En boca de muchos

La oposición social

Recuerden en los tiempos cuando Pablo Longueira era el candidato de la UDI a las primarias presidenciales (antes de renunciar; después de que la opción a La Moneda de Laurence Golborne se volviera inviable, tras las cuentas detectadas en un paraíso fiscal). Entonces, el exministro de Desarrollo Social Joaquín Lavín declaraba la razón por la cual Longueira era mejor que Andrés Allamand.

«Allamand apunta al centro político, en cambio Pablo apunta al centro social».

Los dos son el «centro». ¿Pero de qué se habla cuando se habla del «centro»? Se habla, primero, de la vocación aglomerante que habita las mentes de nuestros políticos más conservadores; segundo, de ubicar a través de un lugar en el espectro político el «sentido común», «el justo medio». El autoproclamado «centro» instrumentaliza el eje izquierda/derecha para definir una polaridad alternativa, como si dicho «centro» fuera el prisma desde el cual se descomponen los colores de las variaciones ideológicas. En consecuencia, los autoproclamados pueden perfectamente entroncar el «conservadurismo» con cuestiones de «neutralidad» (ejem, El Ladrillo), «objetividad» y «racionalidad».

Ahora bien, los mismos autores de esta cómoda y privilegiada posición en el espectro político han inaugurado un nuevo concepto: «la oposición social».  Esta expresión surgió en un seminario ocurrido el lunes pasado en el antiguo Congreso Nacional de Santiago, en el cual participaban principalmente figuras vinculadas a la Alianza y, particularmente, a la Unión Demócrata Independiente.

¿Qué quiere decir la invocación a lo «social»? Recurriendo a Lavín-hablando-de-Longueira, lo «social» es una oposición a lo «político». Nuevamente, una polaridad artificial levantada por los prismas arrogados. ¿En qué consiste esta polaridad? En que lo «político» es algo desconectado de lo «social». Lo «político» sería la discusión técnica, de cuya ocupación deben hacerse cargo «los expertos», voto de confianza (ciega y permanente) mediante de la comunidad; mientras tanto, lo «social» se trata de lo comunitario y lo doméstico. En consecuencia, en el lexicon aliancista, lo «social» se reduce a la búsqueda de la empatía forzada como procedimiento burocrático.

Precisamente, esta férrea delimitación los dejó perplejos.

Expresiones como «oposición social» no significan tanto por lo que afirman, sino por lo que niegan. Esta enunciación esconde la sorpresa de los líderes opositores al ver a «la gente» preocupada de «lo político», de esas cosas más complicadas cuyas decisiones solían dejar a la determinación y confinamiento de «los expertos». Como si les sorprendiera la existencia de un electorado más allá de las dádivas de campaña y el clientelismo. Como si les sorprendiera la posibilidad de organizarse en cuanto se tiene conciencia de horizontalidad. Como si les sorprendiera una organización social como la CONFEPA (cuyo ruido, en todo caso, ha perdido bastantes decibeles conforme han pasado las semanas), defendiendo los ideales de derecha.

Volviendo a la perplejidad, surge una pregunta: ¿Acaso, hasta ahora, jamás habían visto a la ciudadanía como un par? ¿Por eso están sorprendidos?

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Luis Larraín Arroyo: una mentira y un error

Las dos siguientes citas corresponden a la columna de Luis Larraín Arroyo, publicada ayer sábado en El Mercurio.

LA MENTIRA

«La propaganda de izquierda, muy apoyada por la línea editorial de varios canales de televisión y por el discurso de políticos variopintos, instaló a las empresas privadas, especialmente a las grandes empresas, como los mayores abusadores».

El director ejecutivo de Libertad y Desarrollo, fundación conocida por contar entre sus figuras con la economista María Cecilia Cifuentes (¿decir que ella participa de LyD cuenta o no como falacia ad hominem a estas alturas?), expresa algo falso: que la propaganda de izquierda fue «apoyada por la línea editorial de varios canales de televisión». Difícil que lo anterior ocurra en Chile, país en donde el apoyo, editorial o más allá de lo editorial, se concede desde lo semejante. Parafraseando a Óscar Contardo en «Siútico», la propiedad no conoce, sino que reconoce; y reconoce entre los suyos.

Es difícil que los canales de televisión (incluyendo a TVN, tradicionalmente inhabilitado de abanderizarse por alguna parte dentro de una pugna) apoyen editorialmente a la propaganda de izquierda. Y, a la inversa, tampoco existen canales de televisión de izquierda que faciliten la difusión de propaganda de izquierda; ni siquiera canales de televisión de centroizquierda.

Quizá Larraín Arroyo haya confundido la forma como se puede disponer de los medios de comunicación. No es lo mismo (cuestión A) prescribir propaganda a partir de los criterios editoriales de los propietarios de un medio que (cuestión B) insertar propaganda penetrando la porosidad de los criterios editoriales, instalando una idea desde afuera. La cuestión A es apoyo editorial; la cuestión B es spin.

¿Qué es el spin? El spin es un contenido preparado por una parte interesada, la cual aprovecha las instancias de difusión dispuestas por los medios para influir en la opinión pública y cambiar pareceres (es decir, «dar vuelta»; de ahí su nombre) en torno a la visión preexistente de una materia de interés.

Si Larraín Arroyo considera que los canales de televisión apoyaron «las ideas de izquierda» (sic) por cuestiones editoriales, quizá sea porque él no tiene el concepto de spin insertado como una forma posible de comunicación y, en consecuencia, estima que sólo se puede comunicar a través desde la propiedad de un medio (!).

EL ERROR

«La pretensión de que la gente va a preferir la educación (…) estatal a la privada es ilusoria. La idea de que las personas renunciarán a la libertad de elegir (…) para adscribirse a una suerte de fábrica uniforme de conciencias que rechaza las diferencias no tiene sustento».

La razón de ser de la educación pública se fundamenta en acoger dentro de sí la diversidad de costumbres y de realidades que se albergan dentro de un Estado. Por lo mismo, considerarla una «fábrica uniforme de conciencias» es erróneo. Primero, porque no es su propósito; segundo, porque concebirla como tal es oponerla a un proyecto educativo unidimensional, como los propios de la educación privada.

La distorsión de Larraín Arroyo debe estar la disyuntiva de si la diversidad reside en las instituciones o en las personas. Él debe pensar lo primero. Pero no. La diversidad basada en las instituciones tenderá a crear proyectos educativos cerrados y diferenciados, con el objetivo de brindar aspectos de distinción a quien haya elegido una institución por sobre otras. Eso que llama «libertad», al final, constriñe a los apoderados y a los estudiantes a un deber ser propio de la identidad (principalmente cerrada) de la institución.

Mientras tanto, la diversidad basada en las personas a través de una educación preferentemente pública permite la expresión de las diferencias, en lugar del enclaustramiento de las mismas en entornos de semejantes. Esto nos conducirá a educar principios de civilidad y respeto hacia estilos de vida ajenos a los propios.

Si la educación es la expresión de la sociedad que procuramos forjar, no resulta coherente ni funcional inculcar respeto, tolerancia e inclusión desde entes diversos cuyos principios son excluyentes de otros y cuya exclusión es actualizada permanentemente, por cuanto el «otro» existe en un lugar (un establecimiento) ajeno al propio. Al estar ajeno, no se le conoce y se le entiende desde una visión sesgada y, eventualmente, caricaturizada.

Eso que Larraín Arroyo llama «la libertad de elegir» desplaza la diversidad de personas hacia la diversidad de proyectos educativos. El problema político (en el sentido de «polis») está atribuirles cualidades orgánicas a «los proyectos», cuando en la vida real no lo son, pues no piensan ni son soberanos de sí mismos; ni siquiera respiran ni tienen hambre. Lo anterior sólo lo pueden hacer las personas. Y la educación debe ser lo suficientemente abierta e inclusiva como para poder enseñarlo.

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Los fines del capital político

«Cuando tienen el Presidente más popular en muchas décadas, desperdician ese capital político promoviendo iniciativas para satisfacer a un grupo de adolescentes; a intelectuales nostálgicos y a activistas callejeros. (…) Nunca es tarde para mostrar algo de humildad y volver a los fundamentales que permitieron el progreso de nuestro país».

Gerardo Victorino Varela Alfonso, abogado y director de empresas, padre de familia y columnista mercurial de sábado por medio, dejó en su última columna un comentario que provoca una extraña impresión.

Separemos este enunciado en unidades seleccionadas.

«El presidente más popular en décadas», «capital político», «adolescentes, intelectuales nostálgicos y activistas callejeros», «humildad», «fundamentales» y «progreso».

Nos quedan seis unidades.

«El presidente más popular en décadas» (omitamos, por favor, la poca elegancia del columnista de no decir «presidenta») dice relación con el gran resultado electoral de Michelle Bachelet en la segunda vuelta de diciembre de 2013. Ese 62% entre quienes fueron a las urnas a elegir una alternativa fue abrumador y provocó perplejidad entre los sectores opositores.

Concediendo que ese respaldo es «popularidad», el cual se podría vincular con el concepto enunciado por Varela de «capital político», habilita a quien lidera a hacerse cargo del programa por el cual fue elegido.

Que el programa incorpore ideas de «adolescentes, intelectuales nostálgicos y activistas callejeros» no le quita peso en su ejecución, a pesar del matiz peyorativo de la enunciación enumerada, pues se trata de un programa legítimamente validado electoralmente y cuyas ideas siguen siendo mayoritarias hasta ahora, a pesar del surgimiento de grupos de interés de último minuto, como la CONFEPA. Además, mientras el rechazo a una iniciativa no ponga en entredicho la legitimidad del mismo gobierno para llevar a cabo su programa, como efectivamente ocurrió durante la administración de Sebastián Piñera a un año y medio de su asunción, un gobierno no tendría por qué preocuparse por satisfacer mayorías ajenas, en tanto que siguen siendo mayoría.

Si esas ideas contravienen los «fundamentales», quizá sea porque parte del espíritu cívico advenido con el movimiento estudiantil de 2011 consistió en revisar aquellos planteamientos, sus pecados de origen y sus conceptos de persona y ciudadanía. La restitución de una dignidad a través de la cohesión social, más que por el sálvese quien pueda, bien vale la demolición de semejantes «fundamentales» defendidos por el abogado. Y resulta un golpe bajo decir que este cuestionamiento lacerará el «progreso», pues este no puede ser entendido como un procedimiento único, basado en los principios del Ladrillo, como si el manifiesto divulgado en 1974 fuera el único orden natural posible.

Por lo tanto, la «humildad» no es algo que esté del lado de los adversarios del columnista, quienes han ocupado en buena ley los espacios dispuestos por el ejercicio político para poder proponer sus ideas y ganar desde ellas. La poca humildad es del abogado Varela, quien considera «natural» un orden levantado por una dictadura cívico-militar y cuya controversia resulta propia de individuos a quienes sólo puede figurar desde la caricatura: esos «nostálgicos», como si reivindicar la política económica de la dictadura no fuese una «nostalgia» en sí misma.

Para peor, Varela estima que un «capital político» sólo puede ser ejercido (o bien rentado, ya no importa) exclusivamente desde la demarcación propuesta por el orden ladrillesco, como si el «capital político» sólo valiera la pena si satisficiera a sólo un interés en particular, como si el «capital político» estuviera clausurado para su uso reformista, como si el «capital político» no fuera una forma razonable (en tanto que representativa) de aprovechar las instancias para deshacerse de los residuos de una dictadura (impuesta y no representativa).

Si no es para desarrollar proyectos políticos que pueden pugnar contra los intereses de un otro, ¿cuál es el fin de tener un «capital político»? ¿Acaso existe un «capital político» unificante? Porque, hay que decirlo, ese imposible sólo existe en las fantasías de quienes pretenden levantar órdenes corporativistas.

 

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Gasto focalizado y demolición de la comunidad

Gratuidad en la educación, según la dictadura cívico-militar

[Ministerio del Interior. Programa socioeconómico 1981-1989. Santiago, Chile. 1981]


Téngase presente cómo se inserta a través de estos programas políticos la noción de gasto focalizado, mediante el cual la persona se convierte en portadora de las ayudas del Estado, a través de la demolición de las instituciones que nos hacen iguales entre nosotros, sin importar cuánto tuviéramos.

Para ello, se levantó un falso dilema: ¿Para qué darles a otros que sí tienen si renta más darle a otro que no tiene?

Este falso dilema demolió una noción de comunidad.

Acá terminó el concepto de contraprestación por los impuestos, con su consiguiente daño colateral: desconfiar de los impuestos cuando se llega a cierto nivel socioeconómico. Porque es evidente. ¿Por qué quiero pagar impuestos por algo que no voy a necesitar y que puedo pagarme yo mismo? Si no recibo nada, no vale la pena. Y el Estado se redujo. Y se redujo su recaudación. Y se redujeron sus servicios.

De esta forma, empezó el desplazamiento y la profundización de la segregación chilena: cuando se eliminó el concepto de comunidad, cuando llegó el gasto focalizado.

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Cecilia Morel y la educación

Estos son fragmentos de una entrevista dada por la ex primera dama Cecilia Morel a la revista Caras en su última edición.

UNO

«Los grandes avances del país han ocurrido cuando estamos unidos. Después de la Guerra del Pacífico, tuvimos una tremenda oportunidad con la explotación de minerales en el norte y, sin embargo, antes de diez años, estábamos en una guerra civil».

Es preocupante que Cecilia Morel celebre la existencia de una cohesión nacional por motivo de una guerra contra un enemigo exterior. De partida, en ocasión de guerra, el enemigo exterior se convierte en algo más importante que las coyunturas internas de un país, por cuanto agota la lista de prioridades y la propaganda se orienta en torno al propósito de renunciar (transitoria o permanentemente) a las miserias locales.

Lo anterior, sin contar que «estar unidos» es sólo una forma enmascarada de clausurar el debate en torno a una visión única, preferentemente guardiana de un conservadurismo o una hegemonía preexistente.

DOS

«Todos queremos mejorar la educación, que al país le vaya bien, pero para eso se necesita un camino, una visión».

En primeras, Morel vuelve a tocar la tecla del punto anterior: la unidad, el camino único, clausuran el debate reservándolo este arrimado a la sombra alguna expresión hegemónica, con desdén hacia otras posibilidades ideológicas y con desdén, además, hacia la representatividad potencial o actual de esas mismas posibilidades.

Esto resulta preocupante, pues en caso de que las otras posibilidades tengan mayor representatividad (a través del Poder Ejecutivo o el Legislativo) que la hegemonía preexistente, las otras posibilidades quedarían interdictas de efectuar cualquier reformismo, independientemente del mandato electoral que se les haya conferido.

Validar esta perspectiva implica avalar formas fraudulentas de sobrepasar y, eventualmente, traicionar la soberanía popular.

En segundas, las condiciones de enunciación de la frase «(queremos) que al país le vaya bien» se basan en emisores más proclives a una ideología de derecha. No es extraño, pues Cecilia Morel es efectivamente una persona de derecha. (¡Oh, Capitán Obvio!)

Establecer una observación con este enunciado tiene que ver con la intención con la cual este se emite. Por lo general, «queremos que al país le vaya bien» porta consigo consignas que priorizan el crecimiento de la economía por sobre políticas redistributivas. De hecho, esta concepción ideológica está acompañada por la asunción de que «no hay mejor política social para un país que el crecimiento económico», un aserto que ha sido expresado –matices más, matices menos– por figuras como Pablo Longueira («la mejor política social es el empleo para la gente. La gente lo que quiere es trabajo y eso es lo que les va a dar [Joaquín] Lavín cuando sea presidente»; Longueira, 2003) o Patricia Matte («el crecimiento económico constituye la política de la superación de la pobreza más importante»; Matte, 1994, p. 92).

TRES: Pregunta de la entrevistadora, Paula Palacios

«Están en plena negociación de la reforma. ¿Primará la postura ideológica o llegarán a consenso?»

Esta pregunta pone en evidencia que las expresiones controvertibles no necesariamente pueden provenir del entrevistado, sino que también de quien entrevista.

La periodista participa consciente o inconscientemente de la dialéctica de Morel, acusando la existencia de una «postura ideológica». Definir al otro como «ideologizado» consiste en una oposición peyorativa hacia una postura más allegada a un «sentido común» inocente y naturalizado.

El primer error está en esta separación entre «sentido común» e «ideología», ya que comete la barsedad de desconocer que los principios tenidos por obvios y naturales son también una ideología, encima conservadora en tanto que «naturalizada» por una cultura, parafraseando a Gilles Lipovetsky.

El segundo error está en la negación del otro, descalificado ex ante de la deliberación política institucional bajo la falacia de estar «ideologizado», como si el supuesto «ideologizado» no pudiera llevar a cabo sus propósitos aun cuando tuviera la legitimidad emanada de un resultado electoral de una elección general, tal como se indica en la primera parte del punto dos, a partir del dicho de Morel.

El tercer error está en la definición del «consenso», teniendo en consideración los supuestos anteriores. Si la contraparte está interdicta de ejercer su poder (mayor o menor, según su distribución legislativa y/o ejecutiva) y si no existe otra postura más allá que la del sentido común, el único consenso existente provendría de una visión que desconoce a las otras que le controvierten, es decir, sería un consenso totalitario, una «retroexcavadora» de tintes matonescos.

CUATRO

«Si la educación pública fuera de calidad como en otros países, con autonomía de los directores para crear un proyecto educativo, no necesitaríamos educación privada».

De partida, llama la atención que Cecilia Morel proponga «la autonomía de los directores para crear un proyecto educativo» como garantía de su argumentación. ¿Acaso la autonomía para delinear un proyecto educativo es condición sine qua non para lograr educación de calidad? ¿Acaso dicha autonomía opera cual Rey Midas, volviendo dorada la educación? Esta supuesta garantía es controvertible en tanto que irrelevante.

Eliminada la garantía, la frase nos queda así: «Si la educación pública fuera de calidad como en otros países, no necesitaríamos educación privada».

En lugar de ir a «otros países», quedémonos con la realidad local. ¿Por qué existe en Chile una opción masiva hacia la educación privada o la educación subvencionada? Hasta la fecha, hemos necesitado la educación privada como hemos necesitado una forma de separarnos de nuestros vecinos y de otras clases sociales, a partir del poder adquisitivo y del capital cultural, delimitando márgenes de referencia. A través de las posibilidades que les otorga el mercado educacional, los padres tienen la libertad de elegir aspectos relevantes como infraestructura y el tipo de apoderado con el cual quieren relacionarse en las reuniones. La calidad, en consecuencia, pasa a cumplir un papel secundario en la toma de decisiones de los padres, quienes detentan actualmente el derecho de elegir la educación de sus hijos.

Si las educaciones privada y subvencionada se eligen principalmente por diferenciación más que por calidad, la expresión de Morel cae en el non sequitur, es decir, la preferencia por «la educación privada» no es concurrente con la «educación pública de calidad de otros países», a menos que para la esposa de Sebastián Piñera el significante (es decir, la imagen acústica con la cual asociamos una palabra o grupo de palabras) de este último término cumpla con alguna de las variables estéticas que orientan la elección preferente de los padres hacia las educaciones privada y subvencionada.

CINCO

«Si bien la integración es súper importante, no se solucionará con esta reforma (educacional) porque, lamentablemente, tenemos un problema de segregación geográfica, de barrios».

El enunciado de la ex primera dama se puede invertir, partiendo por el planteamiento que ella hace de un problema, el de la segregación. El problema de la segregación, como cualquier otro, precisa de soluciones. De hecho, ella misma afirma que «la integración es súper importante». Entonces, se puede plantear sin pervertir el espíritu de las palabras de Cecilia Morel que la segregación se termina con integración.

Si la segregación se termina con integración, para acabar con lo primero hay que profundizar lo segundo.

Si, recurriendo a la objeción propuesta en el punto cuatro, las educaciones privada y subvencionada se eligen principalmente para diferenciarse (ergo, segregarse) de un otro desde lo híperlocal hacia lo general, precisamente esa elección resulta la causa que la política pública oficial busca combatir. Dicho de otro modo, la solución al problema que ella enuncia en este punto pasa por que tome conciencia de los alcances ideológicos y culturales de la frase que se cita en el punto cuatro.

Sorprendentemente, a través de sus esperanzas y su diagnóstico, Cecilia Morel se tropieza con el discurso del adversario. Si logra decantar estas contradicciones, es posible que en su discurso personal surja una curiosa disyuntiva.

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