Ideología

Memoria de la persecución de las ideas

«Se equivocan quienes sostienen que Canal 13 cometió un error al difundir ese reportaje. Los medios tienen derecho (…) a emitir interpretaciones sobre los fenómenos sociales y a alimentar de esa forma el debate público».

El pasado domingo 14, Carlos Peña criticó a los críticos en su columna mercurial. Todo comenzó con un reportaje de Teletrece, a través del cual se buscaba inducir la asociación directa entre los colectivos anarquistas y la violencia contra la policía, coincidentemente el mismo día del bombazo en los locales comerciales junto a la estación de metro Escuela Militar. Para ello, se empleaba musicalización y edición conveniente, reafirmando una tesis por pura inducción y repetición, como si el director general de prensa del grupo 13, Cristián Bofill, quisiera imitar el estilo de Pedro J. Ramírez, el exdirector de El Mundo, conocido por inducir como fuera posible la vinculación de ETA con el 11-M de Madrid (hechos atribuidos por Al-Qaida).

Pues bien, se equivoca el profesor Peña al desconocer la existencia de un error.

En estos momentos, existen grupos políticos que se sienten perjudicados por el sesgo manifiesto de los editores del departamento de prensa de Canal 13. Y se sienten perjudicados porque sus ideas han sido empatadas con el terrorismo, encuadre mediante (es decir, la forma como se presenta la información a través de un medio), en un reportaje cuyas conclusiones se derivan empleando una interpretación cuyos caminos de la narrativa conduzcan a un juicio condenatorio contra una ideología, con el afán de desconfiarla, de desdeñarla y de perseguirla.

Nuestra historia tiene dolorosos antecedentes recientes de persecución por el solo hecho de abrazar y defender una creencia política, sean la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet en 1973 o bien la ley de defensa permanente de la democracia, también conocida como Ley Maldita, sancionada en 1948, durante el gobierno de Gabriel González Videla.

En este último caso, un gobierno sincrónicamente democrático eliminó de los registros electorales a militantes del Partido Comunista, a simpatizantes y a quienquiera se sospechara de su apoyo al comunismo. Asimismo, a sus líderes se les arrestó y/o relegó. En general, se les prohibió cualquier posibilidad de deliberación ideológica.

Este fue el primer gran amedrentamiento manifiesto de anticomunismo. Habido el Estado puesto la vara de la persecución de una ideología, paulatinamente, el anticomunismo militante consideró legítimo neutralizar desde la oficialidad a la amenaza por todos los medios posibles, siendo el momento cúlmine la mañana de un 11 de septiembre de 1973, día cuando se inaugura un periodo de persecución, castigo y exterminio arbitrario por el solo hecho de tener un pensamiento político.

Pues bien, la libertad de expresión limita con la memoria histórica.

¿Qué significa lo anterior? En vista de un vergonzoso legado de persecución ideológica, cuyos resultados son conocidos, no puede sino ser ofensivo emplear dichos o expresiones que reivindiquen incitaciones al odio, a la persecución y a la discriminación, sobre el prejuicio de un otro a quien se le acusa de romper un orden, motivo por el cual merece (por la sola proclama) ser despojado de sus libertades civiles, como si su propia disidencia dentro de un espacio público no importara (si fuera por eso, eliminemos todos los disensos por ser subversivos en sí mismos).

Un medio de comunicación no puede vender de forma tan leve, cual fuera una mera «interpretación sobre los fenómenos sociales», semejante amedrentamiento hacia una ideología. Contrariamente a lo indicado por el rector de la Universidad Diego Portales, no se trata de invocar «un derecho a un trato reverencial» hacia los anarquistas (o cuanto quiera agruparse tras tal denominación): detrás de los exhortos a la moderación editorial de Canal 13, existe un llamado a la no criminalización de una idea.

La mejor forma de «alimentar el debate público» es haciéndolo a partir de la reflexión en torno a nuestra memoria. No solamente deben provocarnos dolor las torturas y las muertes del pasado, sino también el germen del exterminio: las persecuciones ideológicas que siguen latentes hasta el día de hoy.

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Ideología

Carlos Peña: ideología y procedimiento

«En otras palabras, frente a los resultados que muestran las encuestas respecto de la educación, el Gobierno razona como lo haría la Iglesia frente a los resultados respecto del aborto».

En su columna dominical, Carlos Peña emplea los resultados de la encuesta del Centro de Estudios Públicos para empatar las percepciones de la gente en torno al aborto y sobre el rol del Estado en la educación.

El problema es que entre ambos puntos no hay comparación ni empate: mientras la iglesia católica es portadora de una ideología, el Estado debe garantizar procedimientos. El aborto es materia de salud sanidad pública (hola, Estado) y la regulación educacional es cuestión de política pública (hola, Estado, nuevamente; gusto de verlo).

Por cierto, el gobierno (por completo) y el Poder Legislativo (según la distribución de escaños de la legislatura) concurren a una ideología determinada. Sin embargo, están abocados al desarrollo de políticas públicas que deben cumplir ciertos estándares de legitimidad y de normatividad en torno a compromisos previamente suscritos, por ejemplo, los Derechos Humanos.

Estos estándares son procedimentales. Garantizar el aborto tiene que ver con razones procedimentales tanto de salud sanidad pública como de resguardo del derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, con lo cual las objeciones de conciencia se confinan al ámbito de lo privado (si usted no quiere abortar, no aborte, pero deje a otros hacerlo).

De la misma forma, la existencia de la educación pública es una cuestión procedimental y garantizar su ejercicio sin presiones ni (permítanme el concepto) competencia desleal no es una cuestión ideológica, sino una forma de asegurar el derecho de los ciudadanos de un país a acceder a un elemento que garantice cohesión social e intercambio de valores y principios entre quienes forman parte de las aulas.

El gobierno, en su rol de administrador del Estado, está reivindicando un mejor rol para la educación pública redefiniendo el statu quo, basado en la segregación entre vecinos y clases sociales que se define a partir de la escuela elegida por las familias de los estudiantes. Esto ocasiona un problema cívico (sí, cívico) que debe ser combatido por el Estado, porque –de otra forma– estaríamos profundizando a través de la escuela una faceta de lo peor de lo nuestro: nuestra versión del apartheid.

En consecuencia, las expresiones del rector de la Universidad Diego Portales son equívocas en tanto que ponderan la educación pública como una moral y una ideología, a partir de quienes la proclaman en su discurso público. Sin embargo, Peña pasa de largo del hecho que esta proclama es un instrumento político para un fin cívico, lo cual hace de esta discusión algo muy distinto de lo que efectúa la iglesia católica al fustigar el aborto.

Lo de Carlos Peña es un error basado en su distinción caprichosa entre ideología y procedimiento.

Nota: El cuasi licenciado en ciencias jurídicas (y excompañero de liceo) Nicolás Pavez me ha hecho la precisión conceptual entre «salud pública» y «sanidad pública».

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