Ideología

Una alternativa que son dos

Estas son dos preguntas de la encuesta Cadem Plaza Pública que se divulga semanalmente.

  • «En general, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con el proyecto de reforma tributaria?»
  • «En general, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con la reforma a la educación del gobierno?»

Las alternativas son «de acuerdo» y «en desacuerdo». No hay más.

Pero hay un problema. El desacuerdo puede provenir por dos razones diferentes: porque se está en desacuerdo con que exista una reforma o bien porque la reforma no es lo suficientemente exhaustiva. Y es grave, pues una encuesta de opinión pública (instrumento que debería medir sensaciones de la opinión pública) debería delimitar de forma más precisa las percepciones de la ciudadanía en torno a un tema.

El desacuerdo, así planteado, desconoce las dos oposiciones planteadas, mismas que son las dos oposiciones al gobierno de Michelle Bachelet. La omisión de la encuesta, sea deliberada o accidental, pareciera afirmar y reafirmar que el desacuerdo sólo estriba en la oposición a cualquier reforma. Además, existen partes interesadas que procurarán agrupar en los números del desacuerdo al interés derechista en cuanto a que no ojalá no existiera ninguna reforma. Y eso es falso. Y, además, engañoso, pues invisibiliza a quienes rechazan las reformas por no ser suficientes, a quienes no se sienten representados por la repentina moderación del gobierno.

El sondeo Cadem Plaza Pública debería revisar la formulación de las alternativas de estas preguntas si no quiere favorecer un sesgo ideológico.

 

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Luis Larraín Arroyo: una mentira y un error

Las dos siguientes citas corresponden a la columna de Luis Larraín Arroyo, publicada ayer sábado en El Mercurio.

LA MENTIRA

«La propaganda de izquierda, muy apoyada por la línea editorial de varios canales de televisión y por el discurso de políticos variopintos, instaló a las empresas privadas, especialmente a las grandes empresas, como los mayores abusadores».

El director ejecutivo de Libertad y Desarrollo, fundación conocida por contar entre sus figuras con la economista María Cecilia Cifuentes (¿decir que ella participa de LyD cuenta o no como falacia ad hominem a estas alturas?), expresa algo falso: que la propaganda de izquierda fue «apoyada por la línea editorial de varios canales de televisión». Difícil que lo anterior ocurra en Chile, país en donde el apoyo, editorial o más allá de lo editorial, se concede desde lo semejante. Parafraseando a Óscar Contardo en «Siútico», la propiedad no conoce, sino que reconoce; y reconoce entre los suyos.

Es difícil que los canales de televisión (incluyendo a TVN, tradicionalmente inhabilitado de abanderizarse por alguna parte dentro de una pugna) apoyen editorialmente a la propaganda de izquierda. Y, a la inversa, tampoco existen canales de televisión de izquierda que faciliten la difusión de propaganda de izquierda; ni siquiera canales de televisión de centroizquierda.

Quizá Larraín Arroyo haya confundido la forma como se puede disponer de los medios de comunicación. No es lo mismo (cuestión A) prescribir propaganda a partir de los criterios editoriales de los propietarios de un medio que (cuestión B) insertar propaganda penetrando la porosidad de los criterios editoriales, instalando una idea desde afuera. La cuestión A es apoyo editorial; la cuestión B es spin.

¿Qué es el spin? El spin es un contenido preparado por una parte interesada, la cual aprovecha las instancias de difusión dispuestas por los medios para influir en la opinión pública y cambiar pareceres (es decir, «dar vuelta»; de ahí su nombre) en torno a la visión preexistente de una materia de interés.

Si Larraín Arroyo considera que los canales de televisión apoyaron «las ideas de izquierda» (sic) por cuestiones editoriales, quizá sea porque él no tiene el concepto de spin insertado como una forma posible de comunicación y, en consecuencia, estima que sólo se puede comunicar a través desde la propiedad de un medio (!).

EL ERROR

«La pretensión de que la gente va a preferir la educación (…) estatal a la privada es ilusoria. La idea de que las personas renunciarán a la libertad de elegir (…) para adscribirse a una suerte de fábrica uniforme de conciencias que rechaza las diferencias no tiene sustento».

La razón de ser de la educación pública se fundamenta en acoger dentro de sí la diversidad de costumbres y de realidades que se albergan dentro de un Estado. Por lo mismo, considerarla una «fábrica uniforme de conciencias» es erróneo. Primero, porque no es su propósito; segundo, porque concebirla como tal es oponerla a un proyecto educativo unidimensional, como los propios de la educación privada.

La distorsión de Larraín Arroyo debe estar la disyuntiva de si la diversidad reside en las instituciones o en las personas. Él debe pensar lo primero. Pero no. La diversidad basada en las instituciones tenderá a crear proyectos educativos cerrados y diferenciados, con el objetivo de brindar aspectos de distinción a quien haya elegido una institución por sobre otras. Eso que llama «libertad», al final, constriñe a los apoderados y a los estudiantes a un deber ser propio de la identidad (principalmente cerrada) de la institución.

Mientras tanto, la diversidad basada en las personas a través de una educación preferentemente pública permite la expresión de las diferencias, en lugar del enclaustramiento de las mismas en entornos de semejantes. Esto nos conducirá a educar principios de civilidad y respeto hacia estilos de vida ajenos a los propios.

Si la educación es la expresión de la sociedad que procuramos forjar, no resulta coherente ni funcional inculcar respeto, tolerancia e inclusión desde entes diversos cuyos principios son excluyentes de otros y cuya exclusión es actualizada permanentemente, por cuanto el «otro» existe en un lugar (un establecimiento) ajeno al propio. Al estar ajeno, no se le conoce y se le entiende desde una visión sesgada y, eventualmente, caricaturizada.

Eso que Larraín Arroyo llama «la libertad de elegir» desplaza la diversidad de personas hacia la diversidad de proyectos educativos. El problema político (en el sentido de «polis») está atribuirles cualidades orgánicas a «los proyectos», cuando en la vida real no lo son, pues no piensan ni son soberanos de sí mismos; ni siquiera respiran ni tienen hambre. Lo anterior sólo lo pueden hacer las personas. Y la educación debe ser lo suficientemente abierta e inclusiva como para poder enseñarlo.

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Gasto focalizado y demolición de la comunidad

Gratuidad en la educación, según la dictadura cívico-militar

[Ministerio del Interior. Programa socioeconómico 1981-1989. Santiago, Chile. 1981]


Téngase presente cómo se inserta a través de estos programas políticos la noción de gasto focalizado, mediante el cual la persona se convierte en portadora de las ayudas del Estado, a través de la demolición de las instituciones que nos hacen iguales entre nosotros, sin importar cuánto tuviéramos.

Para ello, se levantó un falso dilema: ¿Para qué darles a otros que sí tienen si renta más darle a otro que no tiene?

Este falso dilema demolió una noción de comunidad.

Acá terminó el concepto de contraprestación por los impuestos, con su consiguiente daño colateral: desconfiar de los impuestos cuando se llega a cierto nivel socioeconómico. Porque es evidente. ¿Por qué quiero pagar impuestos por algo que no voy a necesitar y que puedo pagarme yo mismo? Si no recibo nada, no vale la pena. Y el Estado se redujo. Y se redujo su recaudación. Y se redujeron sus servicios.

De esta forma, empezó el desplazamiento y la profundización de la segregación chilena: cuando se eliminó el concepto de comunidad, cuando llegó el gasto focalizado.

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El más bajo de todos los recursos

Agradezco a Nicolás Pavez Kuncar, cuasi licenciado en ciencias jurídicas de la Universidad de Chile y excompañero de la generación 2004 en el Instituto Nacional, por su colaboración en este artículo. En rigor, este texto le pertenece más a él que a mí.

«El gran fin del Instituto es dar a la patria ciudadanos que la defiendan, la dirijan, la hagan florecer y le den honor».

La célebre frase de fray Camilo Henríquez se convirtió en el mito fundacional del Instituto Nacional. Estas veintitrés palabras expresadas en 1813 representan un orgullo para la memoria del establecimiento y son recordadas desde el primer momento que se pisan los fríos pasillos de Arturo Prat 33.

Sin embargo, el gran fin fue subvertido a través de un recurso de protección acogido en la Corte de Apelaciones por dos votos contra uno. En la resolución, se establece como primer término la abstención «de organizar o llamar a votaciones sobre tomas y paralizaciones de las actividades escolares como así también que se materialicen las mismas».

El mito institutano del «foco de luz», basado en el ejercicio de la ciudadanía, antecede al mito del «liceo de excelencia». El Instituto Nacional valida su fundación a través de la reflexión, no a través del exitismo en el cual se ha convertido: un vulgar gimnasio para entrenar el cerebro en función del número que otorguen las balanzas de las pruebas estandarizadas.

Analizar el proceso que derivó en el recurso de protección nos dice mucho de la ponderación que hacen algunos alumnos y sus apoderados de este mito fundacional.

De partida, el recurso fue presentado a partir de un tono desde el cual se considera la educación un bien de consumo, demandando un suministro permanente del insumo instructivo, reduciendo el legado fundacional al de mero prestador de servicios, como los distribuidos por cañería o por cableado; lo anterior, con el objetivo de que los chicos concentren un resultadismo académico a partir de la cantidad de horas que estos permanezcan sentados en un aula regurgitando conocimiento.

Los apoderados que favorecen al recurso pretenden tener el derecho de disponer de la institución en tanto que clientes de la misma, abordando el establecimiento como un símbolo de estatus, anestesiando las prácticas inherentes a su memoria histórica. Este recurso procura asegurarles a los recurrentes la ilusión y la garantía de la jactancia social de pertenecer al mejor establecimiento público del país, mejor en tanto que resultados; resultados separados, a su vez, del espíritu republicano de la discusión y la deliberación política. Dicho en vulgar, le reclaman al Instituto Nacional las mismas cualidades estéticas esperadas del común de las escuelas subvencionadas: la arbitrariedad discrecional de un director, la verticalidad y la censura, todo justificado cínicamente con el término «disciplina».

Resulta violento confinar el espíritu republicano del Instituto a las cualidades de «disciplina» anteriormente descritas, pues devalúan otras facetas formativas de la educación igualmente relevantes, más cercanas a la formación ciudadana, el «dar a la patria ciudadanos». Y es que los derechos alegados, la forma de presentación, el hecho mismo de recurrir a la Corte denotan este grave descenso en la comprensión del valor del Instituto.

Partamos de la base que, en principio, se invocó previamente a la presentación del recurso la existencia de una violación al derecho a la integridad psíquica, por causa del matonaje escolar que sufrirían los detractores de la toma; aparte de violaciones al derecho a la educación, la libertad de enseñanza y, encima, el derecho de propiedad sobre la educación misma.

Puede que hayan existido problemas con la toma. Puede que haya existido una real ausencia de diálogo que haya hecho imposible una salida política aceptable. Sin embargo, ¿constituye ello argumento suficiente para la invocación pura a la autoridad? A diferencia de lo que sucede con los servicios públicos, la educación constituye un proceso asociado a una comunidad educativa, a la consecución de proyectos y metas comunes, y en último término, al bienestar social, por lo que la apelación a un tercero externo, en vez de recomponer el ambiente, lo destruye irreparablemente, puesto que se asocia a una decisión que constituye pura fuerza.

Para peor, se emplea la fuerza para triunfar de mala manera, en vista de que el grupo recurrente no pudo lograr las mayorías suficientes en el establecimiento para que sus puntos de vista hubieran tenido legitimidad a nivel interno. Sin ir más lejos, el recurso presentado por Francisco Elgueta (en representación de su pupilo y de sus compañeros objetores del discurrir de la deliberación institucional) considera las cuestiones intrínsecas de su minoría dentro del establecimiento como «flagrante vulneración de los derechos de casi la mitad de los estudiantes» (recurso, p. 4). Lo anterior nos lleva a plantear esta inquietud: ¿Acaso para Elgueta y los recurridos la cuestión dejaría de ser una flagrante vulneración si sus posturas ideológicas representaran a más de la mitad de los estudiantes del establecimiento?

Es problemática la voluntad detrás del recurso, ya que estos jóvenes no quieren una solución del verdadero conflicto interno (del cual surgen las expresiones de protesta), sino una que simplemente se avenga con sus intereses particulares. Pese a que, como se dijo anteriormente, el propósito del exitismo institutano es mucho muy posterior a su razón fundacional que tiene que ver más con cuestiones de civilidad.

Lo peor es que el fallo, en vez de asumir que el ejercicio de Elgueta y sus representados consiste en una demostración de fuerza pura contra la deliberación, lo defiende. Y lo defiende incluso por sobre los elementos necesarios del recurso de protección.

TRES ERRORES LEGALES

El fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago adolece de una serie de errores en torno a la comprensión del problema mismo. Los tres puntos centrales en los que el tribunal de alzada yerra se refieren a conceptos elementales del recurso de protección y muestran cómo se ha consolidado una especie de regreso a la década de 1980 en lo que respecta a este medio de emergencia.

El primer punto se refiere a un aspecto técnico, ya que la acción ilegal o arbitraria (es decir, la toma) había cesado antes de la vista de la causa. La jurisprudencia unánime de todas las Cortes entendían que ello implicaba que el recurso perdía oportunidad y desde luego, lo rechazaban. Nuevamente, justo en este caso, la Corte cambia de criterio y entiende que existe un peligro de nuevas tomas por lo que procede a acoger el recurso por una mera corazonada, sin antecedente alguno que justifique este temor, que no aparece demostrado más que a través de un «hecho público y notorio» que escasamente tiene calidad de tal.

El segundo punto, bastante grave, es que se procedió a acoger un recurso de protección sin siquiera hacer alusión o mención de cuáles derechos constitucionales habrían sido privados, perturbados o amenazados por las acciones que se denunciaron. Para que se tenga una referencia, este medio procede únicamente en el caso en que se haya vulnerado un derecho garantizado (básicamente, la Constitución no permite que cualquier derecho fundamental sea base de un recurso y los reduce a un catálogo, precisamente para evitar discusiones de política pública en tribunales). No es por ningún motivo un recurso para todo propósito, por lo cual el trabajo del recurrente es precisamente establecer que ha existido una violación a ese derecho y el recurso se rechaza si no se logra probar este punto.

El fallo no le dedicó ningún considerando a esta situación. En el caso, se alegaron derechos que no tenían protección. No se aplicaron a los casos establecidos en la Constitución o derechamente se torcieron para hacerlos entrar en el recurso: en concordancia con la idea de que la educación es un bien (de consumo), los recurrentes alegaron que había propiedad sobre la educación, como si el aspecto inmaterial de la formación de una persona pudiere ser adquirido en el mercado. Y la Corte, lejos de razonar acerca de esos puntos que son esenciales para el análisis de los recursos, sencillamente los omitió.

El tercer punto, igual de grave que el anterior, es que todo el fundamento del recurso descansa sobre la base de la ilegalidad de las tomas, sin analizar adecuadamente el real problema puesto de relieve a través del recurso: si acaso puede la Corte de Apelaciones intervenir directamente en un conflicto entre particulares acerca de decisiones que son estrictamente políticas.

Los razonamientos de la resolución descansan en pronunciamientos de la época de la dictadura cívico-militar, sin analizarlos ni ponderarlos adecuadamente en su contexto histórico. Resulta evidente para cualquier chileno con algún grado de memoria histórica de las últimas cuatro décadas que los fallos sobre paros, tomas, huelgas de hambre y demás acciones contra el régimen de terror que imperaba en Chile por la década de 1980 estaban políticamente motivados y que, tras largos 24 años de democracia, es imposible tomarlos como auténticas fuentes de derecho en lo que respecta a sus razonamientos.

Lo peor del caso es que el voto disidente, en vez de poner de relieve estos problemas, opta por el camino corto que ha adoptado la Corte de Apelaciones de Santiago para resolver los recursos de protección: ocurra ante la vía ordinaria que corresponda. Esto, que probablemente se debe a que los ingresos por protección han sido copados por los temas de isapres, es sencillamente un regreso inaceptable a la doctrina que dominó los recursos de protección en dictadura. La Corte debe entender que el real sentido de la protección está en ofrecer una solución rápida a problemas relacionados con derechos constitucionales, no en servir de buzón para problemas que debieran ser resueltos por una superintendencia.

EL MÁS BAJO DE TODOS LOS RECURSOS

Todo este proceso ha resultado una cuestión vergonzosa y dolorosa.

A través de un recurso de protección convenientemente presentado, aprovechando la oportunidad y los integrantes de la sala de la Corte, se ha procurado clausurar formas históricas de deliberación, basadas en el propósito fundacional del Instituto Nacional, mismas que han procurado ser el modelo ideal de reflexión y discusión que se espera al interior de cualquier escuela pública, en cuyo seno debería estar acogida la integración y la cohesión social de un país.

Estos recursos se presentan porque existen apoderados y alumnos acusando menoscabo en cuanto a estar impedidos de lograr las mayorías que han habilitado las protestas, marchas, paros y tomas de los últimos años. En lugar de participar dentro de los márgenes de la discusión habilitada al interior del establecimiento, tratando de perseguir la búsqueda de mayorías a través de la persuasión (como se hace en la política noble), deciden cercenar las posibilidades que existen dentro del derecho a deliberar y a manifestarse contra cuanta cuestión consideren injusta, jugando a ser los perros del hortelano.

Este aprovechamiento de la oportunidad para imponer un criterio ideológico está bien lejos de ser el medio neutro que se pretende a través de una acción judicial. Muy por el contrario, resulta ser precisamente el medio adecuado para una imposición sin discusión. Dicho de otro modo, la deliberación resulta una amenaza a la noción totalitaria de «estabilidad» que pareciera alinear a los recurrentes, por lo cual decide expulsarse la formación ciudadana de su tradicional lugar en la educación. (Algo a lo cual los mismos recurrentes pudieron acogerse eventualmente si en algo se sintieran perjudicados.)

A través de una resolución de la Corte de Apelaciones, la frase fundacional de fray Camilo fue expropiada. Deberíamos sentir vergüenza.

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Carlos Peña: ideología y procedimiento

«En otras palabras, frente a los resultados que muestran las encuestas respecto de la educación, el Gobierno razona como lo haría la Iglesia frente a los resultados respecto del aborto».

En su columna dominical, Carlos Peña emplea los resultados de la encuesta del Centro de Estudios Públicos para empatar las percepciones de la gente en torno al aborto y sobre el rol del Estado en la educación.

El problema es que entre ambos puntos no hay comparación ni empate: mientras la iglesia católica es portadora de una ideología, el Estado debe garantizar procedimientos. El aborto es materia de salud sanidad pública (hola, Estado) y la regulación educacional es cuestión de política pública (hola, Estado, nuevamente; gusto de verlo).

Por cierto, el gobierno (por completo) y el Poder Legislativo (según la distribución de escaños de la legislatura) concurren a una ideología determinada. Sin embargo, están abocados al desarrollo de políticas públicas que deben cumplir ciertos estándares de legitimidad y de normatividad en torno a compromisos previamente suscritos, por ejemplo, los Derechos Humanos.

Estos estándares son procedimentales. Garantizar el aborto tiene que ver con razones procedimentales tanto de salud sanidad pública como de resguardo del derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, con lo cual las objeciones de conciencia se confinan al ámbito de lo privado (si usted no quiere abortar, no aborte, pero deje a otros hacerlo).

De la misma forma, la existencia de la educación pública es una cuestión procedimental y garantizar su ejercicio sin presiones ni (permítanme el concepto) competencia desleal no es una cuestión ideológica, sino una forma de asegurar el derecho de los ciudadanos de un país a acceder a un elemento que garantice cohesión social e intercambio de valores y principios entre quienes forman parte de las aulas.

El gobierno, en su rol de administrador del Estado, está reivindicando un mejor rol para la educación pública redefiniendo el statu quo, basado en la segregación entre vecinos y clases sociales que se define a partir de la escuela elegida por las familias de los estudiantes. Esto ocasiona un problema cívico (sí, cívico) que debe ser combatido por el Estado, porque –de otra forma– estaríamos profundizando a través de la escuela una faceta de lo peor de lo nuestro: nuestra versión del apartheid.

En consecuencia, las expresiones del rector de la Universidad Diego Portales son equívocas en tanto que ponderan la educación pública como una moral y una ideología, a partir de quienes la proclaman en su discurso público. Sin embargo, Peña pasa de largo del hecho que esta proclama es un instrumento político para un fin cívico, lo cual hace de esta discusión algo muy distinto de lo que efectúa la iglesia católica al fustigar el aborto.

Lo de Carlos Peña es un error basado en su distinción caprichosa entre ideología y procedimiento.

Nota: El cuasi licenciado en ciencias jurídicas (y excompañero de liceo) Nicolás Pavez me ha hecho la precisión conceptual entre «salud pública» y «sanidad pública».

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Ideología

Cecilia Morel y la educación

Estos son fragmentos de una entrevista dada por la ex primera dama Cecilia Morel a la revista Caras en su última edición.

UNO

«Los grandes avances del país han ocurrido cuando estamos unidos. Después de la Guerra del Pacífico, tuvimos una tremenda oportunidad con la explotación de minerales en el norte y, sin embargo, antes de diez años, estábamos en una guerra civil».

Es preocupante que Cecilia Morel celebre la existencia de una cohesión nacional por motivo de una guerra contra un enemigo exterior. De partida, en ocasión de guerra, el enemigo exterior se convierte en algo más importante que las coyunturas internas de un país, por cuanto agota la lista de prioridades y la propaganda se orienta en torno al propósito de renunciar (transitoria o permanentemente) a las miserias locales.

Lo anterior, sin contar que «estar unidos» es sólo una forma enmascarada de clausurar el debate en torno a una visión única, preferentemente guardiana de un conservadurismo o una hegemonía preexistente.

DOS

«Todos queremos mejorar la educación, que al país le vaya bien, pero para eso se necesita un camino, una visión».

En primeras, Morel vuelve a tocar la tecla del punto anterior: la unidad, el camino único, clausuran el debate reservándolo este arrimado a la sombra alguna expresión hegemónica, con desdén hacia otras posibilidades ideológicas y con desdén, además, hacia la representatividad potencial o actual de esas mismas posibilidades.

Esto resulta preocupante, pues en caso de que las otras posibilidades tengan mayor representatividad (a través del Poder Ejecutivo o el Legislativo) que la hegemonía preexistente, las otras posibilidades quedarían interdictas de efectuar cualquier reformismo, independientemente del mandato electoral que se les haya conferido.

Validar esta perspectiva implica avalar formas fraudulentas de sobrepasar y, eventualmente, traicionar la soberanía popular.

En segundas, las condiciones de enunciación de la frase «(queremos) que al país le vaya bien» se basan en emisores más proclives a una ideología de derecha. No es extraño, pues Cecilia Morel es efectivamente una persona de derecha. (¡Oh, Capitán Obvio!)

Establecer una observación con este enunciado tiene que ver con la intención con la cual este se emite. Por lo general, «queremos que al país le vaya bien» porta consigo consignas que priorizan el crecimiento de la economía por sobre políticas redistributivas. De hecho, esta concepción ideológica está acompañada por la asunción de que «no hay mejor política social para un país que el crecimiento económico», un aserto que ha sido expresado –matices más, matices menos– por figuras como Pablo Longueira («la mejor política social es el empleo para la gente. La gente lo que quiere es trabajo y eso es lo que les va a dar [Joaquín] Lavín cuando sea presidente»; Longueira, 2003) o Patricia Matte («el crecimiento económico constituye la política de la superación de la pobreza más importante»; Matte, 1994, p. 92).

TRES: Pregunta de la entrevistadora, Paula Palacios

«Están en plena negociación de la reforma. ¿Primará la postura ideológica o llegarán a consenso?»

Esta pregunta pone en evidencia que las expresiones controvertibles no necesariamente pueden provenir del entrevistado, sino que también de quien entrevista.

La periodista participa consciente o inconscientemente de la dialéctica de Morel, acusando la existencia de una «postura ideológica». Definir al otro como «ideologizado» consiste en una oposición peyorativa hacia una postura más allegada a un «sentido común» inocente y naturalizado.

El primer error está en esta separación entre «sentido común» e «ideología», ya que comete la barsedad de desconocer que los principios tenidos por obvios y naturales son también una ideología, encima conservadora en tanto que «naturalizada» por una cultura, parafraseando a Gilles Lipovetsky.

El segundo error está en la negación del otro, descalificado ex ante de la deliberación política institucional bajo la falacia de estar «ideologizado», como si el supuesto «ideologizado» no pudiera llevar a cabo sus propósitos aun cuando tuviera la legitimidad emanada de un resultado electoral de una elección general, tal como se indica en la primera parte del punto dos, a partir del dicho de Morel.

El tercer error está en la definición del «consenso», teniendo en consideración los supuestos anteriores. Si la contraparte está interdicta de ejercer su poder (mayor o menor, según su distribución legislativa y/o ejecutiva) y si no existe otra postura más allá que la del sentido común, el único consenso existente provendría de una visión que desconoce a las otras que le controvierten, es decir, sería un consenso totalitario, una «retroexcavadora» de tintes matonescos.

CUATRO

«Si la educación pública fuera de calidad como en otros países, con autonomía de los directores para crear un proyecto educativo, no necesitaríamos educación privada».

De partida, llama la atención que Cecilia Morel proponga «la autonomía de los directores para crear un proyecto educativo» como garantía de su argumentación. ¿Acaso la autonomía para delinear un proyecto educativo es condición sine qua non para lograr educación de calidad? ¿Acaso dicha autonomía opera cual Rey Midas, volviendo dorada la educación? Esta supuesta garantía es controvertible en tanto que irrelevante.

Eliminada la garantía, la frase nos queda así: «Si la educación pública fuera de calidad como en otros países, no necesitaríamos educación privada».

En lugar de ir a «otros países», quedémonos con la realidad local. ¿Por qué existe en Chile una opción masiva hacia la educación privada o la educación subvencionada? Hasta la fecha, hemos necesitado la educación privada como hemos necesitado una forma de separarnos de nuestros vecinos y de otras clases sociales, a partir del poder adquisitivo y del capital cultural, delimitando márgenes de referencia. A través de las posibilidades que les otorga el mercado educacional, los padres tienen la libertad de elegir aspectos relevantes como infraestructura y el tipo de apoderado con el cual quieren relacionarse en las reuniones. La calidad, en consecuencia, pasa a cumplir un papel secundario en la toma de decisiones de los padres, quienes detentan actualmente el derecho de elegir la educación de sus hijos.

Si las educaciones privada y subvencionada se eligen principalmente por diferenciación más que por calidad, la expresión de Morel cae en el non sequitur, es decir, la preferencia por «la educación privada» no es concurrente con la «educación pública de calidad de otros países», a menos que para la esposa de Sebastián Piñera el significante (es decir, la imagen acústica con la cual asociamos una palabra o grupo de palabras) de este último término cumpla con alguna de las variables estéticas que orientan la elección preferente de los padres hacia las educaciones privada y subvencionada.

CINCO

«Si bien la integración es súper importante, no se solucionará con esta reforma (educacional) porque, lamentablemente, tenemos un problema de segregación geográfica, de barrios».

El enunciado de la ex primera dama se puede invertir, partiendo por el planteamiento que ella hace de un problema, el de la segregación. El problema de la segregación, como cualquier otro, precisa de soluciones. De hecho, ella misma afirma que «la integración es súper importante». Entonces, se puede plantear sin pervertir el espíritu de las palabras de Cecilia Morel que la segregación se termina con integración.

Si la segregación se termina con integración, para acabar con lo primero hay que profundizar lo segundo.

Si, recurriendo a la objeción propuesta en el punto cuatro, las educaciones privada y subvencionada se eligen principalmente para diferenciarse (ergo, segregarse) de un otro desde lo híperlocal hacia lo general, precisamente esa elección resulta la causa que la política pública oficial busca combatir. Dicho de otro modo, la solución al problema que ella enuncia en este punto pasa por que tome conciencia de los alcances ideológicos y culturales de la frase que se cita en el punto cuatro.

Sorprendentemente, a través de sus esperanzas y su diagnóstico, Cecilia Morel se tropieza con el discurso del adversario. Si logra decantar estas contradicciones, es posible que en su discurso personal surja una curiosa disyuntiva.

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