En boca de muchos

Invocar elitismo para amordazar discusiones

«Es que esas son discusiones de élite».

Esta frase parte de un supuesto: que las discusiones políticas sólo son válidas en la medida que éstas puedan ser comprendidas por la mayor parte de personas posible. De otra forma, son irrelevantes y deben quedar confinadas en el cajón de las «pajas mentales».

Quienes trazan esta frontera del elitismo descalifican la legitimidad de una controversia a partir de una actitud laissez-faire intelectual llevada al paroxismo, según la cual cada persona debe pensar por sí sola al punto de que debe llegar por sí sola a sus propias conclusiones en la medida de las habilidades cognitivas que disponga. Y si no llega la suficiente cantidad de personas a participar de una discusión, ésta se clausura por falta de un cuórum arbitrariamente imaginado.

Pero no. Todos las controversias tienen derecho de ser planteadas. Todos los temas pueden ser pensados más allá de la academia, de una junta de vecinos o de una organización no gubernamental. El planteamiento de una controversia es legítimo, como también lo es convocar a la ciudadanía (sea ésta afectada o no por este problema) a formar parte y a adoptar una opinión.

Sin embargo, como ya se dijo, una persona ajena a una controversia no siempre tendrá las habilidades para descubrir por sí misma la existencia de una controversia en su entorno, pero además es posible que tampoco comprenda necesariamente las raíces sociales y culturales de tal controversia.

Y la carencia de dichas habilidades no debe ser asumida como el rechazo a priori de una persona a involucrarse y a formarse una opinión en una controversia, pues someter la carencia de estas habilidades a parámetros de elección iguala un aspecto político a la misma lógica que determina la popularidad de un programa de televisión según el rating que marca.

Dado que los problemas existen independientemente de que nosotros los percibamos (o bien tengamos conciencia de los mismos), éstos no pueden ser invisibilizados por el solo hecho de que no estén masivamente concienciados. La realidad de nuestro entorno no son facetas elegibles como si ésta se tratara de un producto. El hecho de no prestar atención sobre una faceta de nuestro entorno no hace que esta faceta desaparezca con el tiempo. Y suponerlo invisibiliza la responsabilidad de la educación cívica, ahogada por el supuesto de que la formación ciudadana es adoctrinante.

Además, pensar que los problemas sólo existen cuando se tiene masiva conciencia de éstos lleva consigo una peligrosa idea: que la conciencia se mueve de forma orgánica. Falso. No siempre se tiene la fortuna de descubrir por uno mismo un error dentro de un entorno cuyos usos y costumbres son tenidos por algo natural.

Esa es la función de la educación cívica: difundir a la comunidad la existencia de problemas de los cuales no se tenía previa conciencia, por cuanto eran asumidos como una cuestión natural. Sin ir más lejos, antiguamente, se creía que la mujer era inferior al hombre en dignidad y, más recientemente, se hablaba de lo homosexual como «invertido». Y qué fue si no la educación cívica lo que cambió las percepciones de la ciudadanía.

La conciencia de algo no debe quedar a merced de lo preexistente.

Estándar
Ideología

Memoria de la persecución de las ideas

«Se equivocan quienes sostienen que Canal 13 cometió un error al difundir ese reportaje. Los medios tienen derecho (…) a emitir interpretaciones sobre los fenómenos sociales y a alimentar de esa forma el debate público».

El pasado domingo 14, Carlos Peña criticó a los críticos en su columna mercurial. Todo comenzó con un reportaje de Teletrece, a través del cual se buscaba inducir la asociación directa entre los colectivos anarquistas y la violencia contra la policía, coincidentemente el mismo día del bombazo en los locales comerciales junto a la estación de metro Escuela Militar. Para ello, se empleaba musicalización y edición conveniente, reafirmando una tesis por pura inducción y repetición, como si el director general de prensa del grupo 13, Cristián Bofill, quisiera imitar el estilo de Pedro J. Ramírez, el exdirector de El Mundo, conocido por inducir como fuera posible la vinculación de ETA con el 11-M de Madrid (hechos atribuidos por Al-Qaida).

Pues bien, se equivoca el profesor Peña al desconocer la existencia de un error.

En estos momentos, existen grupos políticos que se sienten perjudicados por el sesgo manifiesto de los editores del departamento de prensa de Canal 13. Y se sienten perjudicados porque sus ideas han sido empatadas con el terrorismo, encuadre mediante (es decir, la forma como se presenta la información a través de un medio), en un reportaje cuyas conclusiones se derivan empleando una interpretación cuyos caminos de la narrativa conduzcan a un juicio condenatorio contra una ideología, con el afán de desconfiarla, de desdeñarla y de perseguirla.

Nuestra historia tiene dolorosos antecedentes recientes de persecución por el solo hecho de abrazar y defender una creencia política, sean la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet en 1973 o bien la ley de defensa permanente de la democracia, también conocida como Ley Maldita, sancionada en 1948, durante el gobierno de Gabriel González Videla.

En este último caso, un gobierno sincrónicamente democrático eliminó de los registros electorales a militantes del Partido Comunista, a simpatizantes y a quienquiera se sospechara de su apoyo al comunismo. Asimismo, a sus líderes se les arrestó y/o relegó. En general, se les prohibió cualquier posibilidad de deliberación ideológica.

Este fue el primer gran amedrentamiento manifiesto de anticomunismo. Habido el Estado puesto la vara de la persecución de una ideología, paulatinamente, el anticomunismo militante consideró legítimo neutralizar desde la oficialidad a la amenaza por todos los medios posibles, siendo el momento cúlmine la mañana de un 11 de septiembre de 1973, día cuando se inaugura un periodo de persecución, castigo y exterminio arbitrario por el solo hecho de tener un pensamiento político.

Pues bien, la libertad de expresión limita con la memoria histórica.

¿Qué significa lo anterior? En vista de un vergonzoso legado de persecución ideológica, cuyos resultados son conocidos, no puede sino ser ofensivo emplear dichos o expresiones que reivindiquen incitaciones al odio, a la persecución y a la discriminación, sobre el prejuicio de un otro a quien se le acusa de romper un orden, motivo por el cual merece (por la sola proclama) ser despojado de sus libertades civiles, como si su propia disidencia dentro de un espacio público no importara (si fuera por eso, eliminemos todos los disensos por ser subversivos en sí mismos).

Un medio de comunicación no puede vender de forma tan leve, cual fuera una mera «interpretación sobre los fenómenos sociales», semejante amedrentamiento hacia una ideología. Contrariamente a lo indicado por el rector de la Universidad Diego Portales, no se trata de invocar «un derecho a un trato reverencial» hacia los anarquistas (o cuanto quiera agruparse tras tal denominación): detrás de los exhortos a la moderación editorial de Canal 13, existe un llamado a la no criminalización de una idea.

La mejor forma de «alimentar el debate público» es haciéndolo a partir de la reflexión en torno a nuestra memoria. No solamente deben provocarnos dolor las torturas y las muertes del pasado, sino también el germen del exterminio: las persecuciones ideológicas que siguen latentes hasta el día de hoy.

Estándar
En boca de muchos

La humillación del comunicado

Luego del atentado al centro comercial junto a la estación de metro Escuela Militar, empezaron a difundirse sucesivamente los comunicados de prensa de los diferentes partidos, grupos políticos y organizaciones manifestando su repudio al atentado.

Ya se está haciendo un hábito la profusa emisión de comunicados de prensa de repudio en cuanto ocurre algún hecho de violencia con presuntas bases ideológicas (casi siempre, de izquierda).

El problema no está en que una organización exprese su repudio. El problema está en el ambiente que conduce a ese comunicado: pareciera que hay movimientos (casi siempre, a organizaciones más allegadas a la izquierda) forzados por la fuerza de la opinión pública a emitir dicho repudio. Pareciera que el comunicado no busca informar el repudio, sino informar ante los medios de comunicación un desmentido. Como si el responsable del atentado estuviera ubicado entre quienes no publicaron su comunicado, mediante eliminación de sospechosos.

Como si no sonara lo suficientemente humillante, el comunicado debe emitirse lo más rápido posible, como si se tratara de un control preventivo de daños, para llegar primero a decir «lo repudiamos, ¡pero yo no fui!» La idea es no pagar el precio de quedar como apologistas por la idea de abstenerse de divulgar el repudio.

Para peor, el repudio debe ser expresado de forma simplona. Es imperativo decir «categórico rechazo», para no quedar entrampado en los matices. Porque el mensaje debe estar desprovisto de matices: lo más blanco posible, pues cualquier gris implica una mancha de negro.

En consecuencia, en momentos como estos, no se puede hablar de las razones de la violencia. Cualquier expresión contextual de la realidad cultural pasa a ser acusada ex ante de relativización del hecho sobre el cual se informa el repudio.

Y no pareciera cuestionarse por qué se ha naturalizado un discurso de repudio desprovisto de cualquier contextualización. No pareciera tenerse en cuenta que el repudio unívoco (como si todos los comunicados tuvieran que decir exactamente lo mismo) resulta totalitario.

Pareciera que discutir estos parámetros de repudio unívoco es una subversión (!), subversión que entorpece la comprensión del espacio público en el cual estamos. Y no. No es una subversión, sino denunciar una censura, pues las posibilidades del espacio público resultan ser más amplias que las de un simple «rechazo sin matices».

Simplificar hasta estos puntos la comunicación infantiliza a la ciudadanía.

Mientras más unívocos sean los planteamientos que fundamentan cada repudio, más se está avalando a una visión hegemónica y más se invisibilizan las complejidades detrás de una acción política controvertible.

En lugar de que los comunicados ofrezcan a los ciudadanos explicaciones de la realidad, ofrecen reduccionismos y caricaturas. Quienes están más a la izquierda, parecieran estar presionados por las fuerzas ubicadas más hacia la derecha, como si estas últimas estuvieran esperando cualquier posibilidad para acusar a sus contrapartes de ayudistas de un discurso violentista y terrorista.

Cada comunicado de repudio debe estar en la medida de las convicciones ideológicas de cada organización. Y los matices que cada organización proponga deben explicar a la ciudadanía por qué las cosas no son tan simples como parecieran ser. Y las contrapartes no deben usar estas explicaciones como una relativización de la violencia, sino como una fundamentación de las razones que nos conducen a la violencia. Las contrapartes, además, deberán evitar colaborar con la simplonería política, por lo cual les tocará abstenerse de calificar a estas explicaciones como apología de la violencia, pues eso no es más que una torcedura de la realidad convenientemente mañosa.

Es necesario que las expresiones de repudio incorporen mejores razones. Las ideologías no pueden sufrir la microagresión del prejuicio de la comunidad, alimentada por sectores más reaccionarios.

Estándar