estiman la legitimidad de una autoridad. Debido a lo anterior, la controversia hacia el gobierno de Sebastián Piñera en el invierno de 2011 (quince meses después de haber asumido), acaecida por la impopularidad hacia su figura y hacia los cuestionamientos en torno a las medidas con las cuales buscaba solucionar los conflictos sociales, debería haberse acabado con la renuncia de Piñera. Sin embargo, la figura UDI nunca propuso el término anticipado del gobierno anterior.

Mientras la legitimidad sea delineada de forma oportunista y fluctuante, el punto de vista esgrimido en nombre de la legitimidad perderá peso, por cuanto la legitimidad quedará amarrada a la conveniencia de quien sea el sujeto o la cuestión en controversia. Y Melero prefiere perder peso.

Como si lo anterior no bastara, el congresista aún estima como una cuestión factible el «recurrir a las Fuerzas Armadas», sobre la lógica de que «A no debe ocurrir para que no ocurra B», estimando B como una posibilidad higiénica. Pero las Fuerzas Armadas no son una posibilidad higiénica de la autodeterminación. La sola idea de concebirlo implica validar la clausura de la democracia electoral y de su institucionalidad por fines arbitrarios y confiscatorios de la deliberación ideológica, tal como se indica al inicio de este artículo.

Para peor, Patricio Melero considera razonable la invocación a las Fuerzas Armadas con respecto a un otro adversario, de modo tal que el diputado se concibe a sí mismo como portador de una visión superior (y más razonable) que las de un otro adversario. Él se ve a sí mismo como alguien con la estatura moral para poder prescribir un concepto de democracia antojadizo que sobrepasa a la soberanía popular y con un delineamiento arbitrario de ideologías que son estimadas admisibles.

Melero aún estima que la deliberación política puede ser clausurada. Melero aún desconfía de la soberanía popular y se siente por encima de ella, delimitando unilateralmente la expiración del ejercicio de la autodeterminación. Melero aún avala las Fuerzas Armadas como un ente deliberante, a pesar de las consecuencias aprehendidas mediante la memoria histórica. En 2014, siendo 11 de septiembre, Melero aún relativiza la soberanía.

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Lecturas

Loris Zanatta y la supresión del debate

El Populismo - Loris Zanatta


El planteamiento de posturas políticas en estas semanas plasma un problema característico del debate político.

En realidad, no.

Lo que nosotros llamamos «debate» no es estrictamente un «debate», sino un mero planteamiento de posturas, por cuanto nuestro espacio político prefiere tender al empate, en lugar de propender a un veredicto final sobre las posturas que se enfrentan. Esta lógica nos acerca más a la reducción de las posturas ideológicas a múltiples (?) puestos en una feria: usted puede probar el que mejor le plazca y usted elige por lo que cada postura anuncia. Como si la política fuera un roadshow. Y no: es debate. (De paso, ruego que lean este artículo que escribí en Paniko sobre el tema.)

 

¿Por qué nos pasa esto?

Loris Zanatta (italiano, profesor de la Universidad de Boloña, experto en temas latinoamericanos) propone en El Populismo, libro recientemente editado en español por Katz, la existencia de una inclinación prácticamente natural de los países latinos en ambos lados del Atlántico por un espacio político fértil para la existencia del populismo, del caudillo y del discurso refundacional.

¿Qué hace a los países latinos tan permeables al populismo? Según Zanatta, todo parte en los resabios católicos de nuestra cultura. «En la historia del catolicismo latino se destacan, en suma, dos elementos claves ya vislumbrados en el núcleo de los populismos: el imaginario orgánico, o sea una tradición basada en la uniformidad de la comunidad política, asegurada por la homogeneidad de la comunidad política, asegurada por la homogeneidad espiritual; y la perenne resistencia o reacción de esa comunidad a las corrientes extrañas que ella temía que la disgregasen» (Zanatta; 82). Lo anterior nos conduce a una suerte de inclinación natural hacia formas políticas que nos hagan participar de la ilusión de formar parte de un gran bando unitario.

Y, bueno, ¿en qué se parece a la realidad chilena un libro que habla sobre el populismo? Pues bien, para el italiano, los pueblos latinos se sienten más cómodos en un espacio público homogeneizante (ejem, el gen católico). Mientras en «el Occidente anglosajón el desarrollo de la democracia representativa ha permitido atenuar y canalizar el potencial destructivo del populismo favoreciendo procedimientos institucionales y códigos culturales dirigidos a transformar al enemigo en adversario, al Bien en algo excluido del régimen de monopolio y al conflicto social en un fenómeno fisiológico que se debe regular e institucionalizar, en el mundo latino esa transformación ha resultado y a veces todavía resulta más difícil y superficial» (Zanatta; 202).

Zanatta deja entrever que los países protestantes lograron su cohesión como estados nacionales a partir de la controversia en torno a la fe, Martín Lutero mediante. En cambio nosotros, pueblos herederos de una religión estrictamente codificada, no podemos vernos sino como participantes de un ente monolítico. Lo anterior abona el campo para estructuras corporativistas, mediante las cuales se promueve al más virtuoso y al más capacitado, dentro de las cualidades del hombre ideal delineadas por el espacio político correspondiente, pues «para el populismo, el pueblo será depositario de la soberanía solamente en una sociedad que recupere su unidad holística» (Zanatta; 31).

A diferencia de países con bases protestantes, en un país como Chile, no tenemos la costumbre de debatir la política, con lo cual se cae en el vicio de problematizar el debate y de acusar al otro de enemigo. Sentimos comodidad en la medida que exista un discurso común, que neutralice (o, derechamente, elimine) los elementos que lo subviertan, por cuanto «las divergencias de ideas terminan por convertirse en una expresión ilegítima de disenso, de inadaptación al mundo cultural, religioso, político y social de la mayoría del ‘pueblo’, entendida como todo el pueblo» (Zanatta; 113).

Entonces, el poder busca el control de las masas a través del surgimiento de un discurso unitario (tremenda novedad), al cual llama «su pueblo»: un pueblo basado en una abstracción de aspectos lindantes en la fe religiosa, desde el cual se prescriben márgenes dentro de los cuales podremos obtener la salvación, una salvación excluyente, so pena de caer en la seducción de proclamas «antipopulares» y sediciosas.

 

LA UNIDAD NACIONAL

Si bien Zanatta considera que la homogeneización sólo ocurre a través de una hegemonía amparada en un poder institucional oficial, esta estructura no pareciera ser diferente a los cantos de nuestro folclor que son interpretados por algunos de los partidos políticos que se disputan el poder oficial. ¿Por qué? Porque el discurso de «centro» o la búsqueda de la «unidad nacional» recurren a los mismos parámetros distorsionadores de la deliberación.

Permítanme proponer algo que no está en las palabras del autor, pero que puede llegar a concluirse por medio de la lectura de su obra: a partir de la vuelta a la democracia, en nuestro país, se ha tendido a alcanzar la convocatoria popular a través de una negociación que nos conduzca a un supuesto «justo medio» que nos garantice cohesión. Sin embargo, el «justo medio» no es más que un discurso homogeneizante. Factorizamos nuestra realidad y nuestro entorno, aplicando una fórmula que nos conduzca a un mínimo común: el «acuerdismo», modelo que nos expropia de la posibilidad de disputar mayorías derivadas de un debate, en vista de que en nuestro país las mayorías se aglomeran.

En consecuencia, (permítame, profesor Zanatta, seguir reinterpretándolo) el poder deja de tratarse de una búsqueda de mayorías, mirando la cara a la soberanía popular, y pasa a ser una aglomeración de mayorías, relativizando la soberanía popular.

Volvamos al patrón planteado por el italiano.

Primero, tenemos la tentación vocacional por la cohesión forzada, en nombre de la búsqueda por el objetivo común (entendida como nuestros discursos de «justo medio», el «consenso», el «centro», la «unidad nacional»).

Segundo, este objetivo común nos conduce a estructuras corporativistas desde las cuales se promueven equipos de tecnócratas que nos propondrán desde una autoproclamada neutralidad soluciones justas y razonables para nuestras políticas públicas: en rigor, se trata de personas afines o relacionadas a los fines de «El Ladrillo», provenientes de centros de pensamiento que abarcan (?) desde Libertad y Desarrollo hasta Cieplan.

Tercero, punto menos frecuente, como consecuencia del movimiento estudiantil de 2011, se estigmatiza y amenaza a los objetores de la neutralidad encarnada en las figuras del punto anterior, toda vez que se les considera «inadaptados».

 

LA REDENCIÓN

He ahí el daño colateral de la vocación por la unificación. Los objetores levantan una rebelión contra lo establecido previamente sobre los mismos parámetros de cohesión forzada y espíritu corporativista de sus propios contradictores. Quizá no busquen efectivamente el populismo, pero sí articulan un discurso mediante pretextos que les ayuden a erigir una verdad más verdadera que las demás. «El impulso redentor tiende a transformar los conflictos políticos en guerras religiosas, en un enfrentamiento entre la verdad absoluta y la palingenesia opuesta» (Zanatta; 199).

«El impulso redentor» lleva a estas organizaciones contrahegemónicas a anunciar con fervor eclesiástico que ellas sí son las portadoras de la verdad. La prédica de esta verdad se basa en la negación de un otro ajeno, sea el otro proveniente de la neutralidad del «acuerdismo» o el otro proveniente de expresiones contrahegemónicas que considere de menor nivel.

Cada agrupación objetora desdeña (o, por lo menos, desconfía) la democracia representativa y sus expresiones electorales, principalmente el Congreso Nacional y las formas como los políticos buscan llegar al Poder Legislativo. Cada agrupación preferiría una forma legislativa más cercana a su verdad, en la cual se excluya o minimice la deliberación de otras verdades, invocando la estatura moral de «sus» líderes, tal es el caso de los «líderes sociales» del imaginario de ciertos referentes de contrahegemonía de izquierda. A su vez, cada agrupación preferiría un gobierno corporativista en el cual los hombres más virtuosos que habitan en sus imaginarios determinen los quehaceres del país, en nombre del significante de «pueblo» al cual buscan reivindicar y salvar del emporcamiento.

La presencia de esta vocación por «la uniformidad de la comunidad política» limita el debate. Además, limita la posibilidad de convivir con un otro: si no nos gusta el otro, decidimos levantar un «nosotros» que niegue al otro. Retomando al autor (Zanatta; 29), vivimos el conflicto y las diferencias como si estas se tratasen de manifestaciones de debilidad.

Y no. Las diferencias son parte de nuestro espacio político. Estas diferencias se expresan en debates donde se enfrentan las posiciones y no simplemente plantear, como estamos habituados por temor al enfrentamiento. Además, ningún bando puede arrogarse el monopolio del Bien, pues dichos planteamientos inhabilitarán discrecionalmente a la contraparte por el solo hecho de expresar un disenso.

El debate debe ser restituido.


Loris Zanatta | El populismo | Katz Editores, Buenos Aires, Argentina, 2014. | 286 páginas, 11 x 17 cms.
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Ideología

Luis Larraín Arroyo: una mentira y un error

Las dos siguientes citas corresponden a la columna de Luis Larraín Arroyo, publicada ayer sábado en El Mercurio.

LA MENTIRA

«La propaganda de izquierda, muy apoyada por la línea editorial de varios canales de televisión y por el discurso de políticos variopintos, instaló a las empresas privadas, especialmente a las grandes empresas, como los mayores abusadores».

El director ejecutivo de Libertad y Desarrollo, fundación conocida por contar entre sus figuras con la economista María Cecilia Cifuentes (¿decir que ella participa de LyD cuenta o no como falacia ad hominem a estas alturas?), expresa algo falso: que la propaganda de izquierda fue «apoyada por la línea editorial de varios canales de televisión». Difícil que lo anterior ocurra en Chile, país en donde el apoyo, editorial o más allá de lo editorial, se concede desde lo semejante. Parafraseando a Óscar Contardo en «Siútico», la propiedad no conoce, sino que reconoce; y reconoce entre los suyos.

Es difícil que los canales de televisión (incluyendo a TVN, tradicionalmente inhabilitado de abanderizarse por alguna parte dentro de una pugna) apoyen editorialmente a la propaganda de izquierda. Y, a la inversa, tampoco existen canales de televisión de izquierda que faciliten la difusión de propaganda de izquierda; ni siquiera canales de televisión de centroizquierda.

Quizá Larraín Arroyo haya confundido la forma como se puede disponer de los medios de comunicación. No es lo mismo (cuestión A) prescribir propaganda a partir de los criterios editoriales de los propietarios de un medio que (cuestión B) insertar propaganda penetrando la porosidad de los criterios editoriales, instalando una idea desde afuera. La cuestión A es apoyo editorial; la cuestión B es spin.

¿Qué es el spin? El spin es un contenido preparado por una parte interesada, la cual aprovecha las instancias de difusión dispuestas por los medios para influir en la opinión pública y cambiar pareceres (es decir, «dar vuelta»; de ahí su nombre) en torno a la visión preexistente de una materia de interés.

Si Larraín Arroyo considera que los canales de televisión apoyaron «las ideas de izquierda» (sic) por cuestiones editoriales, quizá sea porque él no tiene el concepto de spin insertado como una forma posible de comunicación y, en consecuencia, estima que sólo se puede comunicar a través desde la propiedad de un medio (!).

EL ERROR

«La pretensión de que la gente va a preferir la educación (…) estatal a la privada es ilusoria. La idea de que las personas renunciarán a la libertad de elegir (…) para adscribirse a una suerte de fábrica uniforme de conciencias que rechaza las diferencias no tiene sustento».

La razón de ser de la educación pública se fundamenta en acoger dentro de sí la diversidad de costumbres y de realidades que se albergan dentro de un Estado. Por lo mismo, considerarla una «fábrica uniforme de conciencias» es erróneo. Primero, porque no es su propósito; segundo, porque concebirla como tal es oponerla a un proyecto educativo unidimensional, como los propios de la educación privada.

La distorsión de Larraín Arroyo debe estar la disyuntiva de si la diversidad reside en las instituciones o en las personas. Él debe pensar lo primero. Pero no. La diversidad basada en las instituciones tenderá a crear proyectos educativos cerrados y diferenciados, con el objetivo de brindar aspectos de distinción a quien haya elegido una institución por sobre otras. Eso que llama «libertad», al final, constriñe a los apoderados y a los estudiantes a un deber ser propio de la identidad (principalmente cerrada) de la institución.

Mientras tanto, la diversidad basada en las personas a través de una educación preferentemente pública permite la expresión de las diferencias, en lugar del enclaustramiento de las mismas en entornos de semejantes. Esto nos conducirá a educar principios de civilidad y respeto hacia estilos de vida ajenos a los propios.

Si la educación es la expresión de la sociedad que procuramos forjar, no resulta coherente ni funcional inculcar respeto, tolerancia e inclusión desde entes diversos cuyos principios son excluyentes de otros y cuya exclusión es actualizada permanentemente, por cuanto el «otro» existe en un lugar (un establecimiento) ajeno al propio. Al estar ajeno, no se le conoce y se le entiende desde una visión sesgada y, eventualmente, caricaturizada.

Eso que Larraín Arroyo llama «la libertad de elegir» desplaza la diversidad de personas hacia la diversidad de proyectos educativos. El problema político (en el sentido de «polis») está atribuirles cualidades orgánicas a «los proyectos», cuando en la vida real no lo son, pues no piensan ni son soberanos de sí mismos; ni siquiera respiran ni tienen hambre. Lo anterior sólo lo pueden hacer las personas. Y la educación debe ser lo suficientemente abierta e inclusiva como para poder enseñarlo.

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